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Los beneficiarios que cumplan con los requisitos "no tendrán que esperar a completar toda su información económica para empezar a cobrar la ayuda" como sucede actualmente.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha avanzando este martes las novedades del Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes en materia de Vivienda que tiene como fin dar una "respuesta ágil" a la emergencia habitacional que padece la sociedad, "acrecentada en los últimos meses por la crisis sanitaria y económica derivada de la Covid-19".
Por ello, expuso que el Decreto aprobado permitirá abonar el 50 por ciento anticipado de las ayudas ya concedidas para el pago del alquiler a las personas afectadas por la crisis sanitaria de la Covid-19, de tal forma que se podrá agilizar el pago a unas 2.500 solicitudes de quienes aún se encuentren afectados por ERTE o desempleo. El resto de la ayuda será ingresada una vez se justifique al completo su situación económica.
Así, indicó el consejero los beneficiarios que cumplan con los requisitos "no tendrán que esperar a completar toda su información económica para empezar a cobrar la ayuda" como sucede actualmente, según informó el Gobierno canario en nota de prensa.
"Desde el pasado año el Instituto Canario de la Vivienda ha ido concediendo ayudas, entorno a las 280 ya han sido abonadas, pero somos conscientes de que el proceso interno es un trabajo muy lento, y una medida de esta naturaleza, de carácter extraordinario, requiere soluciones inmediatas", apuntilló.
Por ello, apuntó que a partir del próximo martes, 19 enero, se ingresará el 50 por ciento de la subvención a aquellas familias que, a 31 de diciembre de 2020, se encuentren en situación de desempleo o ERTE.
Por otro lado, el Decreto Ley se marca dos objetivos diferenciados como establecer el marco básico de las viviendas protegidas para su desarrollo posterior en los programas del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, y modificar la Ley de Vivienda que permita dotar de mayor agilidad a las futuras políticas de vivienda que se contemplan en dicho Plan para cubrir las necesidades en materia de vivienda y contribuir a la recuperación económica a través de la construcción y rehabilitación.
Por otro lado, indicó que el marco de régimen legal básico de las viviendas protegidas se fijará en el caso de viviendas de promoción pública un precio de alquiler de 228 euros, mientras que en las viviendas de promoción privada se podrán diferenciar dos casos: el de régimen especial que se aplicará a aquellos hogares que no superen 2,5 veces el IPREM o que sus ingresos anuales no superen los 18.798 euros al año y el régimen general que se aplicará a los hogares que no superen cuatro veces el IPREM, es decir, que ingresen menos de 31.634,4 euros anuales.
También se fijarán precios máximos al alquiler para estas viviendas de promoción privada, diferenciándose entre las de régimen especial que se fijará en 380,47 euros y en general que será de 441,34 euros por una casa de 75 metros cuadrados.
En cuanto al plazo de duración del régimen legal de las viviendas protegidas se mantiene en 30 años, sin posibilidad de descalificación, pero se establece la posibilidad de la recalificación a alquiler de las viviendas que eran inicialmente para venta.
MODIFICACIÓN
Respecto a la modificación de la Ley de Vivienda se centrarán en varios artículos, entre ellos, el artículo 6 que iguala el papel de los municipios al de los cabildos, lo que permitirá asumir a estas administraciones locales ciertas partes o actuaciones del Plan de Vivienda en su propio municipio (siempre previo acuerdo con el propio Instituto Canario de la Vivienda) dando como resultado la agilización del procedimiento.
También se modificará el procedimiento de adjudicación de viviendas, a través del artículo 47, permitiendo que las adjudicaciones de las viviendas protegidas pasen de ser por sorteo a adjudicarse por concursos en base a criterios determinados por la Consejería como pueden ser el nivel de renta; los miembros de la unidad familiar o la antigüedad en el registro de demandantes, "siendo más justo para quienes resulten beneficiarios".
Respecto a las novedades del Decreto Ley tienen como fin un objetivo doble, apuntando que buscará "combatir la emergencia habitacional que existe en Canarias, ya que desde hace ocho años no se acometen obras de construcción de vivienda, y generar inyección económica, con impulso al sector de la construcción, que permitirá crear empleo, en torno a los 24.000 en los próximos años", no solo en construcción, sino también en rehabilitación, reforzado por el Plan de Rehabilitación a nivel estatal, que el Gobierno de España ha aprobado en los PGE 2021 y que destina a Canarias 60 millones de euros para rehabilitación.
Así, el Decreto Ley permitirá ejecutar los programas recogidos en el nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, dotado con 664 millones de euros, para destinarlo a la construcción y adquisición de nuevas viviendas sociales, a la reforma del parque de viviendas de las islas y a distribuir ayudas a las familias más vulnerables para hacer frente a los alquileres de sus viviendas.
