Estos son los acuerdos del Consejo de Gobierno de Canarias del lunes 21 de julio de 2025

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes 21 de julio en la sede de presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes 21 de julio en la sede de presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Más tarde, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, ha trasladado a la ciudadanía los acuerdos alcanzados en rueda de prensa:

Servicios Sociales destina 15 millones al programa de tarjetas para alimentos y productos de higiene

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno el gasto para la convocatoria en concurrencia competitiva de la concesión de subvenciones para las anualidades 2025, 2026 y 2027, destinadas a financiar el desarrollo del Programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica (Programa Básico) en Canarias, por un importe total que asciende a 15.921.797,50 euros.

A través de este programa se busca combatir la pobreza y la exclusión social, especialmente entre familias con menores a cargo, proporcionando ayuda económica para la adquisición de alimentos y productos de higiene básica, mediante un sistema de tarjetas monedero, que las familias podrán utilizar para el pago de esos productos en el supermercado.

El objetivo de esta convocatoria de ayudas no es solo sufragar los gastos que conlleva la provisión de estas tarjetas para la compra de productos de alimentación y de asistencia material básica, sino también impulsar el desarrollo de medidas de acompañamiento que tengan como fin favorecer la inclusión social de familias con menores a cargo que se encuentran por debajo del umbral de pobreza severa.

El programa de Asistencia Material Básica cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

La concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, que estarán gestionadas por la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, contempla una financiación de carácter plurianual 2025-2027, distribuida de la siguiente forma: 3.572.299,50 euros para el año 2025; de 6.113.535 euros para 2026 y 6.235,963 para 2027.

Requisitos de las familias beneficiarias

Según se establece en el propio programa europeo y en las bases de la orden de la convocatoria, la intervención se concentrará en las familias con menores a cargo, que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa. En concreto, serán destinatarias aquellas familias con menores a cargo que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la renta mediana estatal

Se establece, además, un importe de la ayuda entre los 1.560 euros y los 2.640 euros al año, lo que supone entre 130 y 220 euros al mes, en función de la composición de la unidad de convivencia.

La ayuda tendrá una validez reconocida de 12 meses, con posibilidad de prórrogas, cada una por ese mismo período. La persona que crea cumplir con los requisitos para solicitar la tarjeta monedero, puede acudir a su centro municipal de servicios sociales y solicitar información.

El Gobierno impulsa su primer concierto social para garantizar la atención a las personas en exclusión social

El Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto plurianual de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, destinado a financiar la suscripción del primer concierto social que se impulsa desde el Ejecutivo y que está destinado a la realización de acciones dentro del Programa de Lucha contra la Alta Exclusión en Canaria, Programa Integra en Canarias, por un importe que asciende a 4.205.374,50 euros.

El Programa de Lucha contra la Alta Exclusión en Canarias, también denominado Programa Integra en Canarias, es el primer concierto social impulsado por el Ejecutivo canario, una fórmula alternativa a las subvenciones lo que permitirá garantizar financiación y continuidad del programa desde noviembre de 2025 a diciembre de 2029, además, de asegurar el seguimiento continuado y personalizado de las personas beneficiarias de la Renta Canaria de Ciudadanía y evitar la paralización temporal de acciones, a veces causada por el retraso en la convocatoria de nuevas subvenciones, los retrasos en los convenios o las disponibilidades presupuestarias.

El Programa Integra contempla la ejecución de un conjunto de actuaciones dirigidas a personas y unidades de convivencia beneficiarias de la Renta Canaria de Ciudadanía y que han sido identificadas por los servicios sociales de los Ayuntamientos como personas o familias en situación de alta exclusión y como tales son derivadas al Programa.

A través de este programa se busca favorecer la integración social de las personas ofreciéndoles un acompañamiento e intervención a través de apoyos personales con profesionales de la psicología, el trabajo social y la educación social, dando respuesta a aquellas personas que están en una situación de alta exclusión social beneficiarias de la renta canaria de ciudadanía, desde una intervención centrada en la persona con un enfoque integral y conjunto, una actuación que va más allá del ámbito económico, ya que busca favorecer su integración social como paso previo a su inserción en el mercado laboral.

Además, el Programa se plantea como un trabajo en red que favorece y promueve la realización de estudios sobre la exclusión social en Canarias siendo, por tanto, un programa de carácter innovador que no solo atiende a las personas beneficiarias, sino que al mismo tiempo genera conocimiento sobre la realidad social del Archipiélago.

Con la aprobación del gasto plurianual en Consejo, se dota de cobertura financiera a la suscripción del concierto social para la realización de acciones dentro del Programa Integra en Canarias, tal y como se contempla en el Catálogo de servicios y prestaciones del Gobierno de Canarias, en el que se recoge como derecho subjetivo el servicio de programas de integración social para personas beneficiarias de la renta Canaria de ciudadanía en situación de alta exclusión social, servicio que se pretende desarrollar con el presente concierto.

Así se da cumplimiento al artículo 2 de la Ley de la Renta Canaria, donde se señala que el derecho a la inclusión social se define como el derecho de todas las personas a recibir los apoyos y el acompañamiento personalizado.

Al establecerse vía concertación social se auspicia una modalidad de gestión indirecta de la prestación de servicios sociales por la que el Ejecutivo canario puede suscribir acuerdos con entidades privadas de iniciativa social o mediante contratación administrativa para que desarrollen las actuaciones contempladas dentro del Programa.

El concierto del programa contempla un periodo de financiación plurianual que se iniciaría el 1 de noviembre de 2025 y terminaría el 31 de diciembre de 2029 con un coste estimado de 4.205.374,50 euros, estableciéndose las siguientes anualidades de financiación: 156.689,66 euros en 2025; 968.072,86 euros en 2026; 996.868,12 en 2027; 1.026.616,80 en 2028 y 1.057.128,06 euros en 2029.

El Gobierno destina 17 M€ a la ayuda a domicilio especializada en Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto correspondiente al expediente de la contratación administrativa del servicio de ayuda a domicilio especializada dirigido a las personas en situación de dependencia y del servicio de supervisión y control de calidad de los servicios domiciliarios, en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife, por una partida que asciende a 17 millones de euros.

La puesta en marcha de la contratación administrativa de este servicio en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife se lleva a cabo con el objetivo de fortalecer el servicio, por lo que, en colaboración con los cabildos de esas islas, se ha optado por modificar el modelo de prestación a la ciudadanía en situación de dependencia de estas islas.

Con la aprobación de este gasto en Consejo de Gobierno, la Dirección General de Dependencia, adscrita a esta Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, podrá iniciar la licitación del servicio de ayuda a domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia en las citadas islas, promocionando su autonomía personal y evitando el desarraigo de su entorno social y familiar.

A través del servicio de ayuda a domicilio especializada se ofrece a las personas en situación de dependencia o en riesgo de padecerla una ayuda que les permitirá atender las necesidades de su vida diaria, a la vez que se trabaja para incrementar su autonomía, posibilitando la permanencia en su domicilio y su inclusión en el entorno comunitario, evitando situaciones de aislamiento y de soledad no deseada.

Este servicio contempla la atención a las personas dependientes en la realización de las actividades de su vida diaria, así como los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas como limpieza, lavado y cocina, entre otros.

La contratación administrativa del servicio se dividirá en dos lotes, el Servicio de Ayuda a domicilio, por un importe de 16.882.300 euros, y el Servicio de supervisión y control de calidad, por 117.700 euros, correspondientes a las anualidades de 2025 y 2026.

El Gobierno amplía en 878.000 euros la partida para atender a las personas jurídicamente incapacitadas

 

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a incrementar en 878.506 euros la partida destinada a poder cumplir con las resoluciones judiciales de curatela legal de personas judicialmente incapacitadas.

Con esta ampliación de crédito se busca garantizar la cobertura financiera a las labores de curatela legal que lleva a cabo la Dirección General de Mayores y Participación Activa, a través de la entidad pública Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS), encargada de atender las necesidades de las personas cuya capacidad haya sido judicialmente modificada.

La tendencia alcista de los datos de personas que pasan a estar bajo la tutela del Gobierno canario por resolución judicial se ha ido incrementando considerablemente en los últimos años, de hecho, la previsión del servicio de Gestión de Medidas de Apoyo Cautelar para este año es de unas 224 nuevas altas.

A fecha diciembre de 2024, la Fundación FUCAS atendía a un total de 842 personas que, por sus diversos perfiles, han pasado a estar bajo la curatela de la Administración pública. La cifra de personas con incapacidad judicial atendidas por FUCAS en el año 2020 era de 340 personas, 502 menos que en 2024, lo que supone que el porcentaje de personas atendidas por el servicio de curatela del Gobierno canario se ha incrementado en más del 147,6%.

Personas en situación de vulnerabilidad con perfiles diversos

Las personas atendidas por FUCAS son personas a cuya incapacitación se ha llegado mediante un proceso judicial, en el que se ha evaluado la situación de la persona y se ha determinado la necesidad de medidas de apoyo por parte de la Administración pública.

Entre las circunstancias que se producen para que la persona pase a estar bajo la curatela de la Administración se encuentran algunas como estar sometida a un proceso de deterioro cognitivo; contar con una patología mental o dual, con problemas de drogadicción o/y trastorno mental. En todo caso, se trata de personas con necesidades sociales que no son cubiertas ni por ellas ni por su entorno familiar, por lo que son los tribunales de justicia los que asignan la curatela y las medidas de apoyo a la Consejería de Bienestar Social, pasando a ser atendidas por la Fundación FUCAS.

El Gobierno de Canarias y la Comunidad de Castilla-La Mancha colaborarán en materia de datos estadísticos

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, a instancias de la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y tras recibir informe favorable por parte del Consejo Consultivo de Canarias, la celebración de un convenio de colaboración con Castilla-La Mancha en materia estadística.

El acuerdo, que se firmará en próximas fechas, contempla la cesión de la tecnología de soporte a la difusión de la infraestructura de datos y metadatos estadísticos por parte del ISTAC al organismo competente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Esta tecnología, denominada eDatos, ha sido desarrollada por el Instituto Canario de Estadística, suscitando el interés de la vicepresidencia primera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su implantación y utilización, en el ejercicio de sus competencias en materia estadística. Por su parte, el ISTAC se puede beneficiar de las modificaciones y mejoras que la Oficina del Dato de dicha comunidad autónoma realice. La cesión de esta tecnología es completamente gratuita y tiene una vigencia de 4 años, a contar una vez transcurridos los 30 días desde la comunicación a las Cortes Generales, prorrogables otros cuatro.

El convenio refleja el espíritu de colaboración del Gobierno de Canarias con otras instituciones de cara a crear un marco en el compartir conocimientos, recursos y tecnología. De hecho, no es la primera vez que las comunidades autónomas de Canarias y Castilla-La Mancha colaboran. En diciembre del año pasado, se firmó un primer convenio en el que Castilla-La Mancha cedía el uso de los aplicativos de su propio sistema de control interno para su despliegue en la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno implementa la especialidad Jurídica de la escala de la Administración General

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha aprobado la implementación de la especialidad Jurídica de la escala de Administración General del cuerpo superior de la Administración General. La creación de esta especialidad estaba contemplada en el decreto ley 7/2024 de 31 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tras su tramitación parlamentaria ha dado lugar a la Ley 2/2025.

A través del presente acuerdo se establecen las directrices en materia de política de personal que llevará a cabo la Dirección General de la Función Pública para la identificación de los puestos de trabajo que puedan ser reclasificados y la modificación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo (RPT).

En el caso de que una vez implementado existan puestos de trabajo vacantes, se confeccionará la Oferta de Empleo Público, incorporando dicha especialidad en el número de plazas que resulte necesario, conforme a la planificación de recursos humanos, y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes.

El personal funcionario perteneciente a esta especialidad jurídica tendrá como funciones propias prestar asesoramiento jurídico especializado, elaboración de informes técnico-jurídicos, estudios jurídicos, convenios, bases reguladoras, pliegos de contratación, elaboración de disposiciones normativas, resolución de recursos administrativos, así como la realización de informes relacionados con la defensa en juicio de la Administración Pública para su remisión a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y para la ejecución de resoluciones judiciales que precisen de una especial cualificación jurídica. En ningún caso podrá suponer el desempeño de las funciones atribuidas a la escala de Letrados del Cuerpo Superior Facultativo.

Esta especialización profesional de la escala de Administración General tiene por finalidad proveer puestos de trabajo que por razón de un contenido eminentemente jurídico precisan de la aportación por parte de la persona que lo desempeña del conocimiento adquirido en su formación académica, teniendo en cuenta que para el acceso a esta especialidad se exigirá estar en posesión del título oficial universitario de grado en Derecho.

El personal de la escala de Administración General con dicha titulación podrá solicitar su integración en la especialidad jurídica, así como quienes la obtengan antes de que convoque el primer proceso de selección para la adjudicación de puestos.