• Sucesos El fiscal se reafirma su petición de 10 años de cárcel para el juez Alba

    12/07/2019 | 09:17  

    El fiscal se reafirma su petición de 10 años de cárcel para el juez Alba

    La Fiscalía de Canarias se ha reafirmado esta tarde en solicitar diez años de cárcel para el juez Salvador Alba tras escuchar el informe de la Guardia Civil sobre la fiabilidad de la grabación que presuntamente lo inc ...

    El Tribunal Superior de Justicia Canarias (TSJC) ha celebrado esta tarde la cuarta sesión de juicio que se sigue por delitos de prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento público y revelación de secretos contra el magistrado de la Audiencia de Las Palmas, suspendido de su cargo desde hace meses por estos hechos.

    La jornada se ha dedicado a escuchar en su integridad los 77 minutos de que consta la grabación que el empresario Miguel Ángel Ramírez hizo al acusado, sin que este lo supiese, cuando lo citó extraoficialmente a su despacho, sin su abogado, con la presunta finalidad de preparar una declaración contra Rosell, así como los dos informes periciales sobre la fiabilidad de ese audio.

    La práctica de las diferentes pruebas propuestas en esta vista oral no han modificado prácticamente en nada las calificaciones de las diferentes partes personadas, que se han ratificado en sus posiciones iniciales, salvo la acusación ejercida en nombre de Podemos, que agrava el cargo de prevaricación judicial que achaca al magistrado Alba, para catalogarlo de "continuado"..

    En este procedimiento se dilucida si el juez Salvador Alba manipuló una instrucción penal que había iniciado la también juez Victoria Rosell contra el empresario Ramírez con la finalidad de perjudicar a su colega -entonces diputada de Podemos en el Congreso- y de favorecer la querella que el exministro José Manuel Soria (PP) había presentado contra ella ante el Tribunal Supremo.

    De hecho, el Supremo admitió la querella de Soria con base a lo después declaró Ramírez (dijo que era socio en algunos negocios periodísticos de la pareja de la juez que lo investigaba) y a los informes que proporcionó Alba, lo que obligó a Rosell a dimitir.

    Pero nada más abandonar Salvador Alba el Juzgado en el que sustituía a Rosell, el empresario Ramírez denunció a la Justicia que nada de lo que había declarado formalmente era verdad y que se prestó "al juego" del procesado porque lo tenía "amedrentado" con técnicas "mafiosas". Y aportó la grabación de una reunión previa.

    Dos expertos en criminalística de la Guardia Civil han manifestado este jueves ante el TSJC que no pueden garantizar que el audio que entregó Ramírez sea el "original", en el sentido de la primera copia generada por grabadora (un aparato disimulado con la forma de una llave de coche), pero sí creen que es "auténtico".

    "No hemos detectado ningún tipo de parada, corte, inserción o suceso carente de lógica en esa grabación", han manifestado.

    Sin embargo, la defensa de Salvador Alba sostiene que esa grabación está manipulada, que las palabras de su cliente están cambiadas de orden deliberadamente para que diga algo diferente a lo que se habló en la reunión y que hay frases que se le atribuyen que no se corresponden con su voz.

    Según la defensa del juez Alba, en los 77 minutos de grabación hay hasta "161 apartados" en los que sospecha que el ruido que distorsiona la conversación se ha introducido con posterioridad y a propósito para "enmascarar" cortes y manipulaciones del audio.

    El letrado del procesado se basa en un informe de un perito contratado por su cliente, que dice haber sido formado en el American College of Forensic Examiners Institute y que sostiene que el audio aportado por las acusaciones tiene claros indicios de haber sido manipulado, algo que niegan los expertos de la Guardia Civil.

    El juicio contra el magistrado Alba concluirá este viernes, en una sesión que comenzará a las 8.30 horas y que estará dedicada a escuchar los informes de las cuatro acusaciones y de la defensa, así como las reflexiones finales del procesado, si desea hacer uso de su derecho a decir la última palabra.

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