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Actualizado: Jueves, 12 de Marzo de 2026
El Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves una propuesta de resolución en el marco del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria que insta al Gobierno central a aprobar el denominado “decreto Canarias”.
El Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves una propuesta de resolución en el marco del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria que insta al Gobierno central a aprobar el denominado “decreto Canarias” y a comprometerse con el desarrollo de la Agenda Canaria. La iniciativa salió adelante con el respaldo de los cuatro grupos que sostienen al Ejecutivo autonómico y la abstención del Partido Socialista Obrero Español.
El texto también recibió el apoyo mayoritario de la Cámara para reforzar y actualizar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), continuar con las transferencias pendientes del Estatuto de Autonomía y defender el estatus de Región Ultraperiférica en el próximo marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. En este punto, el único voto en contra correspondió a Vox.
Durante la sesión plenaria también se debatieron otras iniciativas vinculadas a infraestructuras y transporte. La Cámara solicitó al Estado más recursos para la construcción de vivienda —medida rechazada por Nueva Canarias-Bloque Canarista y Vox— y aprobó pedir la cogestión de los aeropuertos del archipiélago junto con la desprivatización de Aena. En este caso, el PSOE optó por abstenerse y Vox votó en contra. Además, el Parlamento volvió a descartar la implantación de una ecotasa turística.
El debate político estuvo marcado por el enfrentamiento entre Gobierno y oposición. La portavoz socialista, Nira Fierro, cuestionó el “triunfalismo” del presidente autonómico, Fernando Clavijo, y criticó que el Ejecutivo solicite más tiempo para resolver los problemas del archipiélago pese a la larga trayectoria de su partido en el poder. Según afirmó, el Gobierno regional evita asumir responsabilidades y atribuye la gestión a otras administraciones como el Estado, los cabildos o los ayuntamientos.
La dirigente socialista denunció además lo que calificó como una falta de acción ante retos clave para el archipiélago, citando cuestiones como el control del precio del alquiler, la implantación de una tasa turística o la regulación del alquiler vacacional. A su juicio, la declaración de emergencia habitacional no ha producido resultados y la situación del acceso a la vivienda continúa deteriorándose. Fierro también criticó lo que describió como una “política de brazos caídos” del Ejecutivo y defendió que su formación aspira a volver a gobernar en Canarias.
Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, la diputada Esther González cuestionó la gestión del Gobierno autonómico y aseguró que el Ejecutivo “se aleja de la realidad” ante problemas como la ejecución presupuestaria o las dificultades para gestionar fondos europeos. La formación también reclamó un acuerdo amplio para avanzar hacia un modelo turístico sostenible e incluso planteó una moratoria ante el crecimiento que, según advirtió, está presionando la vivienda, los servicios públicos y los recursos naturales.
La portavoz nacionalista Socorro Beato defendió, por el contrario, la línea política del Ejecutivo regional y criticó lo que calificó de discurso “apocalíptico” del PSOE. A su juicio, el Gobierno ha optado por un camino basado en el consenso frente a la confrontación política. En esa línea, respaldó el llamamiento del presidente para alcanzar acuerdos en asuntos como la financiación autonómica, el decreto Canarias, la condonación de la deuda y la defensa del estatus ultraperiférico en la Unión Europea.
El resto de grupos también fijaron posiciones durante el debate. El portavoz de Vox en la Cámara, Nicasio Galván, criticó el uso de los fondos europeos y calificó de “suicidio” la apuesta por las energías renovables, además de cuestionar la política migratoria y el impuesto AIEM. Por su parte, representantes de Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente defendieron las propuestas del cuatripartito y reclamaron medidas específicas para las islas no capitalinas, como incentivos fiscales o un refuerzo del REF que ayude a compensar los sobrecostes derivados de la doble insularidad.
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