Canarias lamenta el retroceso en la gestión de menores migrantes tras la Conferencia Sectorial

Ejecutivo central y comunidades autónomas han debatido sobre el decreto, en un clima marcado por las críticas de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que han calificado los criterios de reparto como arbitrarios y forzosos.

La Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia celebrada este lunes ha concluido sin cambios en el real decreto-ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados, ya convalidado por el Congreso. El Gobierno de Canarias ha expresado su frustración al considerar que se ha dado un paso atrás, dado que ahora se prevé una nueva convocatoria en formato ordinario.

Durante más de cuatro horas, el Ejecutivo central y las comunidades autónomas han debatido sobre el decreto, en un clima marcado por las críticas de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que han calificado los criterios de reparto como arbitrarios y forzosos. A pesar de ello, el texto legal solo puede ser modificado si existe unanimidad entre todas las comunidades.

Desde el PP han denunciado que no se les ha permitido votar el decreto, a lo que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha respondido que no hay votación posible sobre una norma ya ratificada por el Congreso, y que además no se ha presentado ninguna propuesta alternativa por parte de ese grupo político.

Rego ha lamentado que el debate se haya centrado en el bloqueo institucional y no en la crisis humanitaria que viven territorios como Canarias y Ceuta. Ha subrayado que el decreto está vigente y operativo, y ha criticado la ausencia de aportaciones constructivas por parte de las comunidades del PP, más allá de exigir la desconvocatoria de la reunión.

Asimismo el Gobierno ha anunciado que abrirá un plazo de diez días para que las autonomías actualicen sus datos de capacidad de acogida, con el objetivo de avanzar en el diseño de un reparto más preciso. Rego ha insistido en mantener la cooperación territorial, recordando que los criterios del decreto pueden ser modificados si todas las comunidades lo aprueban por unanimidad.