CEAR advierte de un retroceso en derechos mientras defiende la regularización como solución.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS
El giro en la política migratoria europea sitúa a Canarias en una posición clave dentro del nuevo escenario comunitario. Juan Carlos Lorenzo, coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, analizó este marco en el programa Buenos días a las 8 de Radio Las Palmas, dirigido por Dulce María Facundo, donde advirtió de las consecuencias del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y defendió la regularización extraordinaria como respuesta eficaz.
Lorenzo sostuvo que el nuevo marco supone un cambio de enfoque que prioriza el control sobre la protección. «Es un paso atrás porque prioriza la externalización de fronteras y el retorno de las personas», explicó. A su juicio, esta estrategia refuerza medidas que pueden derivar en una pérdida de garantías y en un mayor peso sobre territorios como el archipiélago.
Un territorio en primera línea migratoria
El responsable de CEAR manifestó que la realidad migratoria en Canarias es más compleja de lo que se percibe. «Hablamos de una realidad que va más allá del mar», señaló, al recordar que a la Ruta Canaria se suman también los flujos por vía aérea procedentes de países latinoamericanos como Venezuela, Colombia o Cuba.
La ruta marítima, activa desde hace más de tres décadas, continúa marcada por el riesgo. «Las desapariciones y la muerte forman parte del día a día de esta ruta», afirmó, en referencia a las condiciones extremas que afrontan las personas que emprenden la travesía, impulsadas por factores como la desigualdad, los conflictos en el Sahel o la degradación ambiental.
Riesgo de retención en Canarias
Uno de los efectos más preocupantes del nuevo pacto europeo se sitúa en la gestión en frontera. Lorenzo avisa de que los procedimientos de valoración inicial pueden derivar en la retención de personas en territorios ultraperiféricos. «Podríamos ver a personas esperando en Canarias a ser retornadas, en una situación que entendemos indeseable», expuso.
Este panorama, añadió, podría aumentar la presión sobre los recursos disponibles en las islas y consolidar un modelo de contención que desplaza el problema sin resolverlo de fondo.
Regularización como oportunidad económica y social
Frente a este contexto, Lorenzo defendió la regularización extraordinaria como una herramienta clave. «Genera beneficios para todos», indicó, al destacar que permite garantizar derechos y facilita la incorporación de miles de personas al mercado laboral formal.
En Canarias, se estima que entre 30.000 y 45.000 personas podrían acogerse a este proceso, lo que tendría un impacto directo en la economía. Cada persona regularizada puede aportar entre 3.000 y 4.000 euros netos anuales, una contribución que refuerza el tejido económico y social del archipiélago.
El reto principal se sitúa en la capacidad administrativa para gestionar el volumen de solicitudes. «Necesitamos músculo burocrático para tramitar y resolver los expedientes con agilidad», advirtió, en referencia a los plazos fijados hasta el 30 de junio.
En este proceso, las entidades sociales desempeñan un papel clave. Lorenzo destacó la labor de organizaciones como CEAR en tareas de información, asesoramiento y tramitación. «Somos quienes trabajamos con las personas en el día a día y eso facilita el proceso», explicó.
También valoró la implicación de administraciones locales, como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que han activado mecanismos para facilitar la gestión documental.
Más allá de las medidas concretas, Lorenzo puso el foco en el clima social. Criticó los discursos que vinculan migración con inseguridad y advirtió de sus efectos. «Son mensajes que generan competencia entre personas vulnerables», afirmó.
Como cierre, se refirió a la convivencia y a la comprensión de la diversidad. «Debemos ser conscientes de que vivimos en sociedades interculturales y apoyar los proyectos de vida de quienes llegan», planteó.
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