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Actualizado: Viernes, 21 de Noviembre de 2025
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística insiste en que la norma vulnera el uso residencial y confía en que el Tribunal Supremo anule sus puntos más restrictivos.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS
Maribe Doreste, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), profundizó en Escándalo, programa dirigido por Marga de la Cueva en Radio Las Palmas, en las consecuencias jurídicas y sociales derivadas de la Ley de Vivienda Vacacional (descarga) aprobada por el Gobierno de Canarias. La intervención permitió actualizar el estado del conflicto desde su última participación en octubre, especialmente tras conocerse la admisión de dos recursos de casación por parte del Tribunal Supremo, que abre un escenario decisivo para miles de propietarios en zonas turísticas.
Restricciones en zonas turísticas
La PALT sostiene que la ley, presentada como una herramienta para proteger la vivienda y a los residentes, termina generando el efecto contrario. Según Doreste, la norma prohíbe el alquiler vacacional precisamente en los municipios turísticos, donde históricamente ha convivido el uso residencial con la explotación alojativa. Esta prohibición, recuerda, contraviene la doctrina del Tribunal Supremo de 2018, que ya consideraba injustificada la limitación de esta actividad en áreas donde se desarrolla el turismo.
«La ley ha venido únicamente a impedir el uso de los apartamentos en las zonas donde precisamente se ha desarrollado siempre el turismo.»
La portavoz subrayó que la medida deja en una situación de incertidumbre a propietarios que compraron sus inmuebles como viviendas y que ahora ven cuestionado su derecho de uso. De acuerdo con su planteamiento, la ley ha sido diseñada para favorecer a grandes operadores turísticos en detrimento del pequeño propietario.
El factor jurídico
La noticia que marca el giro del conflicto es la admisión, por parte del Tribunal Supremo, de dos recursos de casación contra la ley canaria. Esto implica que el alto tribunal ha detectado motivos suficientes para estudiar si la norma vulnera el acceso al mercado y restringe derechos sin base legal sólida. Para la PALT, una sentencia favorable podría dejar sin efecto las restricciones aplicadas en la mayoría de municipios turísticos y reformular por completo la aplicación de la ley.
«Unidad alojativa» frente a «vivienda»
Otro de los puntos clave es el cambio conceptual impulsado por la Administración: considerar que apartamentos y bungalows situados en zonas turísticas no son viviendas, sino unidades alojativas sujetas a un régimen de explotación. La PALT denuncia que esta reinterpretación contradice tanto las escrituras como la tradición registral y la normativa estatal que define desde hace décadas qué es un establecimiento turístico.
«Mi casa es mi casa y no da alojamiento a nadie. No soy un establecimiento turístico ni lo he sido nunca.»
Doreste insistió en que los propietarios no forman parte de dichos establecimientos porque no ofrecen alojamiento por precio ni de manera habitual. Su advertencia es clara: aceptar esta clasificación supone renunciar al derecho a un uso residencial que siempre ha existido.
Inseguridad y sentencias favorables
La portavoz destacó también que varios propietarios han logrado sentencias favorables frente a multas impuestas bajo la nueva interpretación administrativa. Los jueces han reconocido que el suelo no es exclusivamente turístico y que no existe impedimento legal para mantener el uso residencial en complejos donde históricamente han coexistido ambas actividades. Sin embargo, Doreste advirtió de que la inseguridad jurídica persiste, sobre todo para quienes cedieron sus propiedades a explotadores turísticos mediante contratos difíciles de revertir.
La portavoz concluyó que la resolución del Tribunal Supremo marcará un antes y un después para miles de familias afectadas por la Ley de Vivienda Vacacional. Mientras el debate jurídico avanza, la PALT continuará defendiendo la coexistencia entre uso turístico y residencial, al tiempo que mantiene abiertas vías de trabajo en el ámbito europeo y agradece el apoyo recibido de diversos grupos políticos y municipios turísticos. El conflicto, lejos de cerrarse, entra ahora en una fase final que puede redefinir el futuro de la vivienda en las zonas turísticas de Canarias.
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