El ministro defiende la prórroga del sistema entre comunidades y critica la postura de los gobiernos autonómicos del PP.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado en Las Palmas de Gran Canaria que el sistema de reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas se prolongará hasta 2027, aunque ha advertido de que su continuidad depende del escenario político nacional.
Torres defendió la necesidad de extender este mecanismo aprobado el pasado año y dejó claro que su consolidación como modelo estable estaría condicionada a la continuidad de un gobierno socialista. En este sentido, alertó sobre las consecuencias de un posible cambio político en España.
Críticas al bloqueo autonómico
El ministro cargó contra las comunidades gobernadas por el Partido Popular tras su ausencia en la última conferencia sectorial de Infancia, donde se debían abordar nuevos criterios para la prórroga del sistema. Consideró esta decisión como «vergonzosa e inaceptable» y denunció que supone «una deslealtad institucional y una absoluta falta de respeto».
Torres insistió en que el decreto no solo se mantendrá en vigor, sino que podría convertirse en permanente si existe voluntad política. A su juicio, la negativa de estas comunidades pone en riesgo uno de los avances más relevantes en la gestión migratoria de la legislatura.
Enfrentamiento político en Canarias
El también secretario general del PSOE en Canarias dirigió sus críticas al vicepresidente autonómico y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, al que acusó de alinearse con las posiciones de su partido a nivel nacional en detrimento de los intereses del archipiélago.
«En vez de defender a Canarias, critica al Gobierno que más ha hecho por solucionar este problema», afirmó Torres, quien reprochó además su ausencia en el debate estatal sobre el reparto de menores.
El ministro también respondió a la Comunidad de Madrid, que había pedido no recibir más menores migrantes, asegurando que la legislación vigente sí ampara estos traslados y que incluso cuentan con el respaldo de la Fiscalía.
Con este escenario, el debate sobre la distribución de menores migrantes vuelve a situarse en el centro de la agenda política, con Canarias como territorio clave en la gestión de la presión migratoria.
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