Unánime satisfacción en Parlamento por conseguir la mejor ley social posible

Ese ha sido un logro de todos los grupos políticos, que han destacado el acuerdo común para "dar la vuelta como a un calcetín" al proyecto de ley que les remitió el Gobierno de Canarias en octubre de 2017, cuyo paso por el Parlamento ha permitirá transformarlo en la ley "más importante de la legislatura" cuando definitivamente sea aprobada la próxima semana en el último pleno de este mandato.

No es una ley perfecta, pero es "la mejor ley posible", según coincidieron en destacar sus ponentes y subrayaron la importancia del consenso en una ley propicia a reflejar las diferencias ideológicas como ninguna otra.

María Elena Luis Domínguez (CC-PNC), María Teresa Cruz Oval (PSOE), Josefa Luzardo Romano (PP), María Del Río Sánchez (Podemos), Luis Alberto Campos Jiménez (NC) y Melodie Mendoza Rodríguez (ASG) han sido los ponentes de esta ley, quienes no han dudado en calificar al letrado del Parlamento José Ignacio Navarro Méndez, al que han dedicado una ovación, como "un ponente más".

Melodie Mendoza, de ASG, fue la primera que habló de la ley más importante de la legislatura, una ley "moderna" que trata de responder a los retos sociales, asegurar la calidad de vida y el bienestar de todos: dependientes, personas en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, familias monoparentales y numerosas, personas con diversidad funcional, mayores, menores o inmigrantes.

A partir de esta ley, el derecho a recibir servicios sociales "es subjetivo y universal" para todos los ciudadanos y en todas las islas, subrayó Mendoza, e hizo hincapié en la importancia de que se garantice una financiación anual adicional de 55 millones de euros en los próximos seis años.

La ley clarifica las competencias de cada administración y crea órganos de gestión y coordinación entre todas ellas y sobre todo garantiza que "por fin" los ayuntamientos y cabildos contarán con la financiación adecuada, aseguró.

Las previsiones de la ley no entrarán todas en vigor el día de su publicación y así se da un plazo de un año para contar con un plan contra la exclusión social, un plazo de dieciocho meses para que haya un proyecto de ley de renta ciudadana y un plazo máximo de seis años para el despliegue de todo el catálogo de servicios y prestaciones, explicó la diputada.

Luis Campos, de NC, se congratuló del consenso no solo entre grupos parlamentarios, sino también entre administraciones y entidades del tercer sector y destacó el nivel de concreción y definición que ha alcanzado esta norma, que definitivamente cataloga los servicios sociales como un derecho subjetivo, cuando históricamente se basaron primero en la caridad y después en el asistencialismo.

La ley "iguala el deber de cumplimiento" de los servicios sociales por parte de la administración con otros servicios como la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia, comentó Luis Campos.

El cumplimiento de los derechos sociales ya no dependerá de la sensibilidad de un gobierno o de un ayuntamiento, el catálogo de servicios será reclamable ante la administración o en último caso ante los tribunales, explicó.

"El aspecto clave es la financiación", indicó Campos, porque se pasa de un presupuesto de 400 millones de euros a otro de casi mil millones cuando dentro de doce años llegue a "su plenitud" el despliegue de esta normativa, con un paso intermedio dentro de seis años, cuando ya estará en vigor todo el catálogo de servicios.

Y además, antes de dieciocho meses el Gobierno deberá remitir al Parlamento un proyecto de ley de renta ciudadana, tal como han decidido los grupos parlamentarios, incidió Campos.

María del Río, de Podemos, habló de "triunfo" por el acuerdo parlamentario, que ha permitido "dar la vuelta" al proyecto de ley del Gobierno y también darle coherencia y garantizar su financiación.

Pese al consenso, la diputada admitió que su grupo mantiene alguna discrepancia que mantendrá como enmiendas parciales ante el pleno, en particular porque Podemos no está de acuerdo en que las empresas mercantiles con afán de lucro obtengan beneficios de un sistema de servicios sociales público que debería limitarse a incorporar a las ong y entidades del tercer sector sin ánimo de lucro.

Josefa Luzardo, del PP, también se mostró orgullosa y feliz por el deber cumplido, y habló de que se trata de "la mejor ley posible que todos queríamos hacer", un "hito".

Con esta ley "vamos a pasar de unos servicios sociales irrelevantes, con parámetros a la cola", que permitían sobrevivir, a unos servicios garantizados en "una ley de última generación" que dará condiciones de vida dignas a las personas y a las familias, consideró.

"Hemos insistido en contar con una ficha financiera que garantice que sea cual sea el gobierno, en seis años estará completado el catálogo con todos los servicios y prestaciones", dijo Luzardo.

Teresa Cruz, del PSOE, dijo que la ley a la que esta sustituye, de 1987, fue avanzada en su día, pero no generaba el derecho subjetivo de las personas a recibir prestaciones y servicios sociales, que "garantiza cubrir las necesidades básicas de la población en todas las etapas de su vida".

Las personas no van a percibir esto solo individualmente, sino en su contexto familiar y social, afirmó Teresa Cruz.

Destacó que la norma ordena y clarifica el servicio público de servicios sociales y las competencias de cada administración, y define el catálogo de servicios y prestaciones a los que van a tener derecho todos los ciudadanos que lo necesiten.

"Este es el catálogo más ambicioso y más completo de las ocho últimas leyes que se han aprobado" en España, comentó Cruz, y se refirió a que se ha hecho un especial hincapié en dejar "atado" todo lo relacionado con la inspección y la evaluación continua del sistema, así como en su planificación.

La ley establece además la importancia de la coordinación y cooperación entre administraciones y departamentos, porque los servicios sociales no pueden caminar de forma independiente, pues están interrelacionados con la educación, la vivienda o la sanidad.

Elena Luis, de CC-PNC, se mostró muy orgullosa de que se haya podido consensuar una ley sobre un asunto en el que se visibilizan mucho las diferencias ideológicas y eso da "mucho más valor" al trabajo conseguido.

La ley establece de forma progresiva un catálogo de prestaciones y servicios completo y garantista, clarifica las competencias y la financiación en cada nivel administrativo y establece que cabildos y ayuntamientos deberán aprobar sus cartas de servicios, de manera que la gente sabrá claramente a cuál ha de recurrir.

"En la financiación hemos sido muy valientes", tanto en los compromisos de cofinanciación con ayuntamientos y cabildos como en la garantía de 330 millones de euros adicionales en los próximos seis años para la puesta en marcha del catálogo completo de servicios