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Actualizado: Viernes, 19 de Abril de 2024
La Unidad Técnica de Igualdad ha pasado de 31 personas a 15 en apenas ocho años
La Casa Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, desde el día 1 de este mes no cuenta con abogada, según han denunciado los trabajadores. Si una mujer que ha sufrido violencia de género acudiese en busca de ayuda y apoyo no recibiría asesoramiento jurídico.
En la Unidad Técnica de Igualdad han pasado de 31 trabajadores a 15 en apenas ocho años, impidiendo que cumplan su trabajo con diligencia y que esto esté propiciando que se incumpla la Ley de atención integral a mujeres e hijos víctimas de violencia de género.
Tan solo en 2017 acudieron 637 víctimas a Igualdad para ser atendidas por la plantilla que, tal y como ha explicado la secretaria general de UGT, Penélope Rubio Moreno, "se ha visto obligada a duplicar funciones y afrontar labores fuera de su competencia".
Y es que si bien el servicio se implementó entre 2005 y 2010 y pasó de 19 a 31 trabajadores, en la actualidad la plantilla está a la mitad. La componen 15 personas entre la jefa, psicólogas (2), educadoras sociales (4), trabajadores sociales (5), un responsable de la gestión económica, una administrativa a media jornada y una persona de apoyo al servicio de Igualdad.
En total, a lo largo de los últimos ocho años la Unidad ha perdido cuatro psicólogas (que pasaron de 6 a 2), dos letradas hasta el punto que ahora mismo no hay ninguna, otras tantas trabajadoras sociales (de 7 a 5), cinco educadoras sociales (de 8 a 3), o una socióloga que llevaba el II Plan de Igualdad que ahora no desempeña nadie.
Asimismo, la reducción ha afectado a otros cargos como el de las administrativas, que de ser dos a jornada completa y dos media jornada se ha pasado a que hay una a media jornada; y de una orientadora laboral cuya labor actualmente desempeña una de las educadoras sociales.
Una situación que la representante sindical achaca a una "desorganización de los recursos humanos y a una falta de previsión" por parte del responsable del área, Mario Regidor y del concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, y afirma que estos están al tanto de todo.
Ante esto, el edil de Urbanismo, Javier Doreste, explicó que el problema está en que la "ley de Montoro", impide sacar más del 10% de las plazas disponible que, además, no son acumulables.
Desde UGT han anunciado que se necesitan una nueva jurista especializada en derecho de familia y violencia de género, un profesional de psicología con experiencia tanto en esta materia como en abusos sexuales, una trabajadora más para suplir la baja de la compañera jubilada, al menos tres administrativos más a tiempo completo y más especialistas en el ámbito de la prevención en violencia de género e igualdad y para la orientación laboral
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