Escúchanos: 97.3 FM Norte
Escuchar en directo
Actualizado: Martes, 23 de Abril de 2024
El secretario general del sindicato insistió en esta medida de presión con varias premisas como condición ante el ministerio que a su vez son contrarias a un informe del órgano consultivo del Gobierno
El sindica ...
La entrega de las auditoría Ernst&Young por parte de la Secretaría de Estado siguiendo las instrucciones del ministro Fernando Grande-Marlaska (PSOE) a los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil que firmaron el acuerdo por la equiparación salarial sobre una cuantía de 807 millones de euros con el ex ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido (PP) en 2018, ha avivado más la polémica por dos cuestiones fundamentales: la desconfianza en el mantenimiento de la misma cifra en detrimento de una cantidad superior para equiparar de una manera “real” y “absoluta” a las FCSE en España y por la judicialización vía penal por parte de los colectivos UFP-AUGC contra el ministerio en base al retraso en la entrega de esta información económica a la que esperan acceder en su totalidad en sede judicial, y el proceso contencioso-administrativo iniciado por el sindicato CEP contra Ernst&Young en cuanto a la segunda modificación de su informe y la posible afectación de las cantidades económicas a la baja sobre la igualdad salarial policial.
El portavoz de UFP (Unión Federal de Policía), José María Benito, ha subrayado en este medio que "en la Policía existe un reglamento provisional desde hace treinta años que aún está sin regular, por tanto, los conflictos colectivos permanentes solo se dirimen en el Consejo de la Policía, al no ser no ser vinculante este Órgano no tienen recorrido estas medidas de presión planteadas por los sindicatos, que al final se reflejan como algo testimonial, pues entre las funciones del Consejo está la mediación, aún así, se han planteado muchos conflictos colectivos". Benito cita el Reglamento, -con caracter provisional-, del Consejo de la Policía que consta en el BOE del 22 julio de 1987, y recalca el artículo primero "...el Consejo es el órgano paritario para la posible solución de los conflictos colectivos...", cuyas funciones son la mediación y conciliación según la norma.
Por otro lado, Jupol anunció un “conflicto colectivo permanente” en una rueda de prensa a través de su secretario general, José María García, quien aseguró “presentaremos los papeles en los próximos días”, sin especificar que tipo de conflicto convocará en realidad, ni anunció los pasos al comienzo de este proceso. García insistió ante los medios en la motivación para plantear el “conflicto colectivo permanente “ consistente en que “el ministro del Interior nos reciba a Jupol, Jucil y Jusapol, la ILP de la equiparación salarial en el Congreso, y nos faciliten la auditoria”, sin embargo, el Consejo de Estado, -órgano consultivo del Gobierno-, aclaró recientemente en un informe a solicitud de Marlaska que “Interior no tiene competencia en el ámbito legislativo para impulsar una ley de equiparación en el Congreso, ni es vinculante jurídicamente el convenio económico suscrito por Zoido con los sindicatos policiales”. Por tanto, las condiciones de Jupol para instigar este conflicto decaerían bajo el peso del Consejo de Estado, así como la presunción de Jusapol, Jucil y Jupol para ser recibidos conjuntamente por Marlaska fuera del ámbito ordinario de audiencia con el ministro al no tener representación para negociar, excepto Jupol en el Consejo de la Policía, que recibió el informe de Ernst-Young de manos de la Secretaría de Estado.
En otro aspecto técnico, el ministerio se ha comprometido a pagar el tercer tramo de la llamada “equiparación de 807 millones de euros” para las FCSE en enero de 2020, lo que supone un incremento del 20% del salario aproximadamente para los policías y guardias civiles, cifra que no comparten los colectivos firmantes de este convenio con Zoido y apuntan “sospechas” hacia una cantidad superior en torno al menos en 1.000 millones de euros. Al advertir el Consejo de Estado que “el acuerdo de equiparación firmado con Zoido no vincula jurídicamente a Interior”, -como avanzó El independiente-, se podría preguntar: ¿Cómo va a plantear Jupol un conflicto colectivo permanente sobre un acuerdo no vinculante en el que no es parte al no firmar con el ministerio? ¿Tendría legitimación Jupol para plantear este conflicto ante el Consejo de la Policía? ¿Está buscando Jupol que se sumen al conflicto colectivo otros sindicatos que son parte del convenio para subirse al carro de la legitimación activa de otros colectivos?
Además, fuentes consultadas cercanas a la Secretaría de Estado de Seguridad aseguran que el entorno de Marlaska “estudiará” las publicaciones emitidas por La ventana indiscreta sobre “la crisis de Jusapol”, así como podría contemplar la adopción de medidas sí fuesen necesarias sí advirtiera alguna presunta irregularidad en la gestión de este colectivo y su filial Afapol. Igualmente, sindicatos policiales consultados por Radio Las Palmas señalan con extrañeza que “los expedientes abiertos a sus compañeros policías por temas menores no tienen ni comparación con la cantidad de situaciones provocativas mucho más fuertes por parte de miembros de Jusapol sin acarrear sanciones para estos policías”, y se preguntan “por qué Interior no toma medidas disciplinarias con comportamientos de ciertos policías de Jupol que dañan la imagen del Cuerpo”, mientras esperan conocer la postura del Director General de la Policía en relación a la verificación de la compatibilidad empresarial del secretario general de Jupol, José María García, en “Excavaciones y Asfaltos Avilés S.L.”, como socio único según consta en el Registro Mercantil en el ejercicio 2017.
Los “despistes" de Jupol
El sindicato Jupol había declarado en Twitter que esta propuesta de conflito “es un anuncio” sin concretar ni acreditar de forma documental su propuesta. La posibilidad de plantear un conflicto colectivo se recoge en el artículo 37 de la Constitución Española así como en el Estatuto de los Trabajadores, en el ejercicio de los derechos laborales, pero en el caso de policías y guardias civiles no son acogidos en esta normativa que rige al resto de los trabajadores. Según la normativa civil, cuando hay un desacuerdo con el sector empresarial o institucional en relación a una norma nacional o un convenio, este conflicto ha de reconocer a un colectivo afectado para activar esta discrepancia en el ámbito jurídico o económico, bien para modificar una norma o saldar una cuestión estatutaria o extraestatutaria entre las empresas o administraciones públicas en relación a los trabajadores. el requisito previo es un acto de mediación anterior a la presentación de una demanda, además de convocar huelgas. Sin embargo "las FCSE están excluidas del Estatuto de los Trabajadores, ni tienen derecho a huelga, ni a acciones sustitutivas de la misma", indica el portavoz de UFP, José María Benito.
Ni el secretario general de Jupol, José María García, ni el responsable de comunicación del sindicato, Pablo Pérez, en ningún momento desgranaron qué tipo de conflicto plantearán, y sí realmente tienen legitimación para hacerlo, pues no son parte del convenio sobre la equiparación que debate Interior con el resto de sindicatos y asociaciones representativos que firmaron en su día este acuerdo para lograr la igualdad salarial respecto a las policías autonómicas. Fuentes consultadas de Jupol no han confirmado la presentación oficial de este “conflicto colectivo permanente” con documentación ante Interior, e incluso algunos policías reconocen que “este conflicto no tiene recorrido”.
El conflicto colectivo permanente tras el acto de conciliación, si no se alcanza un acuerdo, se presenta en instancias judiciales como una demanda grupal, no se acogen denuncias individuales de trabajadores. Pero Jupol al plantear un conflicto por la equiparación no podría hacerlo en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, aunque este problema afecta a todos los policías y guardias civiles de España y traspasa las fronteras autonómicas, pues las FCSE no se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, José María García, en su comparecencia ante los medios de comunicación el pasado 30 de julio para anunciar esta medida, no mencionó ningún aspecto técnico, ni al alcance ni consecuencias para los policías.
García no citó en qué jurisdicción presentaría una demanda posterior tal como anunció "si no se llega a un acuerdo en el Consejo de la Policía". La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo respecto a la inclusión de todos los trabajadores en un conflicto colectivo a nivel judicial revierte de manera individual a posteriori en cuanto al Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, el secretario general de Jupol no garantizó la intención de incluir en los beneficios de este conflicto colectivo a todos los policías españoles. Pablo Pérez invitó al resto de sindicatos de la Policía a que “se sumen al conflicto” sin concretar en qué condiciones, ni beneficios ni cómo se asumirían los gastos jurídicos.
Fallos del secretario de Jupol al plantear el conflicto colectivo
El secretario general de Jupol, José María García, recalcó ante los medios “la falta de respeto total y absoluta hacia Jupol por no ser convocados por Interior en la reunión en la que se entregó la auditoría a los sindicatos”, y recordó que “Jusapol no era considerado un interlocutor válido para el ministerio”. Sin embargo, García evitó nombrar al presidente de Jusapol, Natan Espinosa, quién desechó la posibilidad de un conflicto colectivo permanente meses atrás “para no perjudicar a los ciudadanos con servicios mínimos”, aunque el derecho a la huelga no se contempla en las FCSE, pero posteriormente, Espinosa retomó este conflicto como viable en la manifestación del pasado 6 de abril en Madrid antes de las elecciones generales en un desafío al PSOE.
La propuesta de Jupol de considerarse en el marco del Estatuto de los Trabajadores el conflicto sería un procedimiento urgente y preferente para disponer del mes de agosto como hábil para ejercitar esta acción si tuviera legitimación, pero Las FCSE no se rigen por esta normas. Aún así, García no indicó ningún aspecto de urgencia para plantear el citado conflicto, y al parecer, apuntó “a la próxima reunión del Consejo de Policía para presentar la vulneración de los derechos de los policías que quieren un reconocimiento socio-laboral”.
“Al menos harían falta cinco vocales en el Consejo para convocar el conflicto colectivo, el Consejo de la Policía se reúne cada dos meses, no asistiremos a la primera convocatoria, pero daremos paso a la segunda convocatoria del encuentro, y si no se logra un acuerdo se judicializa”, explicó García, pero no quiso matizar una posible unidad de acción con el resto de sindicatos. Tampoco reconoció que, sí Jupol se ausenta del Consejo de la Policía sí convocase el conflicto, los compañeros expedientados de su sindicato quedarían “desamparados” al no ser “defendidos” ante el Consejo, por lo que constaría este vacío a la hora de tramitar las sanciones.
En directo
