Sociedad

22/04/2026 | 06:35   |   Redacción  

Justicia avala la caducidad ambiental del Circuito del Motor de Tenerife

El TSJC desestima el recurso del Cabildo y respalda la vigencia limitada de la declaración ambiental de 2011.

Por Redacción | RADIO LAS PALMAS | NA

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el recurso de apelación presentado por el Cabildo de Tenerife y confirma la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del Circuito del Motor de Granadilla. La resolución respalda así el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que ya había determinado que la evaluación ambiental había perdido su vigencia al no iniciarse las obras dentro del plazo previsto.

La demanda fue impulsada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, que cuestionó la validez del proyecto de explanaciones e instalaciones, incluidos los graderíos desmontables del futuro parque internacional del motor. Según este colectivo, la declaración ambiental fue aprobada en 2011 y no se ejecutaron las actuaciones en el tiempo establecido, lo que provoca su caducidad legal.

Procedimientos aún pendientes

El colectivo ecologista ha recordado que este fallo forma parte de un conjunto más amplio de litigios en torno al circuito. En concreto, señala que existen otros procedimientos en curso en el propio tribunal relacionados con modificaciones del proyecto, entre ellos la fase 2 del acceso norte, la adaptación del trazado al plan de defensas frente a avenidas y cambios en la pista de velocidad.

Desde ATAN sostienen que la continuidad del proyecto implica «un desembolso millonario» para las arcas públicas en un contexto que califican de «crisis medioambiental», al tiempo que advierten del impacto sobre el entorno natural de la isla.

Críticas por el impacto ambiental

La organización ecologista también alerta de una «regresión de los valores naturales» en Tenerife y de una pérdida de calidad ambiental que consideran «alarmante», vinculada a políticas públicas y privadas que, a su juicio, han favorecido este tipo de desarrollos.

El Cabildo de Tenerife, por su parte, había defendido la vigencia del proyecto y recurrió la primera resolución judicial, ahora ratificada por el TSJC, lo que supone un nuevo revés jurídico para la infraestructura.