Estos son los acuerdos del Consejo de Gobierno de Canarias del lunes 27 de octubre de 2025

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. A continuación se detallan los acuerdos adoptados.

El Gobierno aprueba el primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración Pública canaria

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos, que afecta a más de 81.000 empleados públicos, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justica y Seguridad, Nieves Lady Barreto. Su elaboración ha contado con la participación activa de la representación sindical de los ámbitos de Administración General, Justicia, Educación y Sanidad y con el respaldo del Comité Interdepartamental.

El Gobierno de Canarias ha asumido en el actual mandato la obligación de proveer a esta Administración de su propio Plan General de Prevención de Riesgos Laborales, dando cumplimiento a una obligación legal recogida en el Decreto 188/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la Ley 31/1995, normativa vigente en la materia. Esta medida se suma a la implementación de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales en 2024 en la Administración General y de Justicia, con la finalidad de integrar esta política en todos los niveles.

Impulsado desde la Dirección General de Función Pública, el Plan General constituye el marco a partir del cual se desarrollarán los correspondientes Planes Sectoriales en los ámbitos de Administración General y Justicia, Sanidad y Educación y forma como parte del compromiso del Gobierno de Canarias en materia de prevención de riesgos y planificación preventiva.

El Plan General de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta mediante la cual se define la política de prevención de Riesgos Laborales de la Administración autonómica y permite integrar la actividad preventiva en la estructura general y en el conjunto de sus actividades y niveles jerárquicos. Es importante para la prestación de los servicios públicos al ciudadano e imprescindible para mejorar su eficacia y eficiencia.

El fin último es eliminar, reducir o minimizar los posibles riesgos laborales a los que puedan estar expuestos los empleados y las empleadas públicos de la Administración autonómica, consolidando una favorable cultura preventiva que garantice el cumplimiento de la legislación en la materia.

El Plan General, además de las medidas concretas de difusión, sensibilización y formación que prevé, será puesto a disposición de la ciudadanía y del personal al servicio de esta Administración en el entorno web de la Dirección General de la Función Pública.

El Gobierno impone una sanción de 12,1 millones de euros a UNELCO por el apagón de La Gomera en 2023

El Consejo de Gobierno culmina hoy, a petición de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, la tramitación del expediente sancionador a la El Consejo de Gobierno culmina hoy, a petición de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, la tramitación del expediente sancionador a la entidad Unión Eléctrica de Canarias Generación S.A.U. (UNELCO), por el apagón registrado en la isla de La Gomera en julio de 2023., por el apagón registrado en la isla de La Gomera en julio de 2023.

Así, la empresa recibe la imposición de una multa de 12.100.001 euros por cometer una infracción muy grave de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Concretamente, por el cero energético que tuvo lugar el 30 de julio de 2023, en la central térmica de El Palmar, donde se generó un fallo en el cuadro de control de un grupo de generación, afectando a las instalaciones eléctricas, y dando lugar al apagón general, no reestableciéndose el suministro por completo hasta el 1 de agosto, lo que supuso más de 60 horas de corte eléctrico.

El expediente administrativo relativo a este cero de tensión en La Gomera, determinó la existencia de deficiencias en la operación y en la capacidad de respuesta de la central térmica. La Dirección General de Energía tramitó esta sanción al considerarla una infracción administrativa muy grave, por comprometer la seguridad y continuidad del suministro eléctrico en un sistema aislado.

La modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario, a propuesta de la consejería de Transición Ecológica y Energía al comienzo de la legislatura en 2023, y aprobado por unanimidad en el Parlamento Canario, ha permitido ahora que el Gobierno disponga de plazos más amplios realistas para sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan, y que han sido las responsables de situaciones como la de La Gomera. Así, se ha pasado de los plazos de 3 meses para tramitar y gestionar estas sanciones a los actuales 18.

Compromiso con la seguridad energética y la emergencia eléctrica

El Gobierno de Canarias mantiene su compromiso firme con la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico insular, reforzado tras la declaración de la emergencia energética en 2024 y tomando medidas para evitar nuevos ceros energéticos.

Así, el Ejecutivo regional ha impulsado acciones inmediatas y proyectos estructurales destinados a reforzar la seguridad del suministro, además de seguir trabajando con el Miteco para la renovación de los grupos de generación convencional, que precisan de renovación desde hace más de una década.

En el caso concreto de La Gomera, avanzan a muy buen ritmo los trabajos del proyecto del cable submarino entre Tenerife y La Gomera, actualmente en fase final de ejecución, cuya puesta en servicio garantizará la interconexión eléctrica entre ambas islas en 2026. Una infraestructura que permitirá reforzar la seguridad del suministro en La Gomera, reducir la dependencia de la generación local y facilitando la integración de energías renovables en el sistema insular.

Por otro lado, la consejería de Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Energía ha aprobado la instalación de ocho proyectos de generación de emergencia energética en las islas que actualmente presentan déficit de generación, siendo más vulnerables a apagones, con el objetivo de cubrir puntos críticos del sistema y responder ante eventuales déficits de generación.

Estas actuaciones en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura permitirán cubrir el 90% del déficit total detectado por el operador del sistema (Red Eléctrica), para cubrir el déficit de 268 MW de potencia. En el caso de Tenerife, por ejemplo, ya ha comenzado la instalación de la primera de las plantas en Granadilla, a cargo de la empresa Disa, y recientemente se han aprobado las autorizaciones administrativas para instalar varias de ellas.

El Gobierno aprueba el Decreto de Turismo Activo que modifica el reglamento para ejercer esta actividad

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes el decreto por el que se modifica el Reglamento para el desarrollo de las actividades de turismo activo, tras el dictamen positivo del Consejo Consultivo de Canarias y el diálogo con todos los agentes implicados, que agrupan a 1.200 empresas en las islas y más de 4.000 puestos de trabajo vinculados.

La nueva norma busca actualizar el actual decreto 226/2017, de 13 de noviembre, estableciendo como prioridad la calidad, la sostenibilidad y seguridad de los servicios turísticos, así como la armonización de la actividad profesional del turismo activo.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, destacó que, “con esta nueva regulación, se pretende no solo profesionalizar el sector, incorporando nuevas oportunidades de empleo, sino además evitar el intrusismo”.

De León hizo hincapié en que “el turismo activo es una actividad que genera empleo, ayuda a divulgar los valores de nuestro territorio sin generar impactos sobre el medio ambiente y repercute positivamente en la población local”.

La modificación del decreto tiene como objetivo regular la autorización de las empresas y profesionales, reconociendo las distintas cualificaciones del personal, como títulos, certificados o acreditaciones, que demuestren su capacidad para realizar cada servicio. También, se procura que no se creen barreras, requisitos excesivos ni limitaciones que impidan ejercer la profesión.

Además, se ha tenido en cuenta la evolución del sector en nuestro territorio con un volumen de negocio y personas usuarias creciente.

Este crecimiento ha sido fomentado e impulsado por la Consejería de Turismo y Empleo dentro de la Agenda Canaria para el Desarrollo Sostenible (ACDS 2030) que proyecta “un nuevo modelo económico competitivo e inteligente, más diversificado, resiliente, inclusivo y verde”.

De León explicó que “la demanda de nuestros turistas y ciudadanos, requiere una revisión de las actividades que se encuentran en el ámbito de la experiencia activa y el conocimiento participativo del entorno natural y social”.

Para la consejera, “la variedad de actividades del turismo activo requiere una clasificación dinámica que permita el acceso a perfiles profesionales polivalentes”.

La modificación actual del decreto pretende la habilitación administrativa de las empresas y las personas profesionales integrando las diferentes cualificaciones de los recursos humanos obtenidas mediante títulos, certificados o acreditaciones, que demuestren la competencia profesional en cada servicio que se realiza, sin crear barreras, requisitos desproporcionados o reservas profesionales.

Se regula de esta manera la habilitación profesional desde premisas de calidad, y se facilita el acceso al empleo y el desarrollo profesionales tomando como referencia el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales y el Catálogo de Especialidades Formativas desarrollado en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

Para evitar el intrusismo, la norma establece unos requisitos que garanticen que se pueda realizar la actividad en condiciones de seguridad, cumpliendo con la legalidad y prestando un servicio de calidad.

Canarias destina 6,5 millones al servicio de vigilancia de los centros para menores con medidas judiciales

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno la realización del gasto necesario para la segunda prórroga del contrato del servicio de vigilancia, seguridad y protección de los centros de internamiento educativo para menores de Canarias, por importe de 6.553.272,78 euros.

La autorización de este gasto, que realizará la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, permitirá financiar, durante 12 meses, los servicios de vigilancia, seguridad y protección de los centros, el auxilio al personal del mismo, así como el mantenimiento o restablecimiento del orden interno en los centros de internamiento educativo para menores que cumplen medidas judiciales ubicados en Valle Tabares, en Tenerife, y de La Montañeta, en Gran Canaria.

La prórroga del contrato al que corresponde esta inversión abarca desde el 14 de febrero de 2026 hasta el 13 de febrero de 2027.