El ex edil del PP investigado en el caso ´Grúas Peperos´ intenta bloquear a la Acusación Popular al exigir una fianza

La asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados(VDPP) ha mofidicado sus estatutos recientemente con el objeto de especializarse en denuncias contra delitos de corrupción en Canarias y en el ámbito nacional. En este sentido, esta plataforma celebra su actividad oriunda en el Puerto de la Cruz, que con el paso del tiempo se ha convertido en un referente en su compromiso contra la corrupción en España. Destapó el caso "Mercadillos" con la consiguiente condena judicial a 9 años de inhabilitación por prevaricación contra el ex alclade, Lope Afonso(PP), lidera la denuncia del caso "Guachinche" ante el Tribunal de Cuentas contra los usos presuntamente irregulares de las dietas de los diputados en el Parlamento de Canarias, y ha logrado reabrir el asunto "Grúas Peperos", anteriormente sobreseído tras una denuncia de CCOO contra el ex concejal de Seguridad, Pedro González(PP), del ayuntamiento portuense por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a la falta de cobro de tasas de algunos vehículos concretos depositados en Grúas Municipales" . En este sentido, Vigía solicitó hace escasas semanas ante el Juzgado de Instrucción Número 3 la apertura judicial de este caso en el que, en las Diligencias Previas 175/2018 ya constaban en calidad de investigados el ex edil de Seguridad González junto al Jefe de la Policía Local, Francisco Gómez, quien también fue citado como testigo en el juicio del caso "Mercadillos".

La reacción del ex concejal de la Policía Local no se ha hecho esperar y ha presentado un recurso de reposición ante el juzgado, -documento al que ha accedido La ventana indiscreta-,  en el que alega ante el Letrado de la Administración de Justicia "de darse el caso, la aplicación de las previsiones legales en orden al ejercicio de la acción penal en la condición de la acción popular, en el sentido de la intervención adhesiva al Ministerio Fiscal, que requeriría la condición de ofendido o  perjudicado...", es decir, el denunciado expone que "Vigía no figura como querellante perjudicado" e intenta desbancar la personación de este colectivo como acción popular, ó "se entiendan diligencias con la Asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados como querellante perjudicado" por lo que esta asociación tendría que depositar una fianza para continuar como denunciante según solicita este investigado, que en la actualidad, ejerce como edil del PP en la oposición política del ayuntamiento del Puerto de la Cruz.

Sin embargo, la Plataforma Vigía considera que "el ex edil González tiene miedo a que se reactive este procedimiento en el que fue denunciado por CCOO a raíz de las quejas de varios policías locales del Puerto de la Cruz", "es una estrategia defensiva que ya usaron contra Vigía en el caso Mercadillos, pero no les sirvió para nada", "aunque el PP trata de bloquear la entrada de Vigía  en el caso "Grúas Peperos", vamos a continuar adelante como Acción Popular, o denunciaremos este asunto ante la Fiscalía Anticorrupción", ha subrayado el presidente de este colectivo, Pedro Pérez Rolo en Radio Las Palmas.

Esta asociación ha presentado su contestación ante el Juzgado para dejar sin efecto el recurso de Pedro González, alegando "la naturaleza de la plataforma Vigía contra la corrupción", por lo que se justificaría su presencia como acusación popular en este caso, y "en cuanto a que no consta la prestación de fianza, de conformidad a los ordenado por los artículos 280 y 281 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ejercer esta acción popular", para que se desestime el supuesto de tener que aportar una fianza por parte de esta asociación contra la corrupción.

Rolo ha matizado que "la asociación Vigía ampliará su denuncia contra el ex alcalde, Lope Afonso(PP) y su secretaria, -durante su mandato-,  en el ayuntamiento portuense en el caso "Grúas Peperos", pues existe la posibilidad de que Afonso pudiese tener conocimiento de la retirada de coches de las Grúas Municipales por parte de algunos ciudadanos sin abonar las tasas correspondientes durante el mandato del Partido Popular en el periodo 2015-2019", "solicitaremos ante la Fiscalía una investigación por si había órdenes de mandatarios municipales del PP para que ciertas personas retirasen sus vehículos sin pagar los impuestos".