La iniciativa aprobada plantea modificar la Ley de Costas estatal para garantizar seguridad jurídica a familias y preservar asentamientos históricos del archipiélago.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS | NP
El Parlamento de Canarias ha dado luz verde a una Proposición No de Ley impulsada por el Partido Popular que busca proteger los núcleos costeros tradicionales del archipiélago mediante una modificación de la Ley de Costas de 1988. La iniciativa, defendida por representantes populares en la Cámara regional, pretende adaptar la normativa estatal a la realidad insular y evitar la desaparición de asentamientos históricos vinculados a la identidad de las islas.
Adaptar la normativa a la realidad canaria
La propuesta, promovida por la parlamentaria Jennifer Curbelo, solicita al Gobierno de España una revisión de la legislación vigente al considerar que esta no contempla la singularidad de los núcleos costeros canarios, muchos de ellos anteriores a la propia ley estatal.
Desde el Partido Popular de Fuerteventura se ha valorado este paso como clave para preservar estos espacios. La parlamentaria María Saavedra destacó el arraigo social de estas zonas al señalar que «la mayoría de los majoreros estamos vinculados a estos núcleos o conocemos a alguien que lo está», en referencia a localidades como Majanicho o Los Molinos.
Seguridad jurídica para las familias
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es ofrecer estabilidad a las familias que residen en estos enclaves. Saavedra incidió en que se trata de «familias que llevan toda la vida cuidando y respetando el entorno», subrayando el valor patrimonial y humano de estos asentamientos.
La parlamentaria también defendió que la gestión de estos espacios debe realizarse desde el propio archipiélago, argumentando que «en Canarias vivimos nuestro territorio desde cerca», lo que permitiría aplicar la normativa con mayor criterio y equidad.
Reivindicación del autogobierno en la gestión
El Partido Popular ha puesto el foco en el marco competencial actual, apoyándose en el Estatuto de Autonomía y en el Decreto de Transferencia de Competencias de 2022 como herramientas que permiten una gestión territorial más ajustada a la realidad insular.
En este sentido, Saavedra insistió en la necesidad de avanzar en el traspaso pleno de competencias para garantizar una ordenación que respete la idiosincrasia del territorio. «Apostamos por dar seguridad a las personas y por proteger nuestra casa, nuestra isla, con compromiso y contundencia», afirmó.
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