«El Cabildo ha cometido una ilegalidad con el transfer del taxi»

El portavoz de ASPROTAC, Gorki Bethencourt, asegura que la polémica sobre la supuesta picaresca en el aeropuerto intenta desviar la atención del conflicto judicial abierto por las restricciones al servicio.

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Por Redacción | RADIO LAS PALMAS

El portavoz de la asociación profesional del taxi ASPROTAC, Gorki Bethencourt, denunció en el programa Buenos Días a las 8, dirigido por Dulce María Facundo en Radio Las Palmas, que las informaciones recientes sobre una supuesta picaresca en la anulación de transfers en el aeropuerto de Gran Canaria forman parte de una estrategia para desviar el foco del conflicto que mantiene el sector con el Cabildo insular.

Bethencourt rechazó de forma contundente esa narrativa y defendió que el problema de fondo no está en el comportamiento de los taxistas, sino en las limitaciones impuestas al servicio de transfer, una herramienta que permite a profesionales de distintos municipios recoger pasajeros en el aeropuerto con autorización previa.

Un sistema legal desde 1979

Durante la entrevista, el portavoz de ASPROTAC explicó que el transfer es una figura plenamente reconocida en la legislación estatal de transporte desde 1979. Gracias a este sistema, taxistas de 19 municipios de Gran Canaria pueden recoger clientes en el aeropuerto.

Los únicos municipios que no necesitan esta autorización son Telde e Ingenio, que cuentan con parada domiciliada en la terminal aeroportuaria.

Bethencourt recordó que este mecanismo ha funcionado durante décadas sin conflictos y que su uso está regulado mediante una plataforma telemática donde los taxistas registran los servicios antes de acudir al aeropuerto.

Restricciones tras la pandemia

El origen del conflicto se remonta a la pandemia. Durante el confinamiento se suspendió toda la actividad aeroportuaria y, con ella, los transfers.

Sin embargo, según explicó el portavoz de ASPROTAC, cuando comenzó la desescalada el Cabildo decidió mantener limitaciones al sistema. Con el paso del tiempo se estableció una restricción que permitía realizar solo 20 transfers al mes por taxista.

Para el colectivo, esa decisión dejó de tener justificación una vez finalizada la emergencia sanitaria.

Un contencioso que lleva tres años

La asociación mantiene abierto un contencioso administrativo contra el Cabildo de Gran Canaria por estas limitaciones.

Bethencourt señaló que el procedimiento lleva más de tres años pendiente de resolución y que recientemente se ha solicitado al juzgado una aceleración procesal para evitar que el conflicto continúe prolongándose.

El portavoz recordó además un precedente judicial que refuerza la posición del sector. En 2020 una jueza paralizó restricciones similares impuestas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al considerar que no tenían base legal una vez finalizado el estado de alarma.

Posibles reclamaciones económicas

El conflicto también podría tener consecuencias económicas para la administración.

Según explicó Bethencourt, las limitaciones al transfer han provocado pérdidas económicas a muchos taxistas que utilizan este sistema para recoger clientes en el aeropuerto.

Si la justicia confirma la ilegalidad de las restricciones, ASPROTAC no descarta reclamar compensaciones por los perjuicios sufridos durante estos años.

Las anulaciones del transfer

El portavoz también aclaró uno de los puntos que ha generado polémica en los últimos días. La cancelación de un transfer, explicó, es una posibilidad legal contemplada dentro del propio sistema.

Estas anulaciones pueden producirse por distintos motivos, como la cancelación de un vuelo o la suspensión del servicio por parte del cliente, siempre que se realicen dentro de los plazos establecidos.

Además, recordó que en el aeropuerto existen controles sobre la actividad de los taxis, con registros de matrículas y supervisión por parte de la policía autonómica.

Bethencourt insistió en que cualquier irregularidad debe investigarse de forma individual, pero rechazó que se generalicen acusaciones contra todo el sector.

La asociación confía en que la resolución judicial llegue en los próximos meses y permita cerrar un conflicto que afecta a taxistas de numerosos municipios de Gran Canaria.