Escúchanos: 97.3 FM
Escuchar en directo
Actualizado: Miércoles, 10 de Septiembre de 2025
Su presidenta, Maribe Doreste, advierte que podrían llegar 19.000 recursos judiciales si no se archivan los expedientes sancionadores.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS
La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribe Doreste, y el portavoz Manolo Batista intervinieron en el programa Escándalo de Radio Las Palmas, dirigido por Marga de la Cueva, donde denunciaron la continuidad de sanciones a pequeños propietarios pese a que una sentencia judicial ya reconoció la legalidad del uso residencial en apartamentos y bungalows. Los representantes de la PALT alertaron de que, si el Gobierno de Canarias no archiva los procedimientos sancionadores, el conflicto podría derivar en 19.000 recursos contencioso-administrativos.
Sentencia desoída
Doreste recordó el caso de una vecina cuya sanción fue anulada por los tribunales al constatar que el suelo no estaba especializado en uso turístico ni existía obligación de destinar los inmuebles únicamente a la explotación alojativa. Pese a este precedente, la Consejería de Turismo continuó firmando expedientes en agosto y septiembre. “Multan a familias por abrir la puerta de su casa y usar lo que es suyo”, señaló la presidenta de la plataforma.
En este sentido, acusó al departamento autonómico de tergiversar su mensaje en los medios al afirmar que las multas habían quedado suspendidas. “Lo que dicen y lo que hacen son cosas muy diferentes. El ciudadano no está en el centro de la política turística, sino los explotadores”, criticó.
Un modelo en cuestión
Batista añadió que la situación refleja un modelo económico injusto. Recordó que el turismo dejó en Canarias 22.350 millones de euros en 2024, un 14,24% más que en el ejercicio anterior, mientras la tasa de pobreza infantil alcanza el 35%. “La vivienda vacacional tributa tres o cuatro veces más que la explotación turística, pero la riqueza se escapa fuera de las islas”, denunció.
El portavoz cuestionó además la actitud de la Consejería tras la sentencia favorable a los afectados, al afirmar que la magistrada se había equivocado. “Es un comportamiento de mal perdedor, impropio de una institución”, apuntó.
Inseguridad jurídica
Los representantes de la PALT insistieron en que los propietarios adquirieron sus viviendas con escrituras de uso residencial, pero ahora son reetiquetadas como “unidades alojativas”. Denunciaron la arbitrariedad en la aplicación de sanciones, más frecuentes en complejos donde no existe explotador turístico, llegando incluso a obligar a los vecinos a buscar uno en el plazo de un año.
Doreste recalcó que los derechos de propiedad “no pueden depender de que una mayoría en un complejo decida ceder a una explotación turística”. Según dijo, el modelo genera un “engaño” que somete a pequeños ahorradores mientras ignora incumplimientos cometidos por grandes operadores.
Consecuencias sociales
El debate derivó también en los efectos del turismo masivo sobre la sociedad canaria. Batista afirmó que este modelo provoca “desplazamiento de residentes, desigualdad, saqueo de recursos naturales y crisis energética”. Doreste añadió que incluso decisiones sobre salud pública, como la prohibición de fumar en terrazas, se subordinan a no incomodar a los turistas.
Ambos portavoces subrayaron que su lucha no se opone al turismo, sino a la aplicación injusta de normas que, a su juicio, expulsan a los residentes de sus propias casas. “No es un fraude, es justicia”, concluyó Doreste.
Publicidad
Publicidad
Cultura
En directo
