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Actualizado: Miércoles, 17 de Abril de 2024
Aunque Brusela autorizó ayer el plan, éste se está ultimando por lo que tendrá que esperar al próximo consejo de ministros.
El Gobierno ha aplazado la aprobación del plan para bajar el precio de la luz, que estaba previsto que entrara en el Consejo de Ministros de este martes. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez esperan poder hacerlo en la próxima reunión de gobierno. En este sentido, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica insisten en que están trabajando para aprobarlo "lo antes posible".
Este lunes se conocía que España y Portugal habían obtenido la preautorización de Bruselas para la denominada excepción ibérica para así topar el precio del gas utilizado en la producción eléctrica y abaratar el precio de la luz. Un aval que desde la propia Unión Europea se encargaron de matizar que estaba pendiente de matices técnicos.
El pasado 26 de abri hubo acuerdo político
España y Portugal anunciaron el pasado 26 de abril que habían llegado a un "acuerdo político" con la Comisión Europea para limitar en el mercado mayorista de la electricidad de los dos países el precio del gas, utilizado por las centrales de ciclo combinado para producir luz, y así aliviar la factura de los consumidores.
La aplicación del tope tendrá una duración de doce meses y empezará con un precio medio del gas de 40 euros el megavatio hora para luego ir incrementándose y estabilizarse en unos 50 euros el megavatio hora de media en todo el periodo.
La propuesta inicial era que ese límite fuera de 30 euros el megavatio hora, con lo que se reduciría aproximadamente al 50% el importe de las facturas de los consumidores con una tarifa indexada al mercado (los de tarifa regulada).
Si bien España y Portugal no han conseguido que Bruselas respalde ese límite, sí que han logrado que la medida se aplique durante doce meses y no solo hasta final de este año, como se contemplaba en el borrador hispano-luso.
El acuerdo beneficiará cerca del 40% de los consumidores domésticos -aquellos que tienen tarifa regulada- y hasta al 80% de los industriales, cuyas facturas están vinculadas al mercado mayorista de la electricidad, según avanzó entonces la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En el caso portugués, los beneficiados se quedan en un 3%.
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