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Actualizado: Viernes, 16 de Enero de 2026
La intervención de Beatriz Calzada ordena el debate entre legalidad, seguridad y uso público.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS
La controversia generada en torno al caso de Margarita y la retirada de su embarcación del Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto un debate que trasciende lo personal. La intervención de Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en el programa Buenos Días a la 8, que dirige Dulce María Facundo, permitió situar los hechos en un marco distinto al que había ganado espacio en la opinión pública.
Desde el inicio, Calzada marcó una línea clara. «En ningún caso se trata de un procedimiento de desahucio de una persona», señaló, para centrar el foco en una actuación administrativa vinculada a la seguridad portuaria y al cumplimiento de la normativa vigente. Su relato se construyó a partir de una cronología precisa que comienza en abril de 2023 y culmina con una orden judicial que obligaba a retirar una embarcación que no reunía condiciones mínimas de navegabilidad.
Un procedimiento largo y documentado
Según explicó la presidenta, la Autoridad Portuaria actuó tras constatar que el barco carecía de mástil y motor, además de presentar deficiencias que afectaban al casco. Durante más de dos años se realizaron requerimientos a la propietaria para que subsanara estas carencias. «Si hubiese arreglado su embarcación, su barco seguiría amarrado», afirmó.
El proceso incluyó la posibilidad de alegaciones, que Margarita presentó. Sin embargo, dichas alegaciones no abordaban el estado técnico de la embarcación. Finalmente, y tras agotar la vía administrativa, fue necesaria una autorización judicial para proceder a la retirada antes del 17 de enero. La presidenta insistió en que esta secuencia es habitual en casos similares y responde a una obligación legal.
«La responsabilidad penal sería nuestra»
El elemento que convirtió el caso en un conflicto social fue el conocimiento tardío de que la propietaria residía en el barco. Calzada explicó que en toda la documentación constaba un domicilio en tierra, una circunstancia que la Autoridad Portuaria no está obligada a verificar. «Tenemos que dar por cierto lo que nos dice el usuario», subrayó.
Cuando se tuvo constancia del riesgo social, se comunicó la situación al Ayuntamiento, competente en la atención a personas sin techo. «Actuó como tiene que actuar», reconoció Calzada, que negó una falta de coordinación institucional. También se aseguró la custodia de las pertenencias de Margarita y su posterior entrega, una vez autorizada.
Uno de los argumentos más firmes de la intervención fue el de la responsabilidad. Mantener una embarcación en mal estado supone un riesgo para su ocupante y para el resto de usuarios del muelle. «Si le pasa algo, la responsabilidad penal sería nuestra», advirtió la presidenta, aludiendo a escenarios como incendios o vías de agua.
Este planteamiento invierte la carga del debate. No actuar, según defendió, habría sido una negligencia. La retirada del barco se presenta así como una medida de protección, no como un castigo.
Un debate que va más allá
Más allá del caso concreto, la intervención abordó la cuestión de la residencia permanente en el Muelle Deportivo. Calzada fue tajante. «La Ley de Puertos del Estado no ampara la residencia permanente», afirmó, al considerar que supone un uso privado de un espacio público. Los amarres son autorizaciones temporales, sujetas a renovación y a listas de espera.
Para ilustrar esta idea, recurrió a un ejemplo sencillo. «Plantar una caseta en una playa pública no da derecho a vivir allí», comparó, trasladando esa lógica al ámbito portuario. La Autoridad Portuaria ha iniciado procedimientos administrativos en torno a una treintena de embarcaciones en situaciones similares, un proceso que avanza con cautela y que previsiblemente terminará en los tribunales.
La presidenta planteó un escenario que abre un debate de mayor alcance. Si la justicia avalara la residencia permanente, el Muelle Deportivo debería replantear su naturaleza. Podría dejar de ser un espacio portuario para convertirse en un ámbito residencial, gestionado por otras administraciones. «No tenemos competencias en vivienda ni en servicios sociales», recordó.
El conflicto, por tanto, no es solo administrativo. Afecta al modelo de ciudad, al uso del espacio público y a la presión habitacional que vive Las Palmas de Gran Canaria. La intervención de Beatriz Calzada no resuelve estas tensiones, pero sí las ordena y delimita responsabilidades, un ejercicio necesario en un debate cargado de emoción y simplificaciones.
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