Sociedad

28/05/2026 | 06:10   |   Rafael Aguirre  

El CGPJ rectifica y acepta la renuncia de una magistrada canaria por conciliación

El pleno revoca la decisión de la Comisión Permanente tras apreciar circunstancias excepcionales vinculadas a la protección de la infancia.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dejado sin efecto la adjudicación de una plaza en Galicia a una magistrada destinada en Canarias después de que esta solicitara renunciar al puesto alegando motivos de conciliación familiar y protección de la infancia.

La decisión fue adoptada este miércoles por unanimidad en el pleno del órgano judicial, que estimó el recurso de alzada presentado por la jueza contra el acuerdo de la Comisión Permanente del pasado 17 de febrero, cuando se rechazó inicialmente su petición de renuncia.

Un cambio tras la publicación en el BOE

La magistrada había participado voluntariamente en un concurso de traslado y obtuvo la plaza solicitada en Galicia. Sin embargo, tras la publicación oficial de la resolución en el Boletín Oficial del Estado el pasado 20 de enero, pidió que se le tuviera por renunciada al destino debido a «circunstancias familiares sobrevenidas».

La Comisión Permanente rechazó entonces la solicitud al considerar que contravenía la obligación legal de tomar posesión del cargo, tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fuentes cercanas a la magistrada señalaron en marzo que la petición estaba sustentada en razones de conciliación y protección de la infancia, por lo que la jueza recurrió la decisión reclamando que se aplicara una perspectiva de género y de infancia al caso.

El pleno aprecia circunstancias «estrictamente excepcionales»

Finalmente, el pleno del CGPJ ha revocado el acuerdo inicial al entender que concurren «de forma estrictamente excepcional y no generalizable» una serie de circunstancias que permiten declarar ineficaz la adjudicación de la plaza.

El órgano argumenta además que la magistrada no llegó a cesar en su destino actual ni tomó posesión de la nueva plaza en Galicia, por lo que no se ha generado perjuicio a terceros ni alteración del servicio público.

La resolución supone un giro respecto a la postura inicial mantenida por la Comisión Permanente y abre el debate sobre la conciliación familiar dentro de la carrera judicial y la aplicación de criterios vinculados a la protección de menores en este tipo de procedimientos administrativos.