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Actualizado: Miércoles, 13 de Agosto de 2025
La plataforma de afectados denuncia que la norma prioriza el negocio hotelero sobre el derecho a la vivienda en Canarias.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS
En Canarias, el paraíso turístico que cada año atrae a millones de visitantes, se libra una batalla silenciosa que enfrenta a pequeños propietarios con el peso del negocio hotelero. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística, nacida en 2015, denuncia que la reforma impulsada por el Gobierno regional pone en riesgo el derecho a la vivienda de miles de personas que residen en apartamentos y bungalós situados en zonas turísticas.
Maribel Doreste, portavoz del colectivo, intervino este martes en el programa Es La Mañana en Las Palmas, de EsRadio, que dirige Dulce María Facundo, y no dudó en calificar la situación como “un eclipse de derechos”. “Hemos vivido toda la vida en nuestras propiedades, ya sea como primera residencia, segunda vivienda o alquilándolas ocasionalmente. Ahora quieren expulsarnos del suelo donde siempre hemos estado para que todo quede en manos de explotadores turísticos. Quieren especializar las zonas solo para turistas, como si fuéramos un parque temático”, lamentó.
Multas y presiones para desalojar
La plataforma acusa a la Consejería de Turismo de actuar con un objetivo claro: impedir que los canarios vivan en complejos turísticos y cerrar la puerta a que cualquier ciudadano pueda comprar una propiedad en estas áreas. Según Doreste, las multas y expedientes administrativos se han convertido en una herramienta de presión. “Se siguen recibiendo cartas de pago. Nos amedrentan para que vendamos barato o cedamos nuestras casas por cantidades ridículas a operadores que tributan fuera de Canarias”, explicó.
La portavoz rechaza el argumento de que la convivencia entre residentes y turistas sea conflictiva: “No existe tal caos. Llevamos décadas conviviendo con el turismo sin problemas. El conflicto lo provocan algunos explotadores que buscan eliminar competencia y quedarse con todo”.
Un modelo en disputa
La polémica llega en un contexto de sobreoferta. Canarias recibe unos 18 millones de turistas al año y, según la plataforma, ya existe un 20% más de plazas turísticas de las que se ocupan. Si las viviendas de los afectados entraran en el mercado turístico, esa cifra podría elevarse hasta un 45%. “No tiene sentido seguir quitando casas a los residentes cuando el sector no puede llenarlas y ni siquiera encuentra mano de obra local”, advirtió Doreste.
La plataforma propone seguir modelos como el de Baleares, donde solo se permite el alquiler turístico si existe acuerdo unánime de los propietarios de un complejo, o el de Andalucía, que permite explotaciones parciales sin obligar a todos los vecinos a sumarse.
Derecho a la propiedad en el centro del debate
Para los afectados, la clave está en separar la regulación del turismo de la regulación de la vivienda. “No pueden legislar sobre nuestras casas en una ley turística. Nosotros no somos hoteles. Somos propietarios de un complejo inmobiliario regido por la Ley de Propiedad Horizontal, y las decisiones se deben tomar en junta, no desde un despacho”, sostuvo Doreste.
El colectivo mantiene su pulso legal y social para frenar lo que consideran una “intervención injusta en la propiedad privada”. Diez años después de su fundación, la Plataforma de Afectados por la Ley Turística sigue en pie, convencida de que la defensa del derecho a la vivienda es también una defensa de la identidad y el modo de vida de las islas.
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