Sucesos

25/04/2018 | 17:55  

Roberto Macías: "Los alertadores contra la corrupción siguen viviendo un auténtico calvario en España"

"Es urgente la tramitación de la Ley de protección de denunciantes, no puede seguir dilatándose en el tiempo" subraya este integrante de la Plataforma por la Honestidad, y testigo clave en el caso de las facturas ...

"Es urgente proteger a los alertadores de corrupción en España, la tramitación de la Ley de protección de denunciantes no puede seguir dilatándose en el tiempo. Aunque la Comisión Europea anunció una futura directiva que protegerá a los “filtradores, denunciantes o whistleblower”, destaca Roberto Macías, miembro de la Plataforma por la Honestidad, -presidida por Pedro Arancón-,   y señala en un comunicado, -al que ha accedido Radio Las Palmas-, que "en el Estado Español, los alertadores siguen viviendo un auténtico calvario" Macías señala que "en el marco de las DILIGENCIAS PREVIAS 5072/2013-E, «caso facturas falsas de UGT» que se siguen en el Juzgado de instrucción N.9 de Sevilla, se le notificó auto de fecha 11/04/2018 relativo a la no admisión de la personación como acusación particular en calidad de victimas perjudicadas con admisión de acusación popular previa prestación de fianza por importe de 6.000 €"

Con motivo de haber sido testigo en este procedimiento y en plena colaboración con la Justicia como consta acreditado en las actuaciones, UGT en represalia a la prueba testifical de colaboración con el Juzgado, presentó querella criminal contra Roberto Macías por delito de revelación de secretos, indica en este comunicado.

La defensa de Macías subraya que "a la vista de las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción en su fundamento jurídico causa perplejidad, cuando establece que esta causa se sigue por delito de fraude de subvenciones y falsificación y en cuya comisión no consta que tenga relación causal directa con los perjuicios laborales o de salud que se describen en la solicitud de personación y recurso, y que no se aporta en definitiva indicio alguno de que sean titulares de algún bien jurídico lesionado por los hechos investigados en este procedimiento penal, no obstante la amplia documentación laboral y la documentación médica en su momento incorporadas a su solicitud de personación, y pese a la actuación procesal de Macías en la investigación en trámite", y prosigue que ante estos términos contenidos en el Auto cabe hacerse las siguientes preguntas: "¿Cuál fue la causa real del despido de Roberto Macías por parte de UGT? ¿Cuál fue la causa de los problemas de la salud de Macías y esposa? ¿Cuál ha sido la causa de que hayan tenido que vivir casi en la indigencia con dos hijos menores por la ausencia e imposibilidad de encontrar trabajo teniendo que acudir a familiares y amigos? ¿Qué ayuda se le ha prestado por parte de las instituciones estatales españolas que les ha obligado a solicitar y pleitear ayudas con las autoridades mejicanas? ¿Se le ha aplicado el estatuto de testigo protegido y la ley del estatuto de la Victima? ¿Ha sido su colaboración como testigo fundamental para el esclarecimiento de los delitos que se investigan en las presentes diligencias?"

Ante estas preguntas solo cabe una contestación explican: "Los perjuicios que sufre Roberto Macías y su familia traen causa directa o indirecta de su participación como testigo de cargo en la causa de UGT, lo que está fuera de toda duda y se ha acreditado documentalmente hasta la saciedad, y se refuerza con los presentes documentos que se incorporan a la causa. En este sentido, reiteramos el argumento en nuestro recurso con invocación del sentido y concepto amplio de la víctima del estatuto de la Victima que recoge la Ley 4/2015, y que incompresiblemente no tiene su amparo legal procesal en la LE Criminal, cuando nos habla la Exposición de motivos de la Ley citada de un concepto amplio y omnipresente del termino víctima que recoge el Estatuto, y a mayor abundamiento, cuando en la actualidad está en debate el papel de los testigos y denunciantes de corrupción y el desamparo de los mismos ante las instituciones y la propia sociedad que los discrimina, cuando la Comunidad Europea es muy sensible con el tema y sin que en España se haya regulado nada al respecto, causando una grave desazón la nula o escasa sensibilidad de Jueces y Tribunales en estos aspectos que los tratan de una forma rutinaria, encontrándose en debate europeo la redacciones de una directiva al respecto, dado el auge imparable de los temas de corrupción y el papel de la sociedad civil en los mismos, único bastión junto con la judicatura en la defensa del estado de Derecho".

"Para el caso de que la Sala estimase como requisito indispensable la constitución de fianza como acusación popular para el caso de que no nos considerara acusación particular como víctima, hay que alegar que por la Juzgadora tampoco se nos ha requerido que acreditáramos la capacidad económica de Macías, lo que debería haber hecho antes de resolver el presente e imponer la cantidad de 6.000 €, cantidad astronómica para Macías, que le supone un año de sustento, pero que además queda acreditado con el propio informe de vida laboral que será sin duda ilustrativo para sus señorías, en el supuesto de que consideraran en contra de la jurisprudencia invocada requisito necesario e indispensable la constitución de fianza para ejercer la acusación popular, y puesto de manifiesto en el presente de recurrir al Tribunal Constitucional y a las altas instancias judiciales europeas, ofreciendo para salvar dicho requisito al parecer insoslayable para jueces y tribunales en sus resoluciones, desde este momento una fianza de carácter simbólico, dada la colaboración de Roberto Macías con la Justicia, se fije una fianza simbólica por importe de 33 Euros, que es la cantidad simbólica reitero, que puede ofrecer y a la que puede hacer frente, dadas sus circunstancias personales y familiares y económicas que han colaborado plenamente con riesgo de sus personas al esclarecimiento de unos hechos delictivos escandalosos y paradigma e insignia de la corrupción institucional y el despilfarro público español, y siendo calificable el Auto al que hace alegaciones como una clara recompensa y gratificación a las personas testigos y denunciantes que colaboran con la justicia al esclarecimiento de la lacra social de la corrupción institucional española, corrupción institucionalizada que abarca los cuatro poderes del estado, puesta en evidencia entre otros organismos por los distintos informes del G.R.E.C.O. al reino de España", sostiene el argumentario de la defensa de Macías.

También asevera "la escasa sensibilidad social y el alejamiento de la realidad social de las instituciones judiciales y en concreto de la Fiscalía , lo que supera cualquier expectativa de agravios a los denunciantes y testigos e invita a que la sociedad civil no denuncie ni colabore en destapar la corrupción, dada la falta de protección y siendo el presente caso un claro ejemplo de ello, ya que la propia fiscalía se opone a la personación como acusación particular de la única víctima de todo este entramado, aun a pesar del auto de la Audiencia Provincial y el escrito de calificación del ministerio Fiscal sevillano contra  Roberto Macías, premiando su colaboración con una petición de tres años de prisión" y critica  "Menudo regalo a Roberto Macías, testigo crucial en destapar la Trama gastronómica y de otros placeres de la cúpula de UGT Andalucía a costa del erario público, sin duda es víctima de este Estado corrupto que desampara a alertadores de corrupción. Qué más da que continúe la corrupción generalizada…A quién le importa poner fin a esta lacra".

En palabras personales del Ex Fiscal Jefe del TSJA al presidente y asociados de AMAyT  "la corrupción es como la basura, hay que sacarla a la calle por la sociedad civil para que huela y se tome plena consciencia de ella y deje de ser tabú” . El letrado director de este procedimiento y de la asociación AMAyT Asociacion Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia que se ha hecho cargo de la defensa de Roberto Macías en el procedimiento Abreviado 16/2017 ante el Juzgado de Instrucción 11 de Sevilla donde la Fiscalía Sevillana le pide tres años de prisión ante la manifiesta indefensión y desamparo en el que se encontraba,  pone de manifiesto que "a este peregrinaje ya está habituado este letrado director del departamento jurídico de la Asociacion AMAyT ya que se reproduce en múltiples procedimientos judiciales en que esta asociación esta personada como acusación popular y en defensa de testigos y denunciantes de corrupción".

No obstante, la presidencia de AMAyT a la vista de lo actuado en relación a su patrocinado Roberto Macías, según comunica el presidente  Francisco José Sánchez,  ha decidido personarse como ACUSACION POPULAR en las presentes Diligencias junto con varias Asociaciones Anticorrupción de ámbito Internacional, Nacional y local, y alegan "mientras que los partidos políticos en España, no muestren un interés real de proteger a “filtradores, denunciantes o whistleblower", la lista de víctimas seguirá aumentando y muchas más vidas serán destrozadas por la maquinaria que ampara a los corruptos".