Estos son los acuerdos del Consejo de Gobierno de Canarias del lunes 1 de diciembre de 2025

El consejero de Transición Ecológica, Mariano H. Zapata, y el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, han dado a conocer en rueda de prensa los principales acuerdos del Consejo de Gobierno presidido por Fernando Clavijo.

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El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, y el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, han dado a conocer en rueda de prensa los principales acuerdos del Consejo de Gobierno presidido por Fernando Clavijo. Los acuerdos hechos públicos fueron los siguientes:

El Gobierno aprueba el nuevo decreto de prevención y extinción de incendios forestales de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes 1 de diciembre el decreto por el que se actualiza la normativa de prevención y extinción de incendios forestales en Canarias. La nueva disposición, impulsada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía que dirige Mariano H. Zapata, sustituye al decreto vigente desde 2001 y adapta la regulación a la realidad actual de los montes canarios, a la evolución del riesgo de incendios y al marco normativo estatal y autonómico en materia de protección civil, medio ambiente y uso de los montes.

El nuevo decreto regula de forma integral la prevención y extinción de incendios forestales, así como la gestión de las zonas de interfaz urbano-forestal, mediante una planificación coordinada con los cabildos insulares, los ayuntamientos y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

Entre las principales novedades, la norma redefine las épocas de peligro por incendios forestales en el Archipiélago, estableciendo tres periodos y ampliando la época de peligro alto. Peligro Alto, del 1 de junio al 30 de septiembre, Peligro Medio, del 1 al 31 de mayo y del 1 al 31 de octubre y Peligro Bajo, del 1 de noviembre al 30 de abril. Estas épocas pueden modificarse según las previsiones meteorológicas

Además, con este nuevo decreto se revisan, actualizan y desarrollan, de acuerdo con la normativa vigente, las medidas preventivas, el uso del fuego en fincas agrícolas y forestales y las correspondientes limitaciones, prohibiciones y autorizaciones.

También se establece la necesidad de definir los puntos estratégicos de gestión para la prevención de incendios forestales y las Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI), y se incorporan apartados específicos sobre la investigación de causas y la estadística de los incendios.

En esta misma línea, se crea el Comité de Lucha contra Incendios Forestales de Canarias como órgano técnico, consultivo y de asesoramiento para la coordinación interadministrativa en materia de prevención, detección y extinción, y se revisa, actualiza y desarrolla la figura de la Dirección de Extinción y la estructura organizativa para la gestión de un incendio forestal.

La norma incorpora, además, un nuevo capítulo relativo a las zonas de interfaz urbano-forestal, que regula su clasificación en función del riesgo, la zonificación y la ejecución de actuaciones en estas áreas, y añade aspectos específicos sobre la restauración forestal y medioambiental de las zonas afectadas por grandes incendios, agilizando la intervención del Gobierno de Canarias.

Asimismo, refuerza la apuesta por la planificación estratégica tanto en la prevención como en la extinción, integrando los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, e incorporando los planes de defensa insular y los planes de defensa de interfaz, en los que los cabildos insulares y los ayuntamientos se configuran como actores principales por su conocimiento de las singularidades de cada territorio.

Avances en materia forestal: Plan Forestal y Ley de Montes

Paralelamente a esta acción, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, trabaja también en otros dos ejes estratégicos en materia forestal, con la Ley de Montes y el Plan Forestal.

Sobre la futura Ley de Montes, ya ha iniciado los trámites y se cumplimentará y desarrollará en base a la ley forestal nacional, para la que se estima contar con un primer borrador en esta legislatura. Se trata de un texto basado en la protección de las especificidades de las islas en materia forestal y ambiental, adaptados a los nuevos retos de cambio climático e incendios forestales.

En el caso Plan Forestal, tendrá una duración de 21 años y sustituirá al anterior Plan, vigente desde 1999. Su objetivo será el de proteger, potenciar y poner en valor la superficie forestal de las islas. Dicho Plan, que ya ha sido ratificado por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA), será además reforzado en el ámbito legislativo, tras la aprobación de esta Ley de Montes.

Canarias amplía en 36,7 millones la partida para la atención de los menores migrantes no acompañados

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la ampliación del crédito de la aplicación presupuestaria de Gastos para la atención a personas menores migrantes no acompañados con una partida extra de 36.749.189,08 euros.

Con ese incremento, el Gobierno de Canarias, ha destinado un total de 155 millones de euros este año a la atención y mantenimiento de los menores, los Dispositivos de Atención Inmediata a Personas Menores Migrantes No Acompañados bajo tutela legal del Ejecutivo canario y otros gastos derivados de traslados de menores a diferentes recursos ubicados en distintos puntos de la geografía peninsular, según informó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado al Consejo de Gobierno.

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia inició 2025 con una partida de 5,6 millones de euros de fondos propios, destinada a la atención a personas menores migrantes, a lo que se han sumado una subvención del Ministerio de Juventud e Infancia de 50 millones de euros y otra ampliación de crédito de fondos propios de 49.311.527,02 euros.

A estas partidas se sumaron otros 13,5 millones de euros, a través del Ministerio de Infancia, con lo que, en global, las partidas destinadas a la atención y mantenimiento de la red de dispositivos para menores migrantes no acompañados ha ascendido, hasta la fecha, a más de 155,1 millones de euros, incluyendo la cantidad de 36,7 millones de euros aprobados este lunes en Consejo de Gobierno.

Hay que recordar que el 1 de agosto de 2023 se declaró de emergencia social y atención prioritaria la situación de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en los recursos alojativos designados por el Gobierno de Canarias. En septiembre de 2024, y a propuesta de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se reiteró la declaración de emergencia migratoria en nuestra Comunidad Autónoma en orden a viabilizar una respuesta adecuada a una situación claramente excepcional de emergencia migratoria sobrevenida o agravada, reflejada en la situación de desbordamiento de los recursos de que dispone la Comunidad Autónoma de Canarias para atender a los menores inmigrantes.

Con fecha 24 de febrero de 2025, dada la persistencia y agravamiento de la situación de emergencia, el Gobierno, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, acuerda ampliar la declaración de emergencia agravada en materia de acogida de menores migrantes no acompañados, con el fin de garantizar el cumplimiento del marco normativo autonómico, nacional e internacional en materia de protección de la infancia, garantizado una respuesta adecuada a la crisis del sistema de acogida de Canarias.

Dependencia aumenta en 6,3 millones la financiación de las prestaciones reconocidas a personas beneficiarias

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de este lunes el incremento de la línea de prestaciones para el Sistema de Atención a la Dependencia en Canarias en un total de 6.324.367,96 euros. Con este incremento, la nómina de este año para atención a las personas con dependencia ha ascendido a algo más de 142 millones de euros, y llegará a los 149 a final de año.

"Con este aumento del presupuesto damos cobertura al pago parcial de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias correspondientes al mes de noviembre", explicó la consejera del área de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien aclaró que "se da así respuesta financiera al significativo aumento en el número de prestaciones reconocidas durante este ejercicio".

"Esta medida pone de manifiesto el constante trabajo y el esfuerzo realizado desde la Consejería para impulsar el crecimiento en la atención a las personas en situación de dependencia en Canarias, así como es reflejo de la disminución de las listas de espera", manifestó Delgado.

En los últimos cinco meses se han materializado 15.079 prestaciones, frente a las 20.073 contabilizadas desde agosto de 2019 a julio de 2023, en la anterior legislatura.

Además, la consejera de Bienestar Social recordó que dependencia recibe el mayor impulso presupuestario para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4%), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios. Además, se prevé una modificación presupuestaria superior a 35 millones de euros para cubrir la retroactividad de los convenios.

La aplicación del nuevo Decreto 46/2025, que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, ha hecho posible que, desde su entrada en vigor el pasado mes de junio hasta octubre, se hayan resuelto 14.330 programas individuales de atención (PIA), frente a los 16.343 alcanzadas por el gobierno del Pacto de las Flores en cuatro años.

Además, los datos que arroja el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales reflejan que Canarias es la Comunidad en la que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación (+22,1%) y en la que más se incrementan las personas con derecho a una ayuda (+25,2%).

El mismo informe recoge, asimismo, una reducción de 105 en el número de días en los que se tarda en tramitar la dependencia, lo que, aunque la sitúa por encima de la media nacional de 350 días, con 456 días de tramitación, la convierte también la Comunidad en que más mejora en ese ámbito. Por su parte, aunque la lista de espera aumentó en más de un 1,8% en toda España, Canarias es una de las tres que más la reducen, con un -21,9%, lo que supone bajarla en 6.564 personas.

El Consejo de Gobierno aprueba el Marco Estratégico para la evaluación de políticas públicas en Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el Marco Estratégico para la evaluación de políticas públicas en Canarias, un documento que pretende servir de hoja de ruta para la institucionalización y despliegue de un sistema de medición de la eficacia de la gestión en el archipiélago.

El Marco Estratégico reconoce la evaluación como un pilar esencial de la buena gobernanza, la mejora de la calidad de las políticas públicas y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Se trata de una tendencia imparable en las administraciones públicas que requiere para tener un papel efectivo de un cierto grado de institucionalización, que implica formalizar y sistematizar las dimensiones metodológicas, organizativas y culturales de la evaluación.

En este sentido, para el Gobierno de Canarias, institucionalizar la evaluación responde a un compromiso político de transparencia y eficiencia para con la ciudadanía. “Es la garantía de que la administración pública rinda cuentas y desarrolle un proceso de mejora continua”, subraya el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez Dionis.

El Marco Estratégico ha sido elaborado a partir de las aportaciones de un grupo de trabajo en el que han participado distintos departamentos del Gobierno, como el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), la Consejería de Bienestar Social, o la propia Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, que ha coordinado e impulsado las actuaciones. También ha contado con representantes del ámbito universitario y de la Fundación COTEC para la Innovación.

El documento que fija la hoja de ruta para evaluar de políticas públicas en Canarias tiene como objetivo central mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública. Pretende guiar la institucionalización de la evaluación como práctica habitual en el ciclo de las políticas públicas -diseño, implementación y revisión- fomentando una cultura organizacional de mejora continua, transparencia y aprendizaje colectivo.

Mejorar la eficacia y la calidad

El Marco Estratégico aprobado en Consejo de Gobierno se plantea como un instrumento progresivo, adaptable e iterativo, orientado a la creación de un Sistema Autonómico de Evaluación de Políticas Públicas.

Su implementación se desarrollará de manera gradual, se apoyará en la capacitación técnica del personal público, la cooperación interadministrativa y el uso intensivo de datos y metodologías rigurosas, y comenzará por experiencias piloto en áreas prioritarias.

En este sentido, el Gobierno ha dado luz verde a que se inicie una primera evaluación piloto sobre las políticas de discapacidad, centrada en una evaluación de proceso, utilizando la metodología de la Teoría del Cambio, lo que permitirá verificar la coherencia, la lógica de intervención y la fidelidad de la implementación de todas las medidas (normativas, organizativas, tecnológicas, y de cooperación) que podrían ser implementadas, por ejemplo, para la reducción de listas de espera en este ámbito.

El Marco Estratégico refuerza la apuesta del Ejecutivo autonómico por mejorar sus servicios públicos con un sistema de medición de su eficacia. De hecho, Canarias forma parte de la REDEVAL (Red Española de Evaluación de Políticas Públicas), organización que promueve la cultura de la evaluación y la mejora continua en la gestión pública. Al respecto, siguiendo los pasos de otras comunidades autónomas de esta Red, el Gobierno canario tiene previsto desarrollar normativamente esta materia a través de la ley del sector público y mediante un decreto autonómico.

El Gobierno activa en Fuerteventura la segunda instalación temporal en La Herradura para evitar apagones

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, ha acordado avanzar en la tramitación de la segunda planta de generación de emergencia de la isla de Fuerteventura.

Todo ello, como parte de las medidas extraordinarias ya anunciadas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago y prevenir posibles apagones, tras la declaración de emergencia energética del 2 de octubre de 2023.

La instalación será gestionada por la empresa SAMPOL y entrará en funcionamiento solo en caso de necesidad, ante un riesgo real de apagón, garantizando en todo momento la seguridad de la población. Se trata de una solución provisional, segura y sin coste para Canarias, ya que será financiada de manera íntegra por el Gobierno de España con un presupuesto de 23 millones de euros.

La provisionalidad de las medidas de emergencia se mantendrán hasta que se produzca la renovación del parque de generación de Canarias, una vez que el Ministerio resuelva el concurso de concurrencia para ello

Esta medida se ha diseñado de forma coordinada con el Cabildo de Fuerteventura para determinar la mejor ubicación posible, así como con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Con esto, el Gobierno de Canarias sigue avanzando en el refuerzo energético de las tres islas con déficit de generación: Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. De esta forma, este un paso más en el trámite administrativo de la instalación, que llevará después a su autorización definitiva por parte de la Dirección General de Energía y posterior instalación.

La notificación sobre una planta similar en la misma zona, conocida como “Mezque” fue aprobada el pasado 29 de septiembre de 2025 en Consejo de Gobierno, para ser gestionada por la empresa DISA y que tendrá una potencia de 15 MW y un presupuesto que alcanza los 24,5 millones de euros.

Es importante subrayar que el procedimiento ordinario de adjudicación para la nueva generación eléctrica en Canarias continúa su curso con la resolución provisional ya publicada por el Ministerio, garantizando así la transición hacia un sistema renovado y estable en el futuro próximo.

En este contexto, las plantas de emergencia aprobadas se configuran como una solución provisional y acotada en el tiempo, cuyo papel es asegurar la cobertura energética únicamente hasta que las instalaciones definitivas resultantes del concurso entren en funcionamiento”.

Unas acciones transitorias y seguras

La planta ubicada en La Herradura está formada por 10 grupos de generación con una potencia de 1,8 MW cada uno, lo que hacen un total de 18 MW de potencia eléctrica.

Los mismos se han diseñado específicamente para un montaje y desmontaje sencillo, con el objetivo de cumplir con los requisitos de la emergencia y su carácter provisional.

Para poder evacuar la electricidad hasta la subestación de transporte de Red Eléctrica de España denominada Puerto del Rosario, se proyectará una línea subterránea de unos 170 metros de longitud hasta la planta de emergencia de DISA, denominada “Mezque”. La evacuación hasta la subestación de transporte se hará de forma conjunta entre DISA y SAMPOL por medio de una única línea eléctrica.

Además, los grupos de generación cumplirán con la normativa ambiental vigente, incluyendo sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) que garantizan la reducción de emisiones y un funcionamiento dentro de los estándares más exigentes.

Para la isla de Fuerteventura, donde el déficit actual manifestado por el operador del sistema (REE) es de 50 MW, esta instalación, junto con la de DISA, darán una cobertura de 33 MW de potencia, lo que equivale casi el 60% del déficit de la isla, señalado por el operador del sistema (Red Eléctrica).

El Gobierno de Canarias aprueba la legalización de tres explotaciones con un total de 152 cabezas de ganado

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 1 de diciembre, la legalización territorial de tres explotaciones, que suman en total 152 cabezas de ganado, en los municipios de Teguise (Lanzarote), Tegueste (Tenerife) y Las Palmas de Gran Canaria, de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, por la que se concede autorización a la actividad y a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

La medida supone un avance en el proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería y afecta a tres instalaciones dedicadas principalmente a la cría y reproducción así como, en su caso, a la producción de leche, con un censo que, en su conjunto, abarca ganado ovino, bovino, porcino, equino, avícola, asnal y cunícola.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cinco instalaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La citada normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Estas autorizaciones se enmarcan en un plan de regularización para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otras administraciones públicas, entre ellas Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El Gobierno canario destina 480.000 euros a aumentar el agua de riego y conservar el patrimonio agrario de Tenerife

El Consejo de Gobierno celebrado hoy lunes, 1 de diciembre, ha autorizado destinar un total de 480.000 euros a dos actuaciones de interés público para aumentar el agua de riego y la conservación del patrimonio agrario de Tenerife que se financiarán con cargo a los presupuestos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Soberanía Alimentaria a través de subvenciones directas.

Esta cuantía se divide en una transferencia de 300.000 euros al Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna para la adecuación de la Galería El Pinalito con el objetivo de incrementar los recursos para riego agrícola, así como 180.000 euros al Ayuntamiento de Los Realejos para las actuaciones de recuperación del agrosistema tradicional de Icod el Alto.

Como propietario de la Galería El Pinalito, el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna procederá a ejecutar labores de limpieza en un tramo de 600 metros en el que se acumulan escombros, así como a afianzar la estructura para evitar derrumbes y estudiar las posibilidades de ampliación, de acuerdo al contenido del proyecto presentado.

Todo ello con el propósito de aumentar la disponibilidad de agua para los agricultores y agricultoras de este municipio que, debido a su situación geográfica a más de 1.500 metros de altura, afronta dificultades técnicas adicionales para suplir la escasez mediante el uso de desaladoras y depuradoras.

Por otra parte, en el marco del proyecto para la recuperación del agrosistema de Icod el Alto, el Ayuntamiento de Los Relalejos desarrollará un programa para la restauración agroecológica, la activación socioeconómica y la valorización del patrimonio agrario y biodiversidad de este enclave a través de la ampliación de la superficie de cultivo de variedades locales como las papas bonitas y el trigo barbilla, dotados ambos de caracterizaciones genéticas autóctonas.

En este sentido, la corporación municipal destaca la relevancia de estas actuaciones, tanto por su valor productivo como por su papel clave para avanzar hacia la soberanía alimentaria, la conservación de suelos y agua, la prevención de incendios forestales y el mantenimiento del patrimonio cultural y paisajístico del norte de Tenerife.