JUSAPOL muestra en el Parlamento Vasco su rechazo a la ley vasca de abusos policiales

El jueves 4 de abril representantes de JUSAPOL, de la mano de la mesa de trabajo integrada por miembros del Sindicato Policial JUPOL y de la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL, acudirán al Pleno del Parlamento Vasco para mostrar su rechazo a la Ley Vasca de Abusos Policiales.

Después de meses de intenso trabajo, y habiendo mantenido reuniones con los Grupos Parlamentarios del Partido Popular Vasco, de los Socialistas Vascos, de los Nacionalistas Vascos y de Elkarrekin Podemos, representantes de JUPOL y de JUCIL estarán presentes en la votación por el Pleno del Parlamento Vasco de la iniciativa de modificación legislativa propuesta por el Grupo Nacionalista Vasco y el Grupo de Socialistas Vascos, con el que se pretende dar cumplimiento al compromiso alcanzado el año pasado entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España durante la negociación de la retirada del recurso de inconstitucionalidad planteado contra la Ley Vasca de Abusos Policiales con anterioridad por el Gobierno de España de la mano de Mariano Rajoy.

Desde JUPOL y JUCIL se ha seguido con preocupación las vicisitudes judiciales y parlamentarias de la Ley 12/2016, de 28 de julio, del Parlamento Vasco, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, especialmente desde que se hiciera público, apenas unas semanas después de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de una Ley análoga aprobada por el Parlamento Navarro, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España conformado después de la moción de censura para retirar precipitadamente el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca, y que ha impedido al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre su ajuste al orden constitucional en lo que no deja de ser un absurdo despropósito jurídico.

No puede ignorarse el conflicto competencial que se produce al permitir a un órgano administrativo creado ad hoc por el Gobierno Vasco realizar funciones propias de órganos judiciales, buscando valorar y reconocer vulneraciones de derechos humanos mediante un procedimiento administrativo, por definición menos garantista que un procedimiento judicial, y frente al que las opciones de recurso o de control de legalidad de sus actuaciones son mucho más limitadas, ya que, precisamente, un procedimiento administrativo no está configurado para la realización de funciones de investigación y reconocimiento de la comisión de hechos delictivos.

Esta Ley significa en esencia la negación del derecho de defensa y a un juicio justo con todas las garantías procesales, incluida la presunción de inocencia, reconocidos en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, generándose una situación de absoluta indefensión e inseguridad jurídica, con la excusa de que no se derivarán responsabilidades de ningún tipo porque no se busca atribuir responsabilidades, sino reconocer víctimas, como si detrás de cada víctima no hubiera un victimario, y añadiendo que, de todos modos, los hechos objeto de valoración se encuentran prescritos, como si la prescripción de la responsabilidad penal de los hechos objeto de valoración dentro de un procedimiento administrativo permitiera conculcar derechos constitucionales de quien, supuestamente, no deberá responder penalmente por las vulneraciones de derechos humanos que se determinen en base a las conclusiones alcanzadas por una Comisión de Valoración administrativa, y no por un Juzgado. La alusión a la figura de la prescripción evidencia que los promotores de esta ley son conscientes de los riesgos que pueden derivarse de su aplicación.

Una ley que pretende reconocer vulneraciones de derechos humanos sobre la base de vulneraciones de otros derechos humanos nace viciada de origen, porque el derecho internacional de derechos humanos reconoce y garantiza también el derecho de defensa y a un juicio justo en toda situación.

Resulta inaceptable que en un Estado de Democrático de Derecho el principio de legalidad y los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente sean vulnerados precisamente por quienes tienen la obligación de garantizarlos. En este caso, son las propias instituciones públicas quienes se convierten en el obstáculo que impide el control de la legalidad, de la constitucionalidad de la actividad legislativa en base a decisiones que responden a criterios de simple oportunidad política, pero no de interés general. Así mismo, son las mismas instituciones públicas quienes, en un grave acto de deslealtad institucional, facilitan el descrédito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Poder Judicial, y del propio Gobierno de España, en un nuevo intento del entorno nacionalista vasco de validar la teoría del conflicto y de las distintas violencias para legitimar los cincuenta años de violencia de la organización terrorista ETA.

Desde el Sindicato Policial JUPOL y la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL se promoverán todas aquellas incitativas que resulten necesarias para garantizar el derecho de defensa y la presunción de inocencia de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el derecho al honor y dignidad personal de los agentes y la buena imagen institucional de la Policía Nacional y la Guardia Civil, valedoras de la seguridad y del respeto del marco constitucional y de los derechos y libertades en el Estado Español.