Estos son los acuerdos del Consejo de Gobierno de Canarias del lunes 19 de enero de 2026

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada este lunes 19 de enero de 2026 en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada este lunes 19 de enero de 2026 en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. A continuación se detallan los temas tratados durante la misma.

Obras Públicas cierra cuatro convenios para promover el acceso a la vivienda en Tenerife

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a petición del consejero Pablo Rodríguez, ha dado cuenta, en la sesión del Consejo de Gobierno, de la firma de cuatro convenios de cooperación y una adenda entre el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el Cabildo Insular de Tenerife y distintos ayuntamientos de la isla, destinados a impulsar la construcción y puesta a disposición de vivienda protegida de promoción pública en distintos municipios de la isla.

Los acuerdos se enmarcan dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en Tenerife.

Con estos acuerdos, el Ejecutivo refuerza la cooperación entre administraciones para dar una respuesta eficaz a la emergencia habitacional y activar suelo público, promover nuevas viviendas protegidas y ampliar el parque público residencial en la isla.

En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha sido informado del convenio específico de cooperación entre el ICAVI y el Cabildo Insular de Tenerife para canalizar fondos insulares a las convocatorias autonómicas de ayudas al alquiler de vivienda habitual y, en su caso, al Bono Alquiler Joven. En virtud de este acuerdo, la institución insular realiza una aportación económica de 1,9 millones de euros, destinada a atender de forma específica a personas residentes en la isla de Tenerife que cumplan los requisitos establecidos en dichas convocatorias.

Asimismo, se ha dado cuenta del convenio interadministrativo entre el ICAVI, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el incremento de la oferta pública de vivienda, mediante la construcción de 37 viviendas protegidas de promoción pública en María Jiménez y 226 viviendas en el ámbito de Cuevas Blancas, que se incorporarán al parque público del Instituto Canario de la Vivienda una vez finalizadas. La actuación cuenta con una inversión total estimada de 41,7 millones de euros con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en la capital tinerfeña.

Por otra parte, se ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Arafo que permitirá la construcción de 24 viviendas protegidas de promoción pública en el municipio, sobre suelo aportado por el Consistorio. El presupuesto global de la actuación asciende a 4.794.769,55 euros. 

En la misma línea, la Consejería ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo que posibilitará la edificación de 21 viviendas protegidas de promoción pública, en un solar adquirido por el ayuntamiento con financiación del Programa Insular Activa Suelo. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 4.482.175,37 euros,

Finalmente, la Consejería ha trasladado al Consejo de Gobierno la adenda al convenio específico de cooperación que se ha suscrito el 26 de diciembre de 2024 entre el ICAVI y el Cabildo Insular de Tenerife, destinado a la ejecución de siete promociones de inmuebles protegidos de promoción pública en distintos municipios de la isla.

La adenda incrementa el presupuesto inicial del convenio en 5.246.197,03 euros, elevando la inversión total hasta 50.246.197,03 euros, con el objetivo de garantizar la viabilidad técnica y económica de las actuaciones previstas y dar respuesta a la evolución de los costes de construcción.

Con estos acuerdos, el Gobierno de Canarias avanza en su política de vivienda pública en Tenerife, basada en la cooperación institucional, la activación de suelo público y el incremento del parque de vivienda protegida para garantizar el acceso a una vivienda digna.

El vicepresidente de la UE confirma su visita a Canarias y su compromiso de elaborar en 2026 una estrategia RUP

El vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, ha confirmado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que viajará al archipiélago durante el primer semestre de este año para conocer de primera mano las dificultades a las que se enfrentan las islas como región ultraperiférica (RUP). Esta visita tendrá lugar en plena negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE y en plena ofensiva de las nueve regiones europeas y sus tres Estados en defensa de la continuidad de los fondos específicos de las RUP.

En respuesta a la invitación de Clavijo del pasado 24 de noviembre, Fitto asegura que su gabinete ya está trabajando para cerrar las fechas concretas de este viaje “como parte del trabajo preparatorio” de las iniciativas a favor de las regiones ultraperiféricas que quiere lanzar su departamento en 2026.

El máximo responsable de la política de Cohesión del equipo de Ursula Von der Leyen confirma en este sentido en una carta enviada al presidente canario que está ultimando “una nueva estrategia” para las RUP “que irá acompañada de un paquete de simplificación regulatoria destinado a abordar los principales cuellos de botella a los que se enfrentan estas regiones”.

De cara a esa propuesta, Raffaele Fitto dice que su viaje al archipiélago tendrá como objetivo “obtener una comprensión más profunda de los desafíos y necesidades” de Canarias como región ultraperiférica. amparada por el artículo 349 del Tratado europeo.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea se comprometió por primera vez con las nueve regiones ultraperiféricas a aprobar esta estrategia en la cumbre RUP celebrada en Reunión el pasado mes de abril. También lo ratificó en la reunión de alto nivel que tuvo lugar en Bruselas el pasado noviembre, donde volvió a adelantar que esta reforma legislativa específica para las RUP se sustentará en cinco pilates: defensa, agua, energía, competitividad y vivienda.

Rafaelle Fitto, en su carta al presidente Clavijo, asegura que, pese a su propuesta de Marco Financiero Plurianual, la Comisión Europea mantiene vivo su compromiso de trato diferenciado con las RUP, “tal como se describe en el artículo 349 del Tratado” europeo. Sin embargo, el responsable de Cohesión considera positiva la creación de fondos nacionales y que los recursos económicos para las regiones ultraperiféricas queden en manos de sus Estados.

Compromiso RUP

A su juicio, el enfoque de la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 “está diseñado para mejorar la capacidad de la Unión para abordar las necesidades específicas de las regiones más alejadas garantizando un uso más coherente, flexible y coordinado de los recursos de la UE en todas las políticas cubiertas por los planes”.

En este sentido, Fitto considera que el texto que está sobre la mesa “preserva el trato diferenciado a las RUP, “ya que requiere que Francia, España y Portugal incorporen medidas específicas para apoyar a sus regiones más alejadas dentro de sus planes, con la opción de presentar un capítulo específico para cada” territorio ultraperiférico.

Las regiones ultraperiféricas “mantendrán la plena responsabilidad de la aplicación de dichos capítulos y seguirán en contacto directo con la Comisión Europea”, sostiene el vicepresidente de la Comisión en su misiva al presidente de Canarias. Al respecto, concreta que “las medidas” que tendrán que incluir los Estados en sus planes con fondos comunitarios “pueden abarcar inversiones estructurales y apoyo compensatorio a través de la cohesión y las políticas comunes de agricultura y pesca”.

Raffaele Fitto subraya que Canarias y todas las regiones ultraperiféricas “pueden seguir confiando en un marco de apoyo sólido y adaptado que fortalezca su integración en el proyecto europeo, al tiempo que abordan los desafíos específicos que plantean su situación geográfica”. Se compromete a garantizar en este sentido que los planes estatales “mantengan el trato diferenciado” de las RUP y que “se les proporcione el apoyo necesario, reflejando sus circunstancias únicas”.

El Gobierno destina un millón de euros para los Puntos de Encuentros Familiar en el segundo semestre de 2025

El Gobierno de Canarias ha concedido 975.455 euros a los Puntos de Encuentros Familiar (PEF) en el segundo semestre de 2025 destinadas a favorecer el funcionamiento de la Administración de Justicia y la protección de las personas vulnerables. Según ha informado la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto en el Consejo de Gobierno celebrado hoy, durante el año 2025 la cantidad ha ascendido a 1.572.110 euros, incluyendo al presupuesto de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Las subvenciones a las entidades beneficiarias han permitido el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro y del municipio de Santa Lucía de Tirajana, así como el programa ‘Coordinación de la parentalidad y asistencia a encuentros familiares’ del Centro de Orientación Familiar de Canarias.

Además, se han otorgado subvenciones para el coste de los programas específicos de Violencia de Género en Gran Canaria, Tenerife Norte; Santa Cruz de Tenerife; Fuerteventura; El Hierro, La Gomera y en el Punto de Encuentro Familiar Viogensur 2025, además de para la implementación de la perspectiva de Género en el PEF de Lanzarote.

Los Puntos de Encuentro Familiar son recursos sociales especializados que ofrecen un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar, se facilita la relación de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás miembros de la familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación se encuentra interrumpida o dificultada.

Estos recursos están llamados a cumplir una función esencial en materia de asistencia y protección de las personas menores de edad, actuando como espacios de intervención familiar y psicosocial destinados a garantizar que niños, niñas y adolescentes viven y se desarrollan en un ambiente seguro, estable y libre de violencia. La existencia de estos espacios resulta especialmente necesaria en supuestos de crisis y conflictividad familiar, o cuando se aprecie una potencial situación de riesgo para las personas menores que aconseje la intervención de profesional.

En los puntos de encuentro familiar se atienden tanto las derivaciones judiciales como las provenientes de órganos administrativos que tengan dentro de su competencia la tutela, protección y asistencia de las personas menores de edad, sea Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares o Administraciones Municipales. También prestan particular atención a aquellos supuestos en los que se derive un caso de violencia de género y para el que los puntos de encuentro familiar cuentan con un protocolo específico de actuación, que atiende especialmente a la condición de víctimas que tienen las personas menores y sus madres, orientando su actuación a su asistencia y recuperación.

También se consideran los puntos de encuentro familiar de interés público porque favorecen el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia al constituir un instrumento para la ejecución de las medidas judiciales dictadas por los Tribunales respecto del ejercicio del derecho de visita, evitando además situaciones que puedan derivar en violencia de género.

El Gobierno garantiza la atención jurídica gratuita y turno de oficio con 16,7 millones en el segundo semestre de 2025

El Gobierno de Canarias ha otorgado 16,7 millones de euros en subvenciones a los colegios profesionales de Abogacía y Procuraduría para garantizar la prestación de la atención jurídica gratuita y el turno de oficio durante el segundo semestre de 2025. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de estas concesiones para este servicio, que en todo el año 2025 ha ascendido a 30.398.244 euros.

Según información facilitada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la finalidad es el pago de la compensación económica por los gastos de infraestructura y funcionamiento derivados de este servicio.

Entre los beneficiarios están los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, además de los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Son estos colegios los que pagan a los profesionales del turno de oficio que atienden a las personas que carecen de recursos y necesitan una defensa jurídica.

En el gasto del año 2025 se ha contemplado también la subida de un 15% en los baremos por los que se retribuyen los servicios a estos profesionales. En el 2026 el incremento será del 7% y en el 2027 de un 8%, hasta alcanzar el 30% en los módulos acordado en tres ejercicios presupuestarios con los colegios en función de sus demandas de actualización del IPC.

En el coste de la justicia gratuita se incluye también la atención a las personas migrantes que llegan por mar a las costas canarias y que sigue sin ser abonada por el Estado.