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Actualizado: Martes, 23 de Abril de 2024
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy, con la abstención del PP, la ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida, que regula los derechos de los pacientes y los deberes de los facultativos en los ...
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy, con la abstención del PP, la ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida, que regula los derechos de los pacientes y los deberes de los facultativos en los procesos terminales.
La ley busca garantizar un final de la vida sin sufrimiento en caso de enfermedad terminal y dar la oportunidad de decidir a los pacientes o en su caso a sus familias sobre tratamientos paliativos cuando ya no hay esperanza.
Mercedes Roldós, del PP, justificó la abstención de su grupo por considerar que la norma es innecesaria, ya que es "un corta y pega" de la ley andaluza y no aporta novedades respecto a la legislación básica que regula los cuidados paliativos.
La diferencia para los enfermos terminales no la aporta esta ley, sino la existencia de planes integrales de cuidados paliativos de los que carece la comunidad autónoma, denunció la diputada del PP.
Roldós pidió que se elimine de la exposición de motivos toda referencia a la eutanasia, pero Jesús Morera, del PSOE, y José Luis Perestelo, de CC, consideraron que esa alusión se limita a señalar que no es objeto de la ley regularla.
Mercedes Roldós también pidió sin éxito que en todo caso se suprima el régimen sancionador, puesto que lo único que hace es introducir incertidumbre jurídica a los facultativos, en lo que obtuvo el apoyo del diputado de Nueva Canarias Pedro Justo.
La nueva ley reconoce el derecho de las personas a redactar un documento con sus deseos y preferencias de tratamiento para el caso en el que no puedan decidir por sí mismas, así como a designar a quién tomará decisiones en su lugar.
La norma trata de evitar la denominada "obstinación terapéutica" en pacientes terminales y determinar el procedimiento de retirada o no instauración de estas medidas de forma consensuada entre el equipo asistencial y preservando las intervenciones necesarias para el adecuado confort de la persona en estas circunstancias
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