Política

28/07/2025 | 13:23   |   Redacción 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS ACOSADAS

Artículo de Opinión de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.

La actualidad trepidante de Canarias está dejando en un segundo lugar el debate sobre decisiones de singular calado que el Gobierno del archipiélago está adoptando en contra del sistema universitario público canario. Ante esta situación no podemos permanecer impasibles. Considero que debemos reaccionar porque la aportación de la ULPGC y la ULL son fundamentales para nuestro desarrollo integral en las próximas décadas. Debilitarlo o desmantelarlo es poner en riesgo un modelo de progreso equilibrado, innovador y justo socialmente.

Hablar en Gran Canaria de la Universidad es revivir una catarsis que movilizó a toda la sociedad isleña y que culminó con una conquista histórica que se ha convertido en una de las señas de identidad de nuestra isla. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como ha dicho en muchas ocasiones el exrector Rubio Royo, nació del pueblo y existe para servirle. Pocas universidades tienen el respaldo, la complicidad y la estima social que arropa a la ULPGC. Por eso, todo lo que le afecta tiene una trascendencia pública enorme. En estos días se suceden informaciones y pronunciamientos de los equipos rectorales de las dos universidades públicas canarias que hablan de desacuerdos, malestar e intranquilidad por el trato que el Gobierno canario está dispensando a las principales instituciones académicas del archipiélago. Y ante esto no podemos mirar para otro lado.

La percepción de que la ULPGC vive momentos de incertidumbre o desprotección me genera, y probablemente también a una parte importante de nuestra sociedad,  una reacción de alarma y preocupación que es la que intento compartir con ustedes en la reflexión de esta semana. Han pasado 36 años desde la creación de nuestra Universidad y hoy como ayer reafirmo mi convicción de que está siendo una herramienta imprescindible para la generación de conocimiento altamente cualificado, para favorecer la igualdad de oportunidades y para democratizar la educación y la cultura.

Lo reitero con rotundidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es clave para el progreso social, económico, cultural y tecnológico de la isla y de las islas. Como lo es la Universidad de La Laguna. Y desde el Cabildo de Gran Canaria seremos firmes tanto en la colaboración estrecha con ella, con ellas, para fomentar todas aquellas áreas que necesiten de nuestra participación, como en la denuncia de actuaciones de otras administraciones o de sectores de influencia que debiliten o cuestionen el papel trascendental de la institución universitaria pública.

Hay cuatro cuestiones que me preocupan profundamente y que evidencian una estrategia deliberada en contra de nuestras universidades públicas: su financiación permanentemente deficitaria, la Ley de Consejos Sociales recientemente aprobada, el nuevo proyecto de Ley de la Ciencia en tramitación en el Parlamento de Canarias y la potenciación de las universidades privadas en esta Comunidad. No es casualidad que se hayan precipitado y coincidido en el tiempo estas decisiones, cuestionadas por los órganos de gobierno de las universidades públicas canarias. Demuestran una estrategia diseñada para debilitarlas.   

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nunca ha estado correctamente financiada pero en los dos últimos años la situación ha empeorado. En el año 2024 el proyecto de presupuesto no alcanzaba para garantizar las retribuciones del personal del sector público o los costes de la Seguridad Social. Las partidas de infraestructuras no permitieron afrontar las necesidades de mantenimiento o de conservación de las instalaciones ya en funcionamiento. Las universidades públicas canarias llevan varios años sin contrato programa que establezca un marco de financiación estable  que les permita avanzar en los objetivos de docencia e investigación que su participación en el desarrollo social y económico de las islas reclama. Las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna reciben una financiación por estudiante inferior a la media de las universidades españolas. Y este maltrato no es casual, porque no se da circunstancialmente y se produce, además, junto a otras decisiones que agravan esta desconsideración y que evidencian una política para disminuir la capacidad y el crecimiento de las universidades públicas en beneficio de las privadas.

Según el informe del Ministerio de Universidades, el Gobierno de Canarias es uno de los que menos invierte por estudiante universitario en España y en Europa. Canarias destina menos del 0’7% a la educación superior, cuando la media estatal se acerca al 1% y la europea supera el 1’3%. Cuando Canarias necesita invertir y crecer en conocimiento y en investigación, estos datos no permiten reducir el retraso que históricamente hemos padecido. Es inaceptable igualmente que el sistema universitario canario tenga la financiación más reducida del país para la investigación, lo que impide atraer y mantener talento investigador y limita su impacto científico y tecnológico. Las plantillas docentes y las infraestructuras de las universidades públicas tienen que actualizarse y con los presupuestos autonómicos aprobados esto no se consigue. Envejecen y se precarizan.

Por otra parte, la nueva Ley de Consejos Sociales universitarios se ha aprobado en Canarias en contra del parecer de los órganos de gobierno de las dos universidades públicas canarias. Lo primero que se denuncia es que ha faltado diálogo y que se percibe como una imposición que va a generar conflictos e ineficiencias. Y además, afirman los rectores, algunas disposiciones invaden la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente. Es muy grave que los rectores manifiesten públicamente que “esta actitud de ignorar a nuestras universidades públicas, por desgracia, no es nueva en Canarias, llueve sobre mojado”. Pocas veces habíamos escuchado en las últimas décadas una queja tan seria y desde el Cabildo de Gran Canaria no queremos guardar un silencio cómplice.

Con el paraguas de abrir las universidades a la participación social, lo que parece esconder esta medida es el interés de los sectores sociales más conservadores de esta tierra y de determinadas clases empresariales por controlar la universidad pública, en un contexto de asfixia económica y de potenciación de las universidades privadas. Y se hace además desde una visión utilitaria y economicista. No podemos obviar que de las universidades surgen los dirigentes políticos, sociales y empresariales del futuro y si bien es cierto que la universidad debe responder a las demandas de la sociedad y adaptar algunas de sus titulaciones a las necesidades económicas y sociales que se vayan generando, es imprescindible que siga siendo un espacio de generación de pensamiento crítico y plural. Lo que no puede ser es un espacio para el seguidismo del gobierno de turno o de intereses empresariales dominantes. Lo que no puede ser es que se pretenda su control absoluto para limitar el disenso, promover visiones conservadoras de la historia, la economía o la cultura y moldear generaciones futuras más afines a sus valores.

Y si los aspectos anteriores son graves, lo que está ocurriendo con el proyecto de Ley de la Ciencia que debate el Parlamento de Canarias alcanza niveles irracionales y  ponen en evidencia las intenciones y los objetivos que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular tienen en materia científica. Nadie puede entender que el proyecto se haya empezado a tramitar sin que las dos universidades hayan participado ni hayan sido consultadas con el fin de recibir aportaciones para su redacción. Es un contrasentido que las instituciones más potentes en investigación científica o en transferencia de conocimiento en Canarias hayan sido excluidas de una Ley que les afecta directamente. Este maltrato perjudica a toda la sociedad porque frustra una progresión investigadora en la que estamos esperanzados y además expresa un sesgo evidente, margina el protagonismo de la investigación pública en beneficio de intereses privados que el Gobierno ampara. Se proponen órganos asesores donde las universidades públicas, que representan más del 95% de la investigación en nuestra tierra, están en minoría a la hora de la toma de decisiones o de aprobación de programas. Esos consejos asesores funcionarán, en la práctica, como órganos políticos paralelos a los órganos democráticos de las universidades públicas. La buena noticia es que aún se está a tiempo de corregir este dislate. Esperemos que no pase como con la Ley de Consejos Sociales y que esta vez las universidades sean escuchadas y respetadas.

Y la pieza que cierra esta estrategia conservadora del Gobierno de Canarias, en sintonía con la que desarrollan los gobiernos de derechas del PP o del PP y VOX en las Comunidades donde gobiernan, es la potenciación y el crecimiento de las universidades privadas en detrimento del sistema público. Se autoriza la creación de nuevas universidades y la impartición de nuevos grados, en algunos casos en competencia clara con la oferta de las universidades públicas, con mayor facilidad y diligencia que los que cuesta autorizar los que promueven las instituciones públicas. La escasa financiación de las públicas, además, propicia que no puedan competir con las privadas en la consecución de nuevos grados. La realidad es que en los últimos años, el 80% de los nuevos títulos oficiales en Canarias se han aprobado para universidades privadas y solo un 20% para las públicas. En este último curso que ya ha finalizado, a las universidades privadas se les aprobaron 15 grados y ninguno a las públicas.  No se trata de que no haya competencia, sino de que esa competencia no sea tramposa.

Esta sucesión de hechos y de decisiones responden, insisto, a una estrategia de fortalecer universidades con una clara orientación ideológica conservadora que reduzcan el espacio plural y diverso de las universidades públicas. Y está sucediendo en España y en Europa, salvo en Alemania donde se protege al máximo la autonomía de la universidad pública. Esta oferta privada supone también una orientación social y económica muy determinante porque toda la población no puede acceder en igualdad de condiciones a unas enseñanzas costosas. Se da por lo tanto una selección social.

Las administraciones públicas y la sociedad que se movilizó a favor de la Universidad pública de Las Palmas de Gran Canaria tienen, tenemos el deber de reaccionar ante esta deriva que reduce la capacidad de nuestros principales centros superiores y desperdicia un capital investigador e innovador que tiene que mejorar, pero que ya está impulsando nuestro desarrollo integral.

Con la misma sinceridad tengo que manifestar que la respuesta de la comunidad universitaria no está siendo lo suficientemente conocida y articulada para que el conjunto de la sociedad perciba las enormes consecuencias de estas políticas. Conozco las manifestaciones de los equipos rectorales, pero estoy convencido de que ese malestar no está llegando, con información certera y veraz, al conjunto de la sociedad sensible y preocupada por un desarrollo basado en el conocimiento y la equidad, a la sociedad que salió a la calle a defender una universidad pública de vanguardia. Tampoco he percibido por parte  del profesorado, los sindicatos o los estudiantes una movilización acorde con la situación. Necesitamos una respuesta plural y proporcional a la gravedad del momento.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, hoy como ayer, sabemos de la trascendencia de un sistema universitario público de calidad y accesible a todas y a todos. Por eso, si hace 40 años nos movilizamos y conseguimos la creación de la ULPGC, hoy, cuando vive momentos de riesgo para su autonomía y progresión de futuro, debemos volver a manifestarnos de todas las maneras posibles para garantizar sus recursos y consolidar el capital docente e investigador del que nos sentimos orgullosas y orgullosos. La Universidad que nació de una marea social debe seguir contando con ese respaldo colectivo.