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Actualizado: Domingo, 24 de Mayo de 2026
La reforma abrirá la puerta a una mayor capacidad de decisión de Canarias sobre su litoral.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS | NA
El Gobierno de España ha comunicado oficialmente a Canarias, Baleares y Andalucía el inicio de la modificación del Reglamento General de Costas, una medida que permitirá ampliar el margen de autogobierno de estas comunidades en la gestión del dominio público marítimo-terrestre.
La decisión ha sido trasladada mediante carta por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, así como a los máximos responsables de Baleares y Andalucía. Según detalla el Ejecutivo central, la reforma afectará especialmente a las comunidades que ya tienen transferidas competencias en materia de Costas.
Torres defendió la medida como una nueva apuesta por fortalecer la autonomía territorial. El ministro aseguró que «más autonomía genera una España mejor», en referencia al modelo de cooperación planteado entre administraciones.
Nuevo mecanismo de cooperación
El acuerdo impulsado por el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio para la Transición Ecológica contempla que, en un plazo de tres meses, se incorpore un nuevo mecanismo de cooperación dentro de la reforma reglamentaria que será aprobada mediante Real Decreto en Consejo de Ministros.
La futura normativa establecerá que las administraciones autonómicas deberán comunicar al Estado cada solicitud relacionada con concesiones demaniales en tramitación. A partir de ese momento, el Ejecutivo central dispondrá de un máximo de dos meses para emitir por escrito su criterio sobre la garantía de la integridad física y el uso público del litoral.
En caso de discrepancia entre ambas administraciones, se abrirá un periodo de consultas con el objetivo de alcanzar un acuerdo en un plazo máximo de un mes.
Comisión de seguimiento
La reforma también prevé la creación de una Comisión de Seguimiento del traspaso competencial, integrada de forma paritaria entre el Estado y las comunidades autónomas. Este órgano tendrá como misión coordinar la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, además de resolver posibles conflictos o discrepancias derivados de esa gestión.
Con esta modificación, el Gobierno pretende dar mayor seguridad jurídica y reforzar la colaboración institucional en uno de los ámbitos más sensibles para territorios insulares y costeros como Canarias.
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