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Actualizado: Domingo, 07 de Septiembre de 2025
El jurista encabeza una denuncia respaldada por 26 organizaciones y 250 ciudadanos contra el líder de Vox por incitar a hundir el Open Arms.
El abogado penalista y analista en geopolítica José Manuel Rivero Pérez fue entrevistado en el programa La Nota Discordante, que dirige Antonio Melián en Radio Las Palmas. Rivero, representante de 26 organizaciones y más de 250 ciudadanos, explicó los fundamentos de la denuncia presentada en la Fiscalía contra Santiago Abascal tras sus declaraciones en la red social X instando a “confiscar y hundir” el buque de la ONG Open Arms, dedicado al rescate de migrantes en aguas atlánticas.
De izquierda a derecha, el entrevistado José Manuel Rivero, los colaboradores Adolfo Padrón y Mari Ángeles Sánchez, una acompañante y el director del programa, Antonio Melián. Ausente en la imagen, pero presente con su voz, la colaboradora Dori.
La denuncia
¿Por qué decidieron llevar a la Fiscalía las declaraciones de Santiago Abascal?
Porque entendimos que sus palabras no podían quedar impunes. Hablar de confiscar y hundir un barco de rescate es incitar al odio, a la violencia y a la deshumanización de personas que huyen de la guerra o del hambre. Ante la pasividad del Ministerio Fiscal, 26 organizaciones y más de 250 ciudadanos decidimos adherirnos a esta denuncia para exigir responsabilidades legales.
¿Qué delitos se le atribuyen en la denuncia?
Planteamos cuatro posibles tipos penales: delito de odio, provocación e incitación pública a cometer delitos graves, inducción a la piratería y crímenes de lesa humanidad. En todos los casos hablamos de figuras recogidas en el Código Penal, en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. No es una exageración, es una calificación jurídica seria.
¿Qué esperan ahora de la Fiscalía y del Tribunal Supremo?
La denuncia se presentó en la Fiscalía Superior de Canarias, pero va dirigida al Fiscal General del Estado, porque Abascal es diputado y aforado. Corresponde al Supremo, en su caso, tramitar el suplicatorio. Lo que esperamos es que se investigue con rigor y que se deje claro que la libertad de expresión no puede amparar llamamientos a la violencia ni a violar el derecho internacional.
Contexto migratorio
¿Por qué relaciona estas declaraciones con la crisis migratoria en Canarias?
Porque en 2024 fallecieron más de 10.500 personas en la ruta atlántica. Hablamos de un auténtico drama humano. Canarias se ha convertido en la puerta de Europa para miles de personas que huyen de contextos bélicos y de miseria. En ese marco, criminalizar a quienes salvan vidas en el mar es gravísimo. El mensaje de Abascal apunta a impedir rescates y, en definitiva, a dejar morir a la gente.
¿Cómo valora la labor de Open Arms en el Atlántico?
Es una labor imprescindible. Han pasado del Mediterráneo al Atlántico porque la magnitud de la tragedia lo exige. Los medios públicos de salvamento no alcanzan para responder a la dimensión de esta crisis. Su presencia es un salvavidas para centenares de personas que de otra manera perecerían. Atacarlos con insultos o amenazas es un intento de deslegitimar su tarea humanitaria.
¿Se está intentando “normalizar” un discurso contra la inmigración?
Sin duda. Llamar “barco negrero” al Open Arms es un ejemplo de manipulación racista. El discurso busca instalar en la sociedad la idea de que ayudar a migrantes es un delito. En paralelo, asistimos a ataques a centros de menores y a sedes políticas. Son síntomas de que el odio se quiere convertir en algo cotidiano, y es precisamente lo que la democracia no puede permitir.
Justicia y política
¿Por qué critica la pasividad de la Fiscalía en este caso?
Porque una institución que debería actuar de oficio ante proclamas tan graves no lo hace. Eso transmite la sensación de que estas conductas son tolerables. La justicia no puede mirar hacia otro lado. Si se aplica la ley con dureza a los más débiles, debe aplicarse también a quienes desde posiciones de poder lanzan mensajes que ponen vidas en riesgo.
¿Cree que la judicatura española está condicionada políticamente?
Sí. Hay un sesgo evidente en las altas instancias judiciales, con una cúpula muy alineada con los postulados de la derecha. Lo vemos en la oposición abierta a leyes aprobadas democráticamente o en la falta de sanción a jueces que se manifiestan con toga. Por eso insistimos en la necesidad de democratizar la judicatura y garantizar que no sea un espacio cerrado y endogámico.
¿Qué diferencia hay entre la libertad de expresión y lo que dijo Abascal?
La libertad de expresión tiene límites. Puede amparar la crítica, incluso dura, pero no permite incitar a la violencia ni a la comisión de delitos. Decir que hay que hundir un barco de rescate no es una opinión, es una proposición para delinquir. Y así lo contempla nuestro Código Penal y el derecho internacional. Quien ocupa un escaño parlamentario debe saberlo mejor que nadie.
Mirada al futuro
¿Qué mensaje quiere trasladar a la ciudadanía tras esta denuncia?
Que no podemos acostumbrarnos al odio. Canarias, por su Estatuto de Autonomía, es territorio de paz, de solidaridad y de cooperación. Este debe ser nuestro sello, no la barbarie. La denuncia no es solo un acto jurídico, es un acto de dignidad colectiva. Decimos basta a quienes quieren imponer el miedo y defendemos que salvar vidas en el mar nunca puede ser criminalizado.
La entrevista con José Manuel Rivero muestra como el caso contra Abascal trasciende el terreno jurídico: es también una llamada de alerta ante el avance de discursos de odio en España y, en particular, en Canarias, convertida en primera línea de la crisis migratoria. La denuncia presentada en la Fiscalía busca marcar un límite y recordar que la democracia no puede ceder ante quienes utilizan la palabra para instigar violencia contra los más vulnerables.
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