Sucesos

21/06/2019 | 10:41  

El abogado de Jusapol podría aspirar a cobrar 150.000 euros de la subvención de la ILP para la equiparación salarial

El letrado de la agrupación de policías nacionales y guardias civiles es cuestionado desde el seno del sindicato JUPOL y la asociación JUCIL por su sistema de trabajo y sus honorarios profesionales

La presentación de ...

La equiparación salarial para policías nacionales y guardias civiles en España respecto a los sueldos de las policías autonómicas aún está pendiente de ser realizada en su totalidad. La llave de esta equiparación histórica para las FCSE sería la aprobación de una Ley de igualdad salarial en las Cámaras españolas que zanje por fin la vulneración del artículo 14 de la Constitución que sufren los policías y salde este conflicto laboral permanente desde el inicio de la Democracia, del cual el Parlamento Europeo tiene plena constancia, y a su vez, está vigilante del Gobierno de Pedro Sánchez para que acabe con este agravio comparativo.

Por este motivo, la asociación Jusapol presentó en el Congreso una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para lograr esta equiparación real, proposición de ley que fue admitida a trámite por mayoría en la Cámara en noviembre de 2018, pendiente de ser debatida , aprobada o rechazada en la actualidad. Sin embargo, la subvención de 300.000 euros como máximo que se concede también por ley para las ILP en España, ha abierto la caja de los truenos en Jusapol, JUPOL y JUCIL al filtrarse en el seno de estas agrupaciones que el abogado que los asesora, Antonio Vázquez, podría aspirar a pasar unas facturas ,-con el beneplácito en todo caso de las juntas directivas de estos colectivos-, por un valor de 150.000 euros en concepto de sus servicios prestados para la elaboración de este texto legislativo, ya que la subvención se contempla para los gastos ocasionados por la propia ILP. Las reacciones internas entre policías y guardias civiles, -según ha sabido La ventana indiscreta-, han corrido como la pólvora entre sorpresa, indignación, incredulidad, o aceptación...Sin embargo, Vázquez no administra ABAM Abogados, sino que cuenta como administradora única de esta empresa con la agente concursal Rosario Antolín, según el Registro Mercantil, entonces, ¿quién facturaría la ILP? ¿quién establece los contratos y las firmas de los convenios con JUPOL y JUCIL? ¿Cómo se facturan los pagos de estas asociaciones con ABAM?

Algunos foros de WhatsApp formados por miembros de estos colectivos policiales arden durante las últimas semanas respecto a esta ILP y ante las propuestas de colaboración que está emitiendo ABAM, la empresa desde la que Antonio Vázquez asesora oficialmente a Jusapol, JUPOL y JUCIL, para firmar contratos de prestación de servicios jurídicos para los policías y guardias civiles. Según expresan fuentes consultadas de JUPOL y JUCIL “no comparten las líneas de trabajo de Antonio Vázquez, no están conformes con ciertos recursos presentados ante instancias judiciales, los documentos no se les envían cuando los solicitan, es muy difícil la comunicación y consulta legal con este despacho, y algunos jurídicos que llevan los casos de los policías y guardias no desean colaboración con ABAM pues no quieren permitir que su trabajo sea supervisado, ni aportar cantidades o comisiones de ningún tipo al despacho de Vázquez”. 

La polémica interna en JUCIL se ha intensificado al conocer que “el abogado Vázquez podría estar ingresando alrededor de 6.000 euros mensuales por servicios a esta asociación, al igual que del sindicato JUPOL,  considerando que “la suma de 12.000 euros mensuales para ABAM por su trabajo resulta un tanto  excesiva, además de porcentajes de jurídicos sí aceptan convenios con ABAM, aunque algunos letrados han optado por trabajar con aseguradoras”, explican a La ventana indiscreta, haciendo hincapié desde JUCIL que “el convenio firmado con ABAM no ha sido sometido a votación con los socios, ni delegados provinciales, por lo que desconocen el documento en realidad”.

¿Por qué motivo JUPOL y JUCIL no hicieron un concurso público y adjudicaron directamente los servicios jurídicos a ABAM sin consultar con los afiliados?  Consultados el secretario general de JUCIL, Cristian Eric Marco, y el secretario general de JUPOL, José María García, han declinado hacer declaraciones en este programa, pero no han desmentido el convenio económico con ABAM y la posibilidad de la presentación de facturas por parte de Antonio Vázquez en torno a 150.000 euros para cobrar servicios sobre la ILP en el Congreso alegando “el trabajo que ha realizado en Jusapol”.

El malestar generado entre policías al conocer la existencia de un documento de confidencialidad emitido por ABAM con el objetivo de “no filtrar al exterior información del sindicato JUPOL bajo apercibimiento de un pago económico de una elevada suma al parecer por incumplimiento de esta premisa”, según relatan fuentes de este sindicato, ha conllevado “a cuestionar este tipo de prácticas internas a las que muchos policías de JUPOL se niegan a secundar con su firma”, e incluso indican “nos han comunicado que ese documento ha dejado de tener vigencia”.

“La inadmisión de la denuncia presentada por ABAM contra EH Bildu por los insultos proferidos por el diputado Julen Arzuaga contra Jusapol Euskadi en el Parlamento vasco, la discrepancia jurídica de algunos abogados vinculados a JUCIL con la forma de acometer algunos temas por parte de ABAM, ha desembocado en la profunda polémica de las facturas de la ILP que se van a presentar en el Congreso, sin un comunicado oficial que desmienta el coste de 150.000 euros que Vázquez podría llegar a exigir por esta Iniciativa Legislativa a instancia de la Comisión que desde Jusapol hayan creado para los trámites de recogida de 500.000 firmas y su posterior presentación en la Cámara”, explican fuentes consultadas entre policías y guardias civiles de estos colectivos.

“¿Por qué no se emite un comunicado público por parte del presidente de Jusapol, Natan Espinosa, responsable de la ILP según reza el BOE, para que se abra la posibilidad para todos los policías, guardias civiles, familias, colaboradores, y medios de publicidad que trabajaron en esta Iniciativa para que presenten también sus facturas por los gastos ocasionados por la ILP?”, se preguntan  algunos miembros desde JUPOL y JUCIL, ”¿Hubo un acuerdo económico previo a la ILP entre Jusapol y ABAM Abogados por algún tipo se servicio? ¿Hay algún documento interno que no conocen los asociados?”, insisten desde sectores críticos.

Policías y guardias civiles de estas agrupaciones consultados afirman desconocer “quienes integran  la Comisión que es necesaria formar para la ILP según establece la Ley Orgánica 3/1984”, pero se preguntan en el supuesto de esta comisión oficial “sí uno de los integrantes podría ser Conchita Martín, presidenta de Afapol, esposa del policía Natan Espinosa”. Este dato sin confirmar aún, se trata de averiguar a nivel interno bajo la necesidad de supervisión de las facturas que se vayan a presentar en el Congreso, “sí desde Afapol habría igualmente alguna aspiración a cobrar cantidades económicas por la ILP”, matizan. Aún así, la Ley de ILP especifica que “los pagos  de la subvención se producen cuando se alcanza la Iniciativa”.

La asociación JUCIL sufre a nivel interno una intenso debate respecto a las condiciones de ABAM, y desde algunos sectores estudian la manera de cesar la colaboración, de cambiar convenios, de zanjar conflictos entre jurídicos....”Sí el administrador de ABAM no es Antonio Vázquez, quizá podríamos pedir la rescisión de convenios,...al ignorar que Rosario Antolín es la verdadera responsable de la gestión empresarial podríamos explorar otro tipo de acuerdos”, explican algunos asociados. Por otra parte, algunos policías consultados de JUPOL expresan “desacuerdo con este convenio jurídico, y la necesidad de una transparencia aún mayor por parte de este sindicato, sin descartar dimisiones si no se resuelven los conflictos en breve”. “A pesar de la victoria sindical de JUPOL al Consejo de la Policía hay marejada de fondo, se esperan explicaciones del secretario general”, matizan desde el sindicato. Visitadas las páginas WEB de estos dos colectivos no constan publicados estos datos objeto de estas consultas concretas.

Los testimonios en conjunto coinciden en un denominador común: “la confianza de muchos de los asociados de JUPOL y JUCIL en los dos directivos iniciales de Jusapol, Milano y Miguel”, “con ellos estamos tranquilos, resuelven de manera inmediata muchas cuestiones, escuchan y dialogan...confiamos en su gestión para esclarecer todas las cuestiones polémicas, acceder a todos los documentos, continuar con transparencia independientemente de los vínculos iniciales de Vázquez, Espinosa y Martín antes de la constitución de Jusapol”.

El origen de ABAM

La empresa ABAM fue denominada anteriormente “Concursal IUS ET LEX SLP” hasta que en diciembre de 2015 se constituye el nuevo formato con los administradores solidarios Rosario Antolín e Ignacio Bragimo según consta en el Registro Mercantil. La constitución de ABAM es simultánea al concurso de acreedores sufrido por el presidente del Jusapol, Natan Espinosa y su esposa, Conchita Martín, -convocatoria pública desde el Juzgado de Instrucción Número 7 de Palencia-, con la designación como administradora concursal de Rosario Antolín igualmente en diciembre de 2015 como publica el BOE. El concurso de acreedores del presidente de Jusapol coincide casualmente con la constitución de ABAM Abogados.

Dos años después, poco antes de la presentación oficial de Jusapol a mediados de 2017,  ABAM nuevamente es modificado y Rosario Antolín pasa a ser la administradora única de esta empresa en mayo de ese mismo año, siendo la persona de confianza con competencias para gestionar este negocio. ¿Tenían conocimiento JUPOL y JUCIL de estas circunstancias anteriores antes de firmar los convenios con ABAM?

Concurso de acreedores contra el abogado de Jusapol, Antonio Vázquez

El abogado palentino de la asociación Justicia Salarial Policial, Antonio Vázquez, vinculado a una decena de empresas según el Registro Mercantil, también sufrió un concurso de acreedores publicado en el BOE de marzo de 2013, emitido por el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Málaga, pero con un administrador concursal diferente a Rosario Antolín.

Por otra parte, en la hemeroteca judicial el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2016 dictó una sentencia favorable a Antonio Vázquez en la que condenaba al ayuntamiento de Palencia a abonar a este letrado la suma de 142.800 euros en tasas como representante legal del ex coordinador de IU, Mariano San Martín, en el caso de la venta ilegal de unos terrenos en el Sector 8, según informó el Diario Palentino.

El Supremo condena a un abogado a pagar 268.000 euros por negligencia

“Según la sentencia, el letrado no planteó las reclamaciones a las que tenía derecho su cliente, víctima de una accidente”, publicó el el diario El Norte de Castilla-Palencia en diciembre de 2013. “Un abogado palentino que cometió una negligencia en la reclamación de una indemnización por accidente de su defendida deberá indemnizar a ésta con un total de 268.000 euros...V.N.G, encargó en 2006 a A.L.V., como abogado suyo, su defensa en el procedimiento de reclamación...pero fracasó por la mala praxis del abogado y así lo reconoce el Supremo “tuvo repercusiones indudablemente negativas para su cliente”, “se han incumplido las reglas del oficio y se ha causado daño...”.

Algunos jurídicos vinculados con JUCIL y JUPOL advierten de “las consecuencias de la mala praxis en el ejercicio de la abogacía” poniendo de ejemplo sentencias de esta índole, y exigen transparencia en los convenios sindicales a la hora de defender a los policías y guardias civiles.