Estos son los acuerdos del Consejo de Gobierno de Canarias del lunes 15 de septiembre de 2025

Alfonso Cabello y Poli Suárez han comparecido en rueda de prensa para comunicar a la ciudadanía los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife.

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El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, y Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional. Actividad Física y Deportes, han comparecido en rueda de prensa para comunicar a la ciudadanía los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno celebrado este lunes 15 de septiembre de 2025 en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.

Canarias avanza hacia la corresponsabilidad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito personal y laboral

El Gobierno de Canarias ha abordado en Consejo de Gobierno la toma en consideración de la Proposición de Ley de Conciliación Corresponsable y de medidas de apoyo a la Conciliación de la vida personal, familiar y de la actividad laboral.

La proposición de ley ha sido remitida por los Grupos Parlamentarios Socialista Canario, Nacionalista Canario (CC), Popular, Nueva Canarias-Bloque Canarista (Nc-bc), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Mixto, con el fin de recabar el criterio del Gobierno de Canarias respecto a la nueva normativa, así como manifestar su conformidad o no a la tramitación, según acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias el pasado mes de julio.

La Ley de Conciliación Corresponsable tiene como objeto promover la adopción en el ámbito público y privado de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que permitan compatibilizar la vida privada de las personas trabajadoras con su tiempo de trabajo remunerado, facilitando el desarrollo de su proyecto vital y garantizando las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres en la atención de sus responsabilidades personales y familiares, y su tiempo de ocio, así como en su vida laboral.

Además, plantea impulsar un conjunto de medidas dirigidas a procurar la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres real y efectiva, en el desarrollo de su carrera profesional, incorporando de manera sistemática y transversal la perspectiva de género en las entidades públicas y privadas, así como a la eliminación de la brecha salarial de género.

La corresponsabilidad parte del establecimiento de una conciliación igualitaria del trabajo con la vida personal y familiar entre mujeres y hombres, objetivo primigenio para alcanzar una nueva realidad social de igualdad real y efectiva entre ambos sexos.

Medidas de la proposición de ley

La Ley de Conciliación Corresponsable pretende promover la igualdad de hombres y mujeres, especialmente en el acceso, permanencia y promoción laboral, impulsando una oferta flexible y variada de servicios y centros de atención a personas mayores, personas en situación de dependencia y personas con discapacidad, además de fomentar la corresponsabilidad en el ámbito familiar para el cuidado y atención de menores y de personas dependientes y/o con discapacidad.

En el ámbito privado, se apuesta por la adopción de medidas de compatibilización de vida personal, familiar y actividad laboral, especialmente estructurales dirigidas a la racionalización de horarios y turnos y las medidas de flexibilización horaria y tiempos de trabajo, entre otros.

Para lograr estos objetivos, la proposición de Ley plantea la colaboración, cooperación y coordinación entre los agentes sociales y económicos, así como con el resto de las Administraciones públicas canarias, además de proponer que el Ejecutivo se encargue de aprobar planes periódicos, con carácter quinquenal, en colaboración con las corporaciones municipales, cabildos insulares y con los agentes económicos y sociales, y un plan autonómico de apoyo a la conciliación corresponsable que deberá recoger de forma sistemática, para cada periodo de vigencia, los objetivos, actuaciones y medidas concretas y específicas.

El Gobierno acuerda la distribución definitiva del FCFM del año 2023 por un importe de 24,8 millones

El Consejo de Gobierno ha aprobado la distribución definitiva del Fondo Canario de Financiación Municipal del año 2023 por importe de 24,8 millones de euros (24.824.090,19), atendiendo a la liquidación la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, y conforme a lo dispuesto la Ley 3/1999 del Fondo Canario de Financiación Municipal y autoriza el gasto entre los municipios.

El Gobierno de Canarias aprobó el 27 de abril de 2023 la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal del año 2023 por importe 343.448.920 euros, siendo necesaria su actualización, atendiendo al importe definitivo del Fondo del año 2022 y a la aplicación de la tasa correspondiente.

En este sentido, de conformidad con las previsiones de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea para la consignación de la dotación del Fondo Canario de Financiación Municipal para el año 2025, fija para la liquidación del Fondo 2023 la cantidad de 24.824.030,19 euros, quedando el importe definitivo del Fondo Canario de Financiación Municipal 2023 de 368.272.950,19 euros.

El importe definitivo del Fondo de cada año será el que resulte de computar la evolución de los derechos reconocidos netos de los mencionados ingresos de la liquidación del ejercicio presupuestario correspondiente, respecto de los del ejercicio inmediato anterior. La liquidación resultante de la diferencia entre el Fondo definitivo y el Fondo provisional, se incluirá en el presupuesto del año siguiente al que se realice la misma.

El Gobierno impulsa un convenio de colaboración con el cabildo de Lanzarote para el Bono de Alquiler Joven

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha suscrito un convenio específico de cooperaciónón con el Cabildo de Lanzarote para canalizar fondos insulares destinados a reforzar el Bono de Alquiler Joven en la isla.

El acuerdo permitirá incorporar una aportación insular de 1,4 millones de euros transferidos por el Cabildo insular a la convocatoria autonómica del Bono, que este año ya cuenta con una dotación general de 10,6 millones de euros procedentes de fondos estatales. De esta forma, se amplía la cobertura de las ayudas y se garantiza que un mayor número de jóvenes lanzaroteños pueda beneficiarse de este apoyo al alquiler.

La aportación del Cabildo se integrará en la gestión ordinaria que realiza el Instituto Canario de la Vivienda, lo que permitirá optimizar la tramitación, evitar duplicidades administrativas y asegurar una gestión coordinada y transparente de los fondos públicos.

Este instrumento de cooperación se enmarca en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 y refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico y del Cabildo insular de Lanzarote de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas jóvenes de la isla.

El Bono de Alquiler Joven consiste en una ayuda directa de 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, siempre que la cuantía no supere el importe real del alquiler o de la cesión de uso. Para poder acceder a esta prestación, las personas solicitantes deben tener entre 18 y 35 años en el momento de la solicitud, estar empadronadas en la vivienda objeto del contrato, acreditar ingresos limitados que en la mayoría de los casos no pueden superar tres veces el IPREM, no ser propietarias ni usufructuarias de otra vivienda en España salvo causas justificadas, y figurar como titulares de un contrato de alquiler o de cesión de uso en vigor.

El Gobierno autoriza el gasto plurianual para el proyecto modificado de la LP-2 entre San Simón y Tajuya

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el gasto plurianual de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para hacer frente al Proyecto Modificado nº 2 de la Obra de acondicionamiento de la Carretera LP-2 en el tramo entre San Simón y Tajuya, en la isla de La Palma, que asciende a 4.365.731,91 euros.

Con esta aprobación, el Ejecutivo regional garantiza la continuidad de una obra estratégica para la isla, que permitirá reforzar la seguridad vial, mejorar la conectividad entre municipios del sur palmero y facilitar el transporte de personas, mercancías y servicios en un eje fundamental para la cohesión territorial.

El nuevo modificado, que se aprobó tras resolver una discrepancia técnica planteada por la Dirección General de Infraestructura Viaria respecto a la fiscalización previa del borrador de la Orden departamental que aprueba definitivamente este proyecto, permite reactivar actuaciones de gran envergadura, como el viaducto de Belmaco y el sostenimiento del talud en El Rodadero, mejorando la viabilidad técnica del proyecto y adaptándolo a las condiciones reales del terreno.

Compromiso con La Palma
La actuación en el tramo San Simón–Tajuya es parte de una apuesta firme del Gobierno de Canarias por el desarrollo de infraestructuras resilientes y modernas en La Palma. La carretera LP-2 es un eje estructural de comunicación que articula el sur de la isla y su acondicionamiento contribuye al crecimiento económico, la movilidad sostenible y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

La obra, adjudicada inicialmente en 2011 con un presupuesto de 64,6 millones de euros, se adapta ahora a las necesidades reales del territorio con un presupuesto actualizado de 72,1 millones, fruto de los ajustes técnicos realizados. El plazo estimado para la finalización de esta fase es de 15 meses desde la autorización de las obras.

La modificación aprobada contempla mejoras significativas que responden tanto a criterios técnicos como a las condiciones topográficas detectadas durante la ejecución. El viaducto de Belmaco se rediseña con una tipología en voladizo, con un único apoyo en el cauce, garantizando menor impacto ambiental y mayor eficiencia estructural. En el paraje de El Rodadero, se implementará una nueva solución de sostenimiento ante las inestabilidades geotécnicas identificadas, con una inversión específica de 960.000 euros.

Asimismo, se prevén refuerzos en la calzada entre los puntos kilométricos 25+600 y 25+640, cambios en la tipología de muros y la estabilización de diversos taludes para incrementar los estándares de seguridad. Estas medidas también permitirán actualizar los sistemas de contención de vehículos conforme a la normativa vigente.

Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico demuestra el compromiso con La Palma, desbloqueando actuaciones clave y asegurando el avance de una infraestructura imprescindible para el futuro de la isla.

El Gobierno remite al Consultivo el proyecto de decreto que regula las oficinas de asistencia en registros

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy remitir al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que regula el sistema de recepción y salida de documentos y las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración Pública de la comunidad autónoma, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

Esta actualización normativa ordena las oficinas conforme a su nuevo papel, orientado a una relación más ágil y sencilla relación entre la ciudadanía y la administración, así como a la mejora continua de los procesos administrativos.

La conversión de las oficinas de registro en oficinas de asistencia en materia de registros se afronta como una garantía para aquellas personas que no disponen de los medios o de los conocimientos para relacionarse electrónicamente con la administración y desean ser atendidas por profesionales de la administración pública que les apoyen y asistan de forma presencial.

Al adecuarse a la Ley 39/2015, que no distingue entre registro general o auxiliar, todas las oficinas de registro pasan a constituirse como oficinas de asistencia en materia de registros, lo que obliga a una nueva organización del Sistema de recepción y salida de documentos, conforme al Real Decreto 203/2021 por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Dicha norma recoge la obligatoriedad para las administraciones públicas de contar con un Registro Electrónico General en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o se reciba, así como que tenga salida dirigida a otros órganos o particulares.

Contempla también el derecho de la ciudadanía a ser asistida en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas, cuando así lo solicite. Dicha asistencia se hará efectiva a través de las oficinas de asistencia en materia de registros (anterior red de oficinas de registro), permitiendo a las personas interesadas, no obligadas a comunicarse electrónicamente con las administraciones públicas, presentar solicitudes

La norma se adapta a la obligatoriedad para las administraciones públicas de un registro donde conste el personal funcionario habilitado para realizar copias auténticas y para la identificación o firma en nombre de las personas interesadas que así lo soliciten.

Las personas interesadas podrán comparecer personalmente en las oficinas de asistencia en materia de registros para otorgar un apoderamiento apud acta, presencial, a favor de una persona representante, debiendo registrarse en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

El Consejo aprueba el decreto que regula las comisiones territoriales de educación y formación de personas adultas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de las comisiones territoriales de educación y formación permanente de personas adultas, un instrumento clave para reforzar la coordinación, el trabajo en red y la respuesta a las necesidades formativas de la población adulta en todas las islas.

La nueva norma, impulsada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, permitirá estrechar los lazos de comunicación y colaboración entre las distintas administraciones públicas y entidades privadas vinculadas a la educación de personas adultas en Canarias, con el objetivo de avanzar hacia una atención educativa más actualizada, eficaz y ajustada a la realidad de una sociedad diversa y cambiante.

El decreto establece la creación de quince comisiones territoriales, una en cada zona de actuación definida en el archipiélago. Estas comisiones estarán integradas por representantes de los centros educativos con oferta dirigida a personas adultas, de los ayuntamientos, cabildos, oficina de empleo y de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación.

Entre sus funciones se encuentran la detección de necesidades de formación en cada territorio, la propuesta e impulso de nuevas iniciativas, la coordinación y difusión de programas de enseñanza-aprendizaje y la optimización de los recursos humanos y materiales. El decreto pone especial énfasis en garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y en asegurar que la oferta responda a la demanda de quienes necesitan actualizar sus competencias o adquirir nuevas habilidades para el desarrollo personal y profesional.

La Educación de Personas Adultas se considera uno de los pilares estratégicos para el progreso de Canarias. A través de esta formación se impulsa no solo la mejora de la empleabilidad, sino también el desarrollo personal, la participación ciudadana y la cohesión social. En este sentido, las comisiones territoriales se convierten en espacios de encuentro en los que se pondrán en común visiones, experiencias y recursos para dar una respuesta más eficaz a los retos educativos.

Con esta aprobación, el Gobierno de Canarias avanza en su compromiso con la formación permanente, el aprendizaje a lo largo de la vida y la consolidación de un sistema educativo que responda a las demandas de la ciudadanía y a los desafíos de un mundo en constante transformación.