La comunidad educativa rechaza la "sugerencia" de la Fiscalía de instalar cámaras en las aulas

La comunidad educativa ha rechazado de forma unánime la posibilidad de instalar cámaras en las aulas para luchar contra los abusos sexuales a menores al calificar la medida de “gran hermano permanente, intrusismo o ineficaz y contraria a las libertades”.

En la memoria del año 2018, presentada el lunes, la Fiscalía subraya la dificultad de perseguir delitos de abusos sexuales en los que las víctimas son menores de edad por producirse en entornos de estricta intimidad y llevar aparejados un componente de vergüenza por parte de la víctima.

En ese contexto, menciona que lo “delicado” de los entornos en los que se producen esos hechos “podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas)”.

Para la Fiscacía, Se trata, de acuerdo con la misma fuente, de la descripción de un problema y la sugerencia de introducir alguna medida de control “de forma general”, siempre ajustada a la legalidad, en la que la instalación de cámaras no es más que un ejemplo.

Para la ministra de Educación, Isabel Celaá, la instalación de estás cámaras sería “terrible”, aunque, en declaraciones a Onda Cero,detalló que a pesar de que en principio no le gusta, todas las ideas son susceptibles de debatirse.

Por su lado, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, opinó que “meter cámaras en todos los colegios de manera discriminada no es la solución” y se mostró partidario del “desarrollo de la convivencia”.

No obstante, puntualizó que si la Fiscalía “tiene criterios para saber que en algún caso conviene, habrá que reconsiderarlo”, pero insistió en que “no es un enfoque educativamente adecuado para dar solución a un problema que preocupa a todos”.