Estos son los acuerdos del Consejo de Gobierno de Canarias del martes 29 de julio de 2025

Varios miembros del Gobierno de Canarias han comparecido en rueda de prensa para informar a la ciudadanía después de la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en el Cabildo de El Hierro.

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Tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes 29 de julio en el Cabildo de El Hierro, han comparecido en rueda de prensa para informar a la ciudadanía Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias; Matilde Asián, consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea; Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria; Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno.

El Gobierno de Canarias fija el límite de gasto en 12.143 millones de euros para el próximo ejercicio 2026

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, fijar el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026 en 12.143.143,09 millones de euros. Esta cifra supone 538 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2025.

Ahora bien, este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2026 en concepto de financiación afectada. Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones atendiendo al cálculo del saldo ajustado de la CAC en 2026 o si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

Exigencia de cumplimiento de la regla del gasto

El límite de gasto no financiero de 2026 lo determina la regla del gasto, que señala que la variación del gasto computable de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española (3,3% en 2026).

La aplicación de esta norma conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 106,58 millones de euros para 2026. Esta cifra representa un 0,17% del PIB, es decir, un porcentaje superior al 0,1% del PIB establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 para las comunidades autónomas.

En consecuencia, los posibles fondos provenientes de mayores recursos del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) y de otros ingresos no financieros de 2026 respecto al inicial de 2025, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, no se podrán destinar ni a financiar las necesidades básicas de los canarios, ni a bajar impuestos.

Ante estas distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea insiste en que el incumplimiento de la regla de gasto no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), siempre que la comunidad autónoma mantenga “equilibrio o superávit estructural” y deuda inferior al 13% del PIB. Esta propuesta del Gobierno de Canarias es absolutamente respetuosa con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea, por lo que anima a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias a apoyar esta propuesta de disposición legal.

Marco normativo y magnitudes tomadas en cuenta

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), obliga a las comunidades autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.

En el momento actual no se han aprobado los objetivos de estabilidad y deuda pública para el período 2025-2027 y 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores, ni los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria de cada una de las Comunidades Autónomas en la forma establecida en la LOEPSF. Por lo tanto, la última referencia considerada por el Ministerio de Hacienda, sobre la base del criterio establecido en el informe de la Abogacía del Estado en diciembre de 2023, es el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026, que contempla en 2026, un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas.

En cuanto a la regla del gasto, la variación del gasto computable determinada por el Ministerio de Hacienda para la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española fijada en un 3,3% para 2026.

Respecto a los recursos del Sistema de Financiación Autonómico, el pasado 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Real Decreto-ley 6/2005, de 17 de junio, sobre las medidas relativas a los recursos de os sistemas de financiación territorial. El importe provisional de las entregas a cuenta para el ejercicio 2026 asciende a 6.800 millones de euros, mientras que la previsión de la liquidación definitiva del año 2024 se cifra en 1.100 millones de euros. En total, la cantidad del SFA por ambos conceptos se cifra en 7.900 millones de euros.

Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto. Con la determinación de esta cifra, el Gobierno de Canarias puede iniciar la elaboración del presupuesto 2026, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.

El Gobierno aprueba las directrices para la elaboración del Plan de Vivienda de Canarias 2026-2029

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, las directrices que marcarán la elaboración del Plan de Vivienda de Canarias para el periodo 2026-2029. Con este acuerdo, el Ejecutivo autonómico cuenta con un marco para dotar a las islas de un nuevo instrumento estratégico que permita afrontar con eficacia y realismo los retos actuales en materia de vivienda.

Asimismo, se ha declarado la tramitación de urgencia del procedimiento, dada la situación de emergencia habitacional que atraviesa Canarias, reconocida como de interés general excepcional por el Decreto Ley 1/2024. Esta decisión permite agilizar el desarrollo y aprobación del nuevo plan, reduciendo los plazos administrativos, pero garantizando en todo momento la participación ciudadana y la consulta a los órganos representativos locales e insulares.

El futuro Plan de Vivienda 2026-2029 tendrá una clara vocación social, poniendo el foco en los colectivos con mayores dificultades de acceso, especialmente jóvenes, mayores, familias vulnerables y trabajadores que, a pesar de tener ingresos, no pueden afrontar los precios del mercado libre. También promoverá soluciones específicas para los municipios rurales, fomentando el equilibrio territorial, la dinamización del medio rural y la lucha contra la despoblación.

Además de reforzar el parque público de vivienda y asegurar su uso justo y eficiente, se apostará decididamente por fórmulas innovadoras como la vivienda asequible incentivada, por el alquiler como opción accesible y estable, y por la colaboración público-privada para poner en el mercado nuevas promociones a precios razonables. La rehabilitación del parque edificado, la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos, la mejora de los procedimientos de adjudicación y la lucha contra la ocupación ilegal o el fraude también ocuparán un lugar central en la planificación.

El nuevo plan será concebido como una herramienta abierta y participativa, promoviendo el diálogo con las instituciones y con la ciudadanía, a través de un proceso transparente y accesible que se articulará en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias. Además, integrará de forma transversal la perspectiva de género y la diversidad, mediante la incorporación de evaluaciones específicas desde la fase inicial.

En paralelo, se llevará a cabo un trabajo de coordinación interdepartamental, consulta técnica, evaluación presupuestaria y análisis normativo para asegurar que el plan sea viable, coherente y ajustado a las capacidades de ejecución del Gobierno de Canarias, todo ello con la máxima cooperación y coordinación del sector, las administraciones locales e insulares y los grupos parlamentarios. Una vez superadas todas las fases, el texto definitivo será elevado al Parlamento de Canarias para su pronunciamiento y, posteriormente, aprobado por el Consejo de Gobierno.

El consejero Pablo Rodríguez ha subrayado que “la vivienda es hoy uno de los principales desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Canarias necesita respuestas urgentes, realistas y valientes, pero también planificadas. Con estas directrices damos un paso firme para construir una política de vivienda moderna, sensible a la realidad insular y comprometida con la hoja de cohesión social y territorial del Archipiélago”.

Asimismo, el consejero responsable del área ha explicado que el nuevo Plan de Vivienda de Canarias parte de un trabajo riguroso centrado en los contenidos previos y de análisis que exige la normativa para garantizar su validez y eficacia. “Durante los últimos meses, los esfuerzos se han concentrado en esa fase inicial de diagnóstico, que incluye la evaluación del grado de ejecución del plan anterior, el análisis actualizado de las necesidades de vivienda y suelo por islas, la situación del parque de viviendas deshabitadas y un estudio detallado sobre los déficits en equipamientos y servicios complementarios. Esto es esencial para priorizar las actuaciones futuras, con especial atención a los colectivos con menos recursos, y asegurar que el nuevo plan sea realista, coherente con la realidad actual y capaz de corregir errores del pasado”, ha detallado Rodríguez.

Proyectos de vivienda en El Hierro

Además, el consejero ha dado cuenta en esta sesión del Consejo de Gobierno de las previsiones de vivienda para la isla de El Hierro, con proyectos en los municipios de El Pinar y La Frontera.

En El Pinar, se trabaja en la recuperación de un edificio de dos plantas y cuatro viviendas ubicado en la calle El Chamarro, que cuenta con un grado de ejecución del 35,8 %, y que tiene un presupuesto de licitación aproximado de 522.000 euros, pendiente únicamente de la acreditación de la vigencia de la licencia de obra para formalizar la compra-venta. Por otra parte, en La Frontera, Visocan proyecta un edificio de 24 viviendas en una de las dos parcelas adquiridas, con una inversión estimada de 4,4 millones de euros. Además, asumirá la urbanización de ambas parcelas con un presupuesto de 600.000 euros. La licitación de las obras está prevista para el último trimestre del año.

El Gobierno aprueba el proyecto de decreto para agilizar y simplificar la valoración del grado de discapacidad

El Gobierno de Canarias ha aprobado este martes el proyecto de Decreto ley por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias. Su entrada en vigor se producirá tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y convalidación posterior en el Parlamento canario.

La principal virtud de este nuevo decreto es que contempla un anexo en el que se listan una serie de patologías susceptibles de determinar un grado de discapacidad automático del 33%, 65% o 75%. Con la solicitud de discapacidad y la acreditación de alguna de las patologías incluidas en el anexo se emitiría una valoración por informe, sin necesidad de que la persona tenga que ser valorada de forma presencial.

Además, se han contemplado perfiles prioritarios de colectivos más vulnerables, como la ampliación de la prioridad, que hasta ahora disfrutaban los menores de entre 0 y 6 años para la atención temprana, a los menores de 18 años. Con esta ampliación se pretende aportar un valor a la concesión del grado de discapacidad ya que no solo se tendrá en cuenta aspectos estrictamente médicos sino también condicionantes sociales graves que permitirán a estos menores una mejor integración mediante, por ejemplo, el acceso prioritario a becas o ciertos derechos que suavizan su incorporación en entornos como institutos o universidades.

Tarjeta de aparcamiento, de oficio

Otra novedad relevante es que se crea un procedimiento especial, vinculado al anexo, que genera de oficio la tarjeta de estacionamiento tras la resolución, y evita así a la ciudadanía trámites engorrosos.

Por otra parte, se impulsa la estrecha coordinación con la Dirección General de Servicios Sociales para la asignación de las Pensiones No Contributivas.

Otros de los aspectos relevantes es que, por primera vez, va a existir una coordinación de la Dirección General de Discapacidad con el Servicio Canario de Salud, para poder usar sus profesionales para emisión de informe y reducir la lista de espera. Habrá, asimismo, coordinación con la Consejería de Educación, cuando se trata de menores, y con los colegios profesionales de Canarias, lo que permitirá el apoyo de profesionales específicos para completar los informes que sean necesarios.

Este proyecto de decreto, impulsado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se ha sometido a lo establecido en la normativa estatal (RD 888/2022). En el mismo sentido, cada una de las patologías recogidas en el anexo del decreto canario han sido cotejadas con el BAREDI, la herramienta estatal que incorpora criterios médicos, psicosociales y ambientales, para baremar el grado de discapacidad que puede tener cada persona solicitante.

El nuevo proyecto se estructura en cuatro títulos, en los se recogen el objeto y ámbito de aplicación, las competencias y equipos de valoración, el procedimiento y la revisión; cuatro disposiciones adicionales; una disposición transitoria; una disposición derogatoria; cuatro disposiciones finales y un Anexo.

Como recoge en el Título I, esta norma se configura como un instrumento necesario para favorecer que el procedimiento administrativo para el reconocimiento del grado de discapacidad “sea más eficiente, acortando los plazos en los que la Administración reconoce esa situación de discapacidad y que este no suponga una carga para la ciudadanía, facilitando a los equipos multiprofesionales una aplicación más eficiente en el proceso de valoración y una mayor optimización de los recursos públicos, con procesos específicos de valoración”.

La aprobación de un decreto específico en Canarias se justifica de manera especial en la necesidad de atender las singularidades de un territorio insular fragmentado y por tanto garantizar un tratamiento igualitario en la atención procedimental en cada una de las islas, evitando la primacía en la facilidad de acceso a los servicios en las grandes islas, frente a las islas no capitalinas.

El Gobierno financia con 7 millones de euros los programas municipales de atención a la infancia y las familias

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo este martes 29 de julio, ha autorizado que la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias financie con siete millones de euros los programas de protección a la infancia y las familias que desarrollan los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A través de esta financiación, los ayuntamientos impulsan los servicios de atención, información y asesoramiento en materia de infancia y familias; la detección o declaración de situaciones de riesgo; la guarda provisional de menores; la constitución de unidades administrativas o servicios específicos de atención o la creación y gestión de unidades de atención inmediata y permanente a niñas y niños.

También financian la gestión de las prestaciones económicas, la recogida de datos y realización de estudios y estadísticas sobre las necesidades municipales; escuelas de información y formación a familias; y medidas, en colaboración con los consejos escolares, que garanticen la escolarización obligatoria, entre otros.

El reparto económico entre los ayuntamientos se realizará según el acuerdo adoptado el pasado 5 de septiembre de 2024, entre la Federación Canaria de Municipios y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. En ese momento se estableció un Protocolo General de orientación y actuación para el reparto objetivo de los créditos en esta materia.

Los criterios de reparto atienden a la población total de cada municipio, la población infantil, el número de menores que atienden y el porcentaje de población en desempleo.

El Gobierno autoriza el Plan Estratégico de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social para los próximos años

El Consejo de Gobierno ha autorizado la Planificación Estratégica de la Fundación Tutelar Canaria para al Acción Social, MP (FUCAS), 2025-2027, adscrita a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Este instrumento de planificación permitirá a la Fundación optimizar su funcionamiento, mantener los servicios que presta actualmente y fortalecer su estructura con la finalidad de poder atender al incremento de necesidades en materia de personal que se prevé tener en estos servicios.

FUCAS es una fundación pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que ofrece servicios a personas en situación de vulnerabilidad, a través de apoyos profesionalizados y un acompañamiento activo en los ámbitos social, educativo y sociosanitario. La entidad tiene encomendada, a través de un encargo a medio propio, el servicio de gestión de medidas de apoyo a personas curateladas, gestiona centros y servicios y a partir de ahora tiene el encargo para valoración de la discapacidad, con la intención de impulsar la eliminación de las listas de espera para la determinación del grado de discapacidad.

Las previsiones de plantilla de FUCAS contemplan la contratación de 153 personas en total hasta 2027. Para lo que se refiere al encargo de Gestión de Medidas de Apoyo a Personas Curatelas, que prevé 305 nuevas altas en 2025, otras 369 en el ejercicio 2026 y 436 en 2027, se incrementará el personal en 99 personas más (35 en este año, 28 en 2026 y 36 en 2027).

En cuanto a Servicios Generales, la planificación contempla el incremento de personal en cuatro personas en este año y en el Centro de Día los Ruiseñores en este año se ha incorporado una persona más.

Para realizar las tareas del encargo de valoración discapacidad se contratará a 27 personas, y para la ampliación del encargo de asistencia en materia de dependencia, como es la elaboración de informes PIA, se contratará a otras 22 personas. Estas contrataciones se enmarcan dentro de la estrategia de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de intensificar el ritmo de eliminación de listas de espera tanto de discapacidad como de dependencia. En esta última, además, impulsará los Planes Individuales de Atención (PIA) de aquellas personas que fueron valoradas previa a la entrada en vigor del sistema monofásico de valoración y que, teniendo su grado, no disponían aún de su PIA.

Incremento en la atención de personas con incapacidad

A fecha diciembre de 2024, la Fundación FUCAS atendía a un total de 842 personas que, por sus diversos perfiles, han pasado a estar bajo la curatela de la Administración pública. La cifra de personas con medidas de apoyo judicial atendidas por FUCAS en el año 2020 era de 340 personas, 502 menos que en 2024, lo que supone que el porcentaje de personas atendidas por el servicio de curatela del Gobierno Canario se ha incrementado en más del 147,6%.

Las personas atendidas por FUCAS son personas a cuya modificación de su capacidad ha llegado mediante un proceso judicial, en el que se ha evaluado la situación de la persona y se ha determinado la necesidad de medidas de apoyo por parte de la Administración pública.

A través de este Plan Estratégico se define el futuro a medio plazo de esta entidad, estableciendo las directrices de trabajo y la línea de crecimiento para poder mejorar la cobertura de atención de colectivos vulnerables.

El proyecto de envejecimiento activo contará con más de seis millones de euros para su desarrollo hasta 2027

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy al presupuesto plurianual que financiará la prestación del servicio para poner en marcha un proyecto dirigido a promover el envejecimiento activo, la solidaridad intergeneracional y a fomentar una aproximación lúdica al hecho de envejecer, que será llevado a cabo a través de las fundaciones del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas.

El presupuesto será de un total de 6.097.704.88 euros divididos en tres años hasta 2027.

En Canarias, las fundaciones de los dos clubes de fútbol profesional vienen impulsando desde hace años importantes proyectos de carácter social, y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y, más concretamente, desde la Dirección General de Mayores y Participación Activa, ha puesto interés en introducir medidas que aprovechen el potencial desarrollado por las fundaciones como herramienta transformadora en el ámbito de las políticas de apoyo a las personas en el proceso natural de envejecimiento saludable.

Existen precedentes de éxito en el ámbito internacional que avalan el relevante papel del deporte con los objetivos de mejorar la imagen social del envejecimiento y la sensibilización de la sociedad al respecto. Además, se promocionará este proceso desde una óptica lúdica y socializadora; se abordará la prevención de la soledad no deseada; se incidirá en la solidaridad intergeneracional y se podrá ampliar el espectro de la población beneficiaria gracias al alcance de ambas fundaciones.

Ya la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas hacía hincapié en el concepto de envejecimiento activo aportándole un valor más allá de la referencia de estar físicamente activo, y lo ligaba a la inserción participativa en la sociedad, por lo que estas políticas de fomento de actividades socializadoras y de actividad física se alinean con las recomendaciones internacionales para la mejora de la salud psicosocial de la población mayor.

El Gobierno de Canarias manifiesta su rechazo “absoluto” al tratamiento del POSEI en el nuevo marco europeo

El Consejo de Gobierno celebrado hoy martes, 29 de julio, ha aprobado una declaración institucional en la que manifiesta su rechazo “absoluto” ante la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, anunciado recientemente por la Comisión Europea, en la que también exige al órgano comunitario un planteamiento financiero justo, específico y adaptado a la realidad de Canarias. Este cambio total de paradigma supondría, según denuncia el Ejecutivo, la pérdida del estatus específico del Archipiélago y el resto de Regiones Ultraperiféricas (RUP), que históricamente han contado con un reconocimiento diferenciado en las políticas agrarias europeas a través del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI).

Según el planteamiento presentado por la Comisión Europea, este programa dejaría de contar con financiación predeterminada y pasaría a ser una intervención más dentro del futuro plan nacional, sin partida presupuestaria definida ni reconocimiento jurídico diferenciado. De esta forma el principal instrumento para equiparar a las RUP con el resto de regiones de la UE vería mermada su capacidad de impulsar la actividad agraria y apoyar las producciones locales en estos territorios europeos, condicionados por factores como la insularidad, la fragmentación territorial, así como su dependencia del exterior para el abastecimiento.

Hasta la actualidad, en el marco del POSEI y con cargo al Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA), Canarias ha contado con el respaldo europeo a través del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), destinado a paliar los costes del suministro de productos esenciales para el consumo humano y para la transformación y de insumos agrícolas, y mediante medidas de apoyo a la producción agrícola local, dirigidas a asegurar la producción y comercialización de estas producciones, atenuando los costes derivados de su condición de región ultraperiférica y asegurando así su competitividad.

Sin embargo, la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 compromete los objetivos que la UE ha impulsado a través del POSEI y el resto de instrumentos de protección al sector primario, como garantizar el suministro de los productos agrícolas esenciales para el consumo humano, y asegurar el desarrollo del sector agrario y la diversificación de cultivos.

Asimismo, en la declaración del Ejecutivo comunitario se alerta de la desaparición de fondos agrarios y pesqueros –el Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA), el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA)- que serían sustituidos por un único instrumento multifuncional, que sería gestionado a través de un único plan nacional diseñado por cada Estado miembro y en el que se mezclan los objetivos de todas las áreas materiales de la política europea, más allá del ámbito agrario y pesquero.

Se critica que estas medidas diluirían los recursos destinados al sector primario en el ámbito de la Política Agraria Comunitaria (PAC), obligando a competir con otras áreas por la asignación de recursos económicos, lo que redundaría en una disminución de los fondos destinados a la política agrícola y pondría en riesgo la viabilidad de la actividad de muchos productores y productoras del sector primario de la UE, especialmente en el ámbito de las Regiones Ultraperiféricas (RUP).

En total, la UE cuenta con nueve territorios considerados RUP, en concreto Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín (Francia), así como Azores y Madeira (Portugal), además de Canarias. Estas regiones aportan a la UE un territorio marítimo muy amplio, una mayor biodiversidad y una economía más variada, que abastece de productos agrícolas como plátanos, frutas tropicales y otras producciones. Asimismo, las RUP también representan un valioso activo en las relaciones comunitarias con los países vecinos no pertenecientes a la UE

El Gobierno eleva al Consejo Consultivo el proyecto de Decreto de Turismo Activo

El Consejo de Gobierno acordó este martes, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, pronunciarse a favor del proyecto de decreto por el que se modifica el Reglamento para el desarrollo de las actividades de turismo activo y solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias antes de su aprobación definitiva.

El objetivo es actualizar el actual decreto 226/2017, de 13 de noviembre, estableciendo como prioridad la calidad, la sostenibilidad y seguridad de los servicios turísticos, así como la armonización de la actividad profesional del turismo activo.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, aseguró que “se trata de los últimos trámites antes de que la norma se apruebe definitivamente y que contará con un marco jurídico estable basado en el diálogo con todos los agentes implicados, un sector que agrupa actualmente a más de 1.200 empresas en las islas y supone más de cuatro mil puestos de trabajo vinculados”.

Igualmente, recordó que “con esta nueva regulación se pretende no solo profesionalizar el sector incorporando nuevas oportunidades de empleo, sino que también uno de los objetivos es evitar el intrusismo”. De León hizo hincapié también en que “el turismo activo es una actividad que genera empleo, ayuda a divulgar los valores de nuestro territorio sin generar impactos sobre el medio ambiente y repercute positivamente en la población local”.

Con carácter específico, se actualizará el catálogo orientativo de actividades de turismo activo y se establecerán requisitos para el ejercicio de la actividad relativos a la cualificación profesional, competencias y formación exigibles al personal técnico, monitores, instructores o guías de turismo activo. También se determinarán los procedimientos administrativos, que serán electrónicos, para comunicar el inicio, la modificación o el fin de la actividad laboral.

El Gobierno amplía en 800.000 euros el crédito destinado al pago de la cuota cero para trabajadores autónomos

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha autorizado una ampliación de crédito de 800.000 euros para cubrir el pago de la cuota cero para trabajadores autónomos. Ante el éxito de la convocatoria de 2024 y la previsión de que este 2025 ocurra la mismo, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos ha decidido aumentar el presupuesto en casi un millón de euros (de 2,5 millones a 3,3 millones) para intentar garantizar que haya cobertura presupuestaria suficiente para hacer frente a todas las solicitudes; las de la convocatoria de 2024 que quedaron pendientes de abonar, y las de este año.

El pasado 2 de mayo de 2024, cumpliendo con el compromiso adquirido por este Gobierno, se abrió la primera convocatoria de cuota cero para aquellos autónomos que iniciaron por primera vez su actividad en 2023. En esta convocatoria se vieron beneficiados cerca de 3.000 autónomos por un importe de 2.499.388,95 euros. Un total de 632 expedientes aprobados quedaron fuera por falta de presupuesto. No obstante, estos expedientes se están abonando ya con cargo a la convocatoria de este año 2025. La ampliación de crédito responde precisamente a la necesidad de intentar garantizar que todas aquellas personas autónomas que soliciten este año el reintegro de la cuota cero por haber iniciado su actividad en 2024 puedan tener cobertura presupuestaria.

Asimismo, el pasado lunes 28 de julio se publicó en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias el segundo listado de requerimientos de subsanación corresponde a las solicitudes presentadas entre el 26 de mayo y el 30 de junio de este año. Las personas interesadas disponen de un plazo de cinco días hábiles para presentar la documentación requerida, que finaliza el lunes 4 de agosto de 2025.

Desde la publicación de la convocatoria, en mayo de este año, se han presentado más de 3.800 solicitudes de cuota cero. Para poder acceder a esta subvención es necesario haber iniciado por primera vez la actividad como autónomo en 2024 y tener abonados hasta 12 meses de la tarifa plana estatal.

Aquellos trabajadores autónomos que se dieron de alta en 2023 y han cumplido un segundo año completo de la tarifa plana, también podrán acceder a esta subvención, así como a aquellas autónomas que han tenido 12 meses de bonificación de la cuota de autónomos tras la reincorporación por maternidad o por el cuidado de menores con enfermedades graves. Además, es necesario que estén empadronados en la Comunidad Autónoma y no tener deudas con la Seguridad Social.

El Gobierno formaliza el acuerdo que permite la jubilación parcial del personal laboral de la Administración autonómica

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha formalizado el acuerdo alcanzado en la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que reconoce el derecho a la jubilación parcial de estos trabajadores.

La Comisión Negociadora, en la sesión de 10 de junio de 2025, acordó la modificación del citado convenio, incluyendo el artículo 30 bis en el que se recoge que el personal laboral incluido en el ámbito de este convenio colectivo tendrá derecho a acceder a la jubilación parcial, para cuyo ejercicio y condiciones se estará a lo que mediante acuerdo de Gobierno se determine, previa su negociación colectiva y en los términos previstos en la legislación reguladora del estatuto de los trabajadores y de la seguridad social.

Una vez aprobado este acuerdo por el Consejo de Gobierno, la Dirección General de la Función Pública llevará a cabo las actuaciones administrativas pertinentes ante la Dirección General de Trabajo a los efectos de que se proceda a la inscripción del acuerdo autorizado y formalizado, su depósito y publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las modificaciones acordadas y autorizadas a través del presente acuerdo entrarán en vigor a partir del día en que se publique la modificación del Convenio Colectivo en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de que el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la jubilación parcial queda condicionado a la eficacia del acuerdo a que hace referencia el artículo 30 bis, que se introduce en el III Convenio Colectivo.

El Gobierno subvenciona con 490.000 euros la mejora del abastecimiento en el municipio herreño de Frontera

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado una ampliación presupuestaria para subvencionar el 50% de los costes de dos proyectos de mejora de la red de abastecimiento a la población en el municipio herreño de Frontera. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que la inversión será de 490.000 euros y servirá para auxiliar al municipio en su labor de mejora de esta red, “cumpliendo un compromiso de este Gobierno que estaba ya reflejado en los presupuestos de este año”. En concreto, la transferencia al Ayuntamiento irá destinada a los proyectos de mejora en la calle Merese y en el núcleo de Los Mocanes.

Ha sido el citado departamento autonómico el encargado de tramitar la ampliación de los fondos ya previstos en los presupuestos de la Consejería para este año, y aumentarla en su conjunto a 490.783 euros. De esta manera, mediante sendas subvenciones, se apoyará el proyecto de abastecimiento en Los Mocanes, con 213.011 euros, y el de la calle Merese, al que se destinarán otros 277.771 euros. El objetivo es que se impulsen las actuaciones previstas en la red de abastecimiento de ambas zonas, mejorar la eficacia del servicio y resolver algunas deficiencias detectadas.

Manuel Miranda ha recordado que el presupuesto de la Consejería para este año, además de diferentes subvenciones, están consignados más de 2 millones de euros para concluir la ampliación de las desaladoras de Los Cangrejos y La Restinga. Estos trabajos se han ralentizado, a petición de las administraciones insulares, para evitar interferir en el abastecimiento durante el verano y la celebración de la Bajada de la Virgen de Los Reyes. Una vez concluidos los trabajos, hecho que se prevé antes de final de año, la capacidad de producción de ambas instalaciones aumentará un 15%, con una reducción del coste energético de su funcionamiento en alrededor de un 30%.

El consejero de Política Territorial ha señalado, además, que la Unidad del Agua que tramita los fondos Next Generation ha adjudicado recientemente la modernización de 31 puntos de control de la red de abastecimiento, mediante la instalación de nuevos caudalímetros, válvulas ‘inteligentes’ y equipos fotovoltaicos. Todo ello con el objetivo de reducir las pérdidas en la red en casi un 50%. El proyecto tiene un coste de más de dos millones de euros. Esa misma unidad, tramita en la actualidad otras subvenciones a los ayuntamientos de El Pinar y La Frontera, destinadas a reducir las pérdidas en la red de agua, por importe total de 364.611,28 euros.

Tejeda, Granadilla de Abona y la Villa de Mazo incorporan a la empresa pública Gestur Canarias como medio propio

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el reconocimiento de Gestur Canarias S.A. como medio propio de los ayuntamientos de Tejeda (Gran Canaria), Granadilla de Abona (Tenerife) y la Villa de Mazo (La Palma), ampliando así el ámbito de actuación de la entidad pública en el archipiélago. Con la incorporación de estas dos administraciones locales, ya son seis cabildos insulares y 51 municipios los que cuentan con los servicios de esta empresa pública, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias.

Esta designación permitirá a las tres corporaciones locales disponer de un instrumento especializado para el desarrollo de proyectos en materia de planificación y gestión urbanística, así como para actuaciones estratégicas enmarcadas en el desarrollo territorial.

El expediente que se ha aprobado hoy fuera del orden del día autoriza la modificación de los estatutos de Gestur Canarias S.A., lo que permitirá que estos tres ayuntamientos canarios puedan encargar proyectos a la empresa pública. Estos encargos deberán estar dentro de sus competencias municipales y, en particular, podrán incluir actuaciones urgentes o derivadas de situaciones de emergencia que se declaren.

Entre las funciones recogidas en el objeto social de Gestur Canarias S.A. se encuentra el impulso de actuaciones vinculadas a los instrumentos de ordenación y planificación territorial, así como el desarrollo de proyectos de urbanización y actividad urbanizadora. Además, la empresa pública puede gestionar la promoción y ordenación del suelo con fines industriales, comerciales, de servicios y residenciales.

Asimismo, Gestur Canarias está habilitada para asumir encargos relacionados con el planeamiento, proyectos urbanísticos y arquitectónicos, así como la elaboración de pliegos, licitación, adjudicación y ejecución de obras. También puede gestionar la tramitación de subvenciones, ofreciendo apoyo técnico y administrativo a las administraciones públicas.

A partir de ahora los ayuntamientos de Tejeda, Granadilla y Villa de Mazo podrán contar con asistencia y asesoramiento técnico en materia de planeamiento, gestión de suelo y ejecución de obras, así como en procesos de adquisición o venta de terrenos, valoraciones inmobiliarias y gestión de subvenciones. Además, podrán recibir apoyo en la gestión y explotación de fuentes de energía, especialmente energías renovables, entre otras áreas de actuación.

Actualmente, también los cabildos insulares de Tenerife, La Palma, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura también tienen reconocida a Gestur Canarias como medio propio, lo que les permite encargar proyectos y servicios a esta empresa pública.

En el ámbito municipal, 51 ayuntamientos han formalizado su colaboración con Gestur Canarias. Se trata de Adeje, Agulo, Alajeró, Arafo, Arico, Arrecife, Breña Alta, Candelaria, El Paso, El Pinar, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, Fasnia, Fuencaliente, Garachico, Garafía, Guía de Isora, Hermigua, Icod de los Vinos, La Guancha, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Los Llanos de Aridane, Los Realejos, Los Silos, Puerto de la Cruz, Puntagorda, San Andrés y Sauces, San Bartolomé de Tirajana, San Cristóbal de La Laguna, San Juan de La Rambla, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide, San Miguel de Abona, San Sebastián de La Gomera, Santa Úrsula, Tacoronte, Tazacorte, Tegueste, Tijarafe, Valle Gran Rey, Vallehermoso y Valverde, La Oliva, Arona y Tuineje. A ellos se suman ahora Tejeda, Granadilla de Abona y la Villa de Mazo.

El Gobierno aprueba 6,8 millones de euros a Fred Olsen para compensar la bonificación por el descuento de residente

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, el reembolso de 6.896.716,46 euros a la entidad mercantil Fred. Olsen, S.A., en concepto de compensación por las bonificaciones aplicadas al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias, durante el primer trimestre de 2025.

El reembolso responde a la subvención que concede la Comunidad Autónoma de Canarias para cubrir el 25% del coste del billete de los residentes canarios que viajan entre islas con esta naviera, en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, que regula el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de forma trimestral.

Desde la entrada en vigor del descuento del 75% para residentes en los trayectos interinsulares, tanto aéreos como marítimos, tras el acuerdo alcanzado con el Estado, la movilidad entre islas ha experimentado un notable incremento, gracias a la reducción de los precios y a la mejora en la frecuencia de los servicios.

Con esta medida, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso de garantizar una conectividad asequible y frecuente entre todas las islas, favoreciendo así la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial del Archipiélago.

El Consejo de Gobierno nombra Adasat Goya González director del Servicio Canario de la Salud

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión celebrada este martes, 29 de julio, aprobó el nombramiento de Adasat Goya González como director del Servicio Canario de la Salud, tras registrarse el cese a petición propia de Carlos Díaz Perera, a quien el Gobierno agradece los servicios prestados.

Adasat Goya ha ejercido durante los dos últimos años como director gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC), es licenciado en Economía por la Universidad de La Laguna y ha realizado el Programa de Alta Dirección en el Sector Salud de la Fundación San Telmo. Además, ha desempeñado otras funciones en cargos de responsabilidad pública. Así, ha sido concejal de Economía y Hacienda, Policía, Protección Civil, Transportes y Empresa municipal en el Ayuntamiento de El Sauzal, entre 2007 y 2023. En este mismo periodo de tiempo también ocupó el puesto de consejero delegado de Servicios Municipales El Sauzal S.L. (SEMUSA).

En el terreno estrictamente laboral entre 2016 y 2023 ocupó el cargo de coordinador de la Terminal de Contenedores de Tenerife del grupo Aleática y desde el año 2006 había sido estibador en Puertos de Tenerife en Sestife CPE.

El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Rafael Martín como director gerente del HUC

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión celebrada este martes, 29 de julio, aprobó el nombramiento de Rafael Luis Martín Domínguez como nuevo gerente del Hospital Universitario de Tenerife.

Martín Domínguez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna, cuenta también con formación en gestión directiva por el Instituto de Empresa – IE Business School y, hasta este momento, ejercía de director del Área de Salud de Tenerife, un cargo que ostenta desde julio de 2023.

En su trayectoria profesional ha sido responsable de gestión de la planta de envases de Tenerife de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (SINPROMI). Además, ha sido responsable comercial en Canarias de Ferrovial Servicios (Prezero España S.A), Gerente de tratamiento y gestión medioambiental de Ferrovial Servicios (Prezero Gestión de Residuos S.A.) en Canarias, empleado del Registro de la Propiedad y Oficina Liquidadora.

Rafael Luis Martín también tiene experiencia en docencia en formación sobre Administrativo de Personal, Administrativo Contable y contratación pública, entre otros. Por otro lado, cuenta también con diversa formación complementaria en gestión de equipos, competencias digitales, gestión medioambiental y contratación pública.

El Gobierno nombra a Diana Mora como directora del Área de Salud de Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión celebrada hoy martes, día 29 de julio, ha nombrado a Diana Mora Izquierdo como directora del Área de Salud de Tenerife del Servicio Canario de la Salud (SCS), en sustitución de Rafael Martín, que pasa a ser desde hoy gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Mora Izquierdo, graduada en Turismo por la Universidad de Murcia y en Empresas y Actividades Turísticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuenta también con formación en igualdad y en herramientas de gestión de reservas turísticas.

En su trayectoria destaca amplia experiencia en la vida política tinerfeña, dado que fue consejera del Cabildo de Tenerife (2019-2023), quinta Teniente de Alcalde, concejala Delegada en Educación, Igualdad, Participación Ciudadana y Organismo Autónomo Local del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (2015-2019) y también concejala Delegada en Turismo e Igualdad de este mismo consistorio (2014-2015).

Hasta este momento, Diana Mora era Chief Operating Officer de Traveltino 2009 S.L. TravelVeciGroup Tenerife, donde desempeña funciones desde 2022. Además, durante su trayectoria laboral también ha trabajado en los turoperadores Traveltool, Horizontes y Mundicolor.