La organización defensora del derecho a la vivienda denuncia que las administraciones carecen de recursos de emergencia para proteger a seis menores.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS
La abogada de Derecho al Techo, Isabel Saavedra, relató en Buenos Días a las 8, programa dirigido por Dulce María Facundo, la gravedad del desahucio que podría ejecutarse este miércoles en Ingenio contra una familia con seis menores. Considera que la ausencia total de una alternativa habitacional convierte el caso en un ejemplo de desprotección institucional. La jurista afirmó que la reprogramación del lanzamiento tras la suspensión por alerta meteorológica se produjo con una rapidez que dejó a la defensa sin margen para garantizar una solución habitacional mínimamente aceptable.
▪️ Conoce la historia: Familia de Ingenio afronta desahucio en plena crisis habitacional
Falta de recursos
Saavedra explicó que el acuerdo entre el Ayuntamiento de Ingenio y Visocan para adjudicar una vivienda a la familia no podrá hacerse efectivo de inmediato, ya que el trámite administrativo requiere más de dos meses. Subrayó que la necesidad es urgente y recordó que la vivienda debe llegar «el miércoles, no dentro de dos meses». Añadió que la falta de mecanismos ágiles evidencia una estructura administrativa incapaz de atender emergencias habitacionales.
Durante la entrevista insistió en que en Gran Canaria no hay «ni una sola vivienda de emergencia» disponible por parte de las administraciones. Considera incomprensible que ninguna institución cuente con un recurso temporal que permita alojar a familias vulnerables mientras se completan los trámites oficiales.
Procedimiento opaco
Saavedra señaló que la familia no recibió información clara sobre la ejecución hipotecaria ni sobre la subasta del inmueble. Opinó que no se puede exigir a la ciudadanía conocimientos jurídicos que las administraciones no facilitan y defendió la creación de oficinas de mediación accesibles. Recordó que la vivienda pertenece a un fondo buitre y cuestionó que el juzgado actúe con tanta rapidez «premiando» a la entidad mientras deja a menores sin una alternativa real.
La abogada explicó que ha vuelto a presentar el informe de vulnerabilidad y ha solicitado un nuevo aplazamiento. Recalcó que la legislación, la jurisprudencia y los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contemplan que un desahucio no debe ejecutarse cuando hay menores en situación vulnerable y no existe solución habitacional disponible.
En su mensaje final, Saavedra advirtió que la situación es «extremadamente grave» y remarcó que el lanzamiento aún podría evitarse si las administraciones actúan con coordinación y rapidez. Llamó a la sociedad canaria a comprender el impacto humano de un desahucio que afecta de forma directa a la infancia.
Cultura
En directo