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Actualizado: Martes, 23 de Abril de 2024
El número tres del PP de Canarias, Lope Afonso, se sentará en el banquillo en el juicio en el que está imputado por prevaricación en el caso "Mercadillos", que se celebrará en el Juzgado Penal Número 2 en Santa Cruz de Tenerife el próximo otoño. ...
El número tres del PP de Canarias, el alcalde en el Puerto de la Cruz, Lope Afonso, ya tiene fecha para el juicio en el que está imputado por prevaricación en el caso "Mercadillos", que se celebrará en el Juzgado Penal Número 2 en Santa Cruz de Tenerife el próximo otoño. El regidor de los populares obtuvo la confianza del presidente del PP canario, Asier Antona, a pesar de la imputación de Afonso por "la omisión del investigado de la tramitación del correspondiente expediente administrativo para la concesión o licencia para la ocupación de espacios públicos para tres mercadillos", hecho ratificado por la Audiencia Provincial de Tenerife. Asier Antona(PP), vuelve a estar en el punto de mira de Génova según afirman fuentes consultadas por Radio Las Palmas, "en el sentido del cumplimiento de los estatutos del PP sobre la expulsión de sus miembros ante la apertura de un juicio oral por corrupción".
Lope Afonso(PP), perdió un recurso de apelación ante la Audiencia que estimó la actuación de este alcalde con la calificación "cuanto menos indiciaria de la arbitrariedad y conciencia de su injusticia exigida por el tipo penal”, y por ello, las actuaciones judiciales fueron devueltas para la apertura de juicio penal contra Afonso que se sentará en el banquillo en el Juzgado presidido por la juez Ana Carolina Díaz.
La Audiencia Provincial rechazó de pleno el recurso interpuesto por el número tres del PP, Lope Afonso, y denegó el sobreseimiento y archivo del caso "Mercadillos", y decidió estimar las actuaciones procesales efectuadas por la Juez instructora, María Antonia Benito, desde el Juzgado de Primera Instancia Número 1 del Puerto de la Cruz, que concluyó “concurren indicios racionales bastantes de la presunta comisión por el investigado, de un delito de prevaricación, al constar de forma indiciaria en las actuaciones por un tiempo prolongado de dos años,Lope Afonso concedió autorizaciones verbales y escritas para ocupación y uso del espacio público, con vulneración de la norma aplicable”.
Por su parte, la Acción Popular, representada por la asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados (VDPP), solicita tres años de cárcel para Lope Afonso por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos sumado a la inhabilitación especial para empleo y cargo público por tiempo de seis años”, en el caso "Mercadillos". Consultado el secretario de este colectivo, Pedro Pérez Rolo, sostiene que "llegarán con su denuncia hasta el final confiando en la Justicia", "no vamos a rendirnos en la lucha contra la corrupción del PP en las Islas", y recuerda el caso reciente de "la dimisión de la exsenadora Pilar Barreriro(PP), por su imputación en la trama Púnica, que cumplió con las exigencias de los estatutos del PP, y abandonó su cargo". Igualmente, desde este colectivo felicitan al abogado que los apoya en las causas que denuncian, el letrado José Regalado.
El PP y Ciudadanos firmaron un Pacto Anticorrupción en agosto de 2016 en el que acordaron "la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”. La polémica se suscitaba entre las formaciones políticas por la barrera para pedir la dimisión en la apertura del juicio oral, por los indicios que se acumulan en el procedimiento sobre el investigado (imputado). También en el PP madrileño se abordó esta cuestión respecto al Código Ético del partido para establecer "la renuncia voluntaria al cargo o responsabilidad que ostenten los miembros del partido que sean investigados formalmente por delitos de corrupción...por delitos dolosos perseguibles de oficio, propuestos por el propio Comité de derechos y Garantías".
A estas alturas del procedimiento judicial del caso "Mercadillos", el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, continúa sin pronunciarse respecto a la expulsión, retirada o suspensión de Lope Afonso como número tres regional en el partido, tampoco asume su responsabilidad política el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, sin aplicar el Código Ético del PP sobre Afonso, además de exigir las acciones políticas en consecuencia del cargo público que ocupa el imputado como alcalde del Puerto de la Cruz.
Algunas fuentes del PP, consultadas por este medio alegan que "desde el entorno del alcalde Afonso, tratan de "convencer" de que la inhabilitación como cargo público por un delito de prevaricación podría afectar solamente al ámbito de la política local, pero no regional. Por ello, insisten que en cualquier caso, Afonso, podría estar sujeto a ser inhabilitado como alcalde pero no como diputado regional o nacional buscando el aforamiento". Sin embargo, otros populares discrepan con esta corriente política-jurídica dentro del PP, y mantienen que "Afonso debería dimitir de su cargo orgánico en el partido en Canarias, y poner a disposición la alcaldía en una retirada digna de la política al estar imputado ante la apertura de un juicio penal, siguiendo el ejemplo de la exsenadora Pilar Barreriro imputada en Púnica".
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